María Ruiz
Bastó con que los vecinos del fraccionamiento Hacienda Valbuena, localizado dentro del municipio de Cerro de San Pedro, comenzaran a revisar papeles y unir cabos sueltos para que emergiera una realidad incómoda, una que se oculta tras bardas recién construidas, anuncios de casas “premium” en Facebook y discursos oficiales llenos de formalidad. Lo que encontraron fue un entramado de irregularidades que conecta actas de cabildo, licencias de construcción y omisiones sistemáticas de las autoridades locales.
El punto de partida es un acta, la número 048 fechada el 16 de marzo de 2023, a las 15:00 horas, en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro. En ella, con el voto afirmativo de ocho regidores, se autorizó un convenio de pago diferido para la empresa MP Belem S.A. de C.V., desarrolladora de Hacienda Valbuena, quien solicitó reconsiderar los cobros establecidos en la Ley de Ingresos 2023 por licencias de construcción y urbanización.
Aunque algunos regidores señalaron que los descuentos otorgados durante la pandemia ya no eran válidos, otros pusieron sobre la mesa la importancia de mantener una buena relación con la empresa.
El resultado fue una negociación que dio luz verde a más licencias, entre ellas la de ocupación de vía pública y la instalación de “infraestructura subterránea” sin que, hasta ahora, exista evidencia clara de que el fraccionamiento cumpla con las condiciones mínimas para operar.
La preocupación vecinal no es nueva. En junio de 2021, un grupo ciudadano identificado como Cerro Para Todos Ciudadanos Observando ingresó una solicitud formal (folio 00533121) dirigida a la entonces Auditoría Superior del Estado (ASE), ahora Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), para pedir información sobre la autorización de nuevos fraccionamientos en el municipio entre 2015 y 2021.
A través de la solicitud buscaban conocer si el Ayuntamiento contaba con la capacidad humana, material y financiera para dotar de servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica a desarrollos como Hacienda Valbuena y Parques de San Pedro.
También exigieron claridad sobre la armonización de estos proyectos con el Plan de Desarrollo Urbano y si requerían aprobación del Congreso del Estado. La respuesta fue un portazo institucional: los datos estaban clasificados como reservados.
La ASE, a través del oficio ASE-UT-117/2021 y del Acuerdo de Reserva correspondiente, confirmó que los expedientes de auditoría desde 2015 hasta 2020 no serían revelados por un periodo de cinco años bajo el argumento de que podrían entorpecer procesos administrativos y judiciales. De la revisión de 2021, dijeron, no se podía hablar todavía porque ni siquiera había comenzado.
Mientras las instituciones se lavaban las manos, los vecinos comenzaron a registrar lo evidente.
Familias ya viven ahí; respiran aire fétido, beben agua potencialmente peligrosa y habitan las casas con el miedo de que un día, los problemas estructurales se conviertan en tragedia.
“Este fraccionamiento es una bomba de tiempo”, concluye uno de los residentes.
Hacienda Valbuena no es un caso aislado, pero sí es un ejemplo claro de como se construye sin planeación, sin supervisión y sin consecuencias. La tierra sigue vendiéndose, los permisos siguen expidiéndose y las omisiones, al parecer, se pagan en cómodas parcialidades.
