La Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex) está en el centro de una investigación de una presunta de red de corrupción que data de 2001 y que habría causado un quebranto de al menos 311 millones de dólares en contra de la paraestatal.
En la pesquisa están implicados los cinco equipos de abogados que han encabezado dicha Dirección en los últimos 13 años, incluido César Nava, el ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón, quien estuvo al frente de la dependencia de Pemex entre 2001 y 2003.
La Secretaría de Energía (SE) y la misma empresa petrolera, a través de sus respectivos órganos de control interno, dependientes de la Secretaría de la Función Pública (SFP), abrieron las pesquisas en la Oficina del Abogado General de Pemex por supuestos hechos de corrupción, relacionados con que un integrante de esa oficina recibió sobornos por 2 millones 600 mil dólares.
El primero de diciembre de 2012, horas después de que Pedro Joaquín Coldwell fuera nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto como titular de Energía, el funcionario federal recibió información detallada de la investigación sobre un caso de corrupción de Siemens en contra de Pemex realizada por el despacho de abogados Maney & González-Félix (M&GF).
Este bufete de abogados, con sede en Houston, Texas, contratado por la paraestatal “para realizar todas las acciones anticorrupción que proceden en contra de la empresa Siemens…”, según el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito el 7 de noviembre de 2012, dejó al descubierto actos de corrupción en la oficina jurídica de la paraestatal.
Como respuesta al descubrimiento de M&GF, de inmediato, la Oficina del Abogado General de Pemex canceló ese contrato.
En la investigación de los abogados estadunidenses en torno a esa empresa alemana, derivado del caso Conproca (consorcio formado por la empresa SK Engineering de Corea del Sur y Siemens, por lo cual Pemex puso una demanda en Nueva York por 500 millones de dólares y en la que se menciona a César Nava como quien impidió la recuperación de más de 100 millones de dólares) el bufete concluyó:
“Nuestra investigación, hasta la fecha, ha presentado pruebas creíbles de corrupción en la Oficina del Abogado General de Pemex que podría haber dado lugar a un laudo arbitral de 354 millones 200 mil dólares en contra de Pemex”, dice el escrito dirigido por M&GF a Pedro Joaquín Coldwell y del cual Excélsior tiene copia.
El 6 de diciembre de 2012, la gerencia jurídica de Asuntos Internacionales de Pemex canceló anticipadamente el contrato que tenía con los abogados de Maney & González Félix, una vez que el informe de la investigación encargada a este despacho sobre corrupción por parte de la empresa Siemens involucró en hechos ilegales a integrantes de la Oficina del Abogado General de la paraestatal, actualmente Dirección Jurídica.
Las investigaciones del despacho M&GF están relacionadas con el pago de un soborno por 2 millones 600 mil dólares a un funcionario de la oficina jurídica de Pemex en 2004, que derivó en un quebranto a la paraestatal por 311 millones 200 mil dólares, que la petrolera está obligada a pagar a Siemens, según un laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio.
Con la firma de Xavier Antonio de la Garza, gerente jurídico de Asuntos Internacionales de Pemex, la dirección jurídica de la empresa argumentó que el despacho M&GF había trasgredido el ámbito de las funciones para las que habían sido contratado un mes antes, el 7 de noviembre, que “no existía confianza” en ellos y que, por tal motivo, le cancelaba el contrato.
En el documento DJ-GJAI-270-2012, del cual Excélsior tiene copia, la gerencia jurídica de Asuntos Internacionales de Pemex invoca la cláusula octava del contrato, Terminación Anticipada, que dice: “Las partes únicamente podrán dar por terminado el presente contrato de forma anticipada por las causas siguientes… iii) cuando existan causas que hagan imposible la ejecución del contrato.
“Para tales efectos, la parte que invoque la terminación anticipada, lo hará del conocimiento de la otra mediante comunicación por escrito dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la ocurrencia de los tres supuestos antes señalados”.
En una tarjeta informativa titulada “negociación a la baja por corrupción del laudo Conproca contra Pemex”, entregada al titular de Energía, se informa que el 12 de diciembre de 2012 el entonces encargado del Órgano de Control Interno de Pemex, César Alejandro Chávez (actualmente el cargo es de Antonio Domínguez Sagols), la contralora de la SE y dos abogados más de la contraloría de Pemex se reunieron con uno de los socios de la firma de abogados para hablar del tema de la investigación del despacho M&GF.
Se le informó en esa tarjeta a Pedro Joaquín Coldwell que Chávez Flores “dejó clara su preocupación de que se estuviera pensando que la Oficina del Abogado General de Pemex estaba tratando de ocultar los hechos de corrupción y de no realizar las acciones legales correspondientes”.
En los últimos doce años han ocupado el cargo de abogado general de la paraestatal César Nava, ex secretario particular de Felipe Calderón cuando éste fue presidente de México (2001-2003); Juan Carlos Soriano Rosas (2003-2004); Néstor García Reza (2004-2010); Iván Aleksei Alemán Loza (diciembre de 2010 a febrero de 2011), y desde marzo de 2011 hasta la fecha, Marco Antonio de la Peña Sánchez, quien trabajó con Calderón cuando fue director de Banobras en el sexenio de Vicente Fox.
Desde hace años se ha hecho pública una serie de casos de supuesta corrupción que han sido ligados a la tarea de la Oficina del Abogado General de Pemex, como contratos de plataformas llamadas Jack-up, indebidas aprobaciones de la condición de “casos fortuitos” para no multar a prestadores de servicios ni rescindir sus contratos y la contratación de despachos jurídicos sin razón aparente.
Pero el caso emblemático que detonó la investigación de las autoridades federales sobre el trabajo de la Oficina del Abogado General es el manejo jurídico que ésta le ha dado al caso del contrato con el consorcio Conproca y, en particular, a la empresa Siemens, que causó un quebranto patrimonial a Pemex por 311 millones 200 mil dólares que la petrolera tiene que pagar.
Conproca fue el consorcio encargado de la reconfiguración de la refinería Cadereyta, en el estado de Nuevo León, que se inició en 1997 y concluyó oficialmente el 31 de diciembre de 2001, aunque con incumplimiento de parte de Conproca. El costo original de esta obra fue tasado en mil millones 618 mil 352 dólares, aunque tuvo un costo final total de 2 mil millones 461 mil 340 dólares, según información de Pemex.
Sin acceso a documentos
El 28 de noviembre de 2012, diez días antes de que Xavier Antonio de la Garza enviara la comunicación oficial de la cancelación del contrato con M&GF, los abogados estadunidenses recibieron una carta donde les adelantaban la decisión.
“La carta de supuesto despido está llena de imprecisiones e inexactitudes acerca de los hechos, el contrato y la ley”, dice una respuesta enviada al día siguiente, el 29 de noviembre, a Marco Antonio de la Peña Sánchez, director jurídico de Pemex; Francisco Arturo García Agraz Sánchez, subdirector jurídico de asuntos contenciosos, y a De la Garza.
En esa misma comunicación, M&GF anuncia a los abogados de la petrolera que le harían saber al director de Pemex y al secretario de Energía (sin conocer aún que Emilio Lozoya Austin, y Pedro Joaquín Coldwell serían nombrados titulares de esas dependencias en las siguientes horas) sus diferencias sobre la decisión de acabar el contrato y les mostrarán la evidencia de corrupción que encontraron en el curso de sus investigaciones dentro de la Oficina del Abogado General de Pemex.
“La primera vez que presentamos nuestro informe inicial que establece las pruebas (sobre corrupción) la respuesta fue totalmente positiva, y ustedes entonces nos pidieron que regresáramos inmediatamente a planear una estrategia a seguir”, dice la carta recibida en el piso 11 de la Torre A de Marina Nacional y agrega:
“Días después, sin embargo, ustedes nos informaron que la evidencia no era creíble y físicamente nos devolvieron el informe con la explicación de que el informe y la evidencia de la corrupción nunca habían sido recibidos “oficialmente” y no serían aceptados por su oficina”.
Para repeler la cancelación del contrato por supuesta transgresión a lo acordado con Pemex, los abogados texanos señalan que la dirección jurídica de la paraestatal les dijo tanto verbalmente como por escrito “no presentar una prueba más de la corrupción en Pemex, a menos que las pruebas fuesen concluyentes y objetivas”.
También afirmó el despacho: “Se nos negó también el acceso a los documentos dentro de Pemex necesarios para continuar la investigación. Cuando nos quejamos de que nos habían impedido cumplir con nuestras obligaciones contractuales, ustedes afirmaron que no era cierto y dijeron que deberíamos seguir adelante. Pero antes de que pudiéramos hacer eso, fuimos despedidos por razones que son falsas”.
Meses de pláticas
El gerente jurídico de Asuntos Internacionales de la petrolera, en el documento DJ-GJAI-270-2012 de rescisión de contrato revela que aunque el contrato oficial entre Pemex y Maney & González Félix llevaba un mes, las partes llevaban una relación informal sobre el caso desde octubre de 2012 y aún antes, si se toman en cuenta las tarjetas informativas enviadas a Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, que mencionan que a principios de 2012 acudieron con Miguel Alessio Robles, consejero jurídico de la Presidencia de Felipe Calderón para hablarle sobre el caso Conproca ante las evasivas de los abogados de Pemex.
Prueba de ello es que De la Garza señala en el punto 2 de la rescisión de contrato: “A través de diversos comunicados relacionados con la suscripción del contrato, anteriores y posteriores a su suscripción, se reiteró que el objeto del mismo excluía categóricamente cualquier tipo de gestión o actividad relacionada con el juicio arbitral interpuesto por la empresa Conproca”, y enumera una serie de fechas entre el 16 y el 29 de octubre de 2012.
En las conclusiones para dar por terminado el contrato con los abogados estadunidenses, el abogado de la petrolera esgrime que en una comunicación del 29 de noviembre el despacho texano le manifestó:
“… Hemos realizado sólo una investigación preliminar, pero inconclusa, con esa investigación preliminar hemos descubierto evidencia creíble de que el arbitraje Conproca pudo haber sido causado por corrupción dentro del departamento jurídico de Pemex. Como explicamos en nuestro informe y nuestras recomendaciones, la evidencia descubierta ofrece a Pemex un argumento viable para anular el laudo arbitral de Conproca…”
En una reunión que sostuvieron el 12 de diciembre del año pasado el encargado del Órgano de Control Interno de Pemex Exploración y Producción, César Alejandro Chávez Flores, la contralora de la SE y dos abogados más de la contraloría de Pemex con uno de los socios de la firma de abogados para hablar del tema de la investigación del despacho M&GF, Chávez Flores, anunció que con la información que habían obtenido sobre la corrupción de Siemens, se había contratado a otro despacho en Estados Unidos con la idea de preservar las acciones legales anticorrupción que correspondían a Pemex y que iban a ser usadas para disminuir los 311 millones 200 mil dólares que la petrolera tiene que pagar a Siemens debido a que ganó el laudo arbitral en París y que se convertirán en un quebranto para Pemex.
El despacho que ocupa el lugar de M&GF es el de Díaz Reus, con sede en Miami. Los abogados que llevan el caso son Marta Colomar, que reside en México, y Carlos F. González que lleva el caso desde Miami.
En la parte final de la carta de Maney & González Félix, le hacen saber a sus colegas de Pemex que si se trata de ajustar sus honorarios, podrían llegar a un acuerdo.
“Estamos dispuestos a hacer eso a pesar de nuestra sincera opinión de que los abogados de Pemex han manejado este asunto, ya sea intencional o no, de una manera que es inconsistente con sus obligaciones con Pemex y con nosotros”.
César Nava alega buen desempeño
El ex dirigente nacional del PAN, César Nava, rechazó que tenga responsabilidad alguna con presuntos pagos ilegales realizados por particulares a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) con motivo del proyecto Cadereyta.
En un comunicado explicó que se desempeñó como abogado general de la paraestatal de octubre de 2001 a octubre de 2003, mientras que los hechos “se habrían realizado según información divulgada por diversos medios de comunicación en el año de 2004”, por lo que vincularlo con el caso “rebasa y contradice la más elemental lógica”.
Sostuvo que su desempeño como funcionario público se guió en todo momento por los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y profesionalismo, y aseguró que su trabajo fue auditado tanto por la Secretaría de la Función Pública como por la Auditoría Superior de la Federación.
“Pretender ensuciar mi reputación y asociarme con posibles hechos ilícitos presuntamente cometidos por particulares y servidores públicos sólo puede obedecer a una lógica ajena a la recta procuración de justicia”, expuso en el texto dirigido a la opinión pública.
Nava Vázquez negó que como abogado de Pemex impidiera que esa empresa cobrara varias cartas de crédito ni que la paraestatal renunciara a derecho alguno de cobro de las garantías emitidas por el consorcio Conproca; “antes bien mantuvo en todo momento sus derechos de cobro” sobre éstas.
Aclaración
Al respecto, la empresa Petróleos Mexicanos aseguró que la demanda presentada en Nueva York no es contra César Nava directamente.
El departamento de Comunicación Social de la paraestatal explicó que la querella legal forma parte del pleito de Conproca y contra quienes resulten responsables.
Cabe recordar que la semana pasada Pemex dijo que presentó pruebas “contundentes” ante esa corte de Estados Unidos para culpar a Conproca de los supuestos actos de corrupción y por los que la paraestatal demanda el pago de 500 millones de dólares.
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