El reciente hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de adiestramiento y posible lugar de ejecuciones, ha reavivado el horror de los campos de exterminio operados por el crimen organizado en México. Fernando Ocegueda Flores, activista y fundador de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, lo describe como un escenario que, aunque macabro, puede traer esperanza a las familias de víctimas, ya que los restos localizados podrían permitir la identificación de personas desaparecidas.
Ocegueda sabe bien lo que es enfrentar este tipo de horrores. Desde la desaparición de su hijo Fernando en 2007, ha dedicado su vida a la búsqueda de personas desaparecidas. Su experiencia lo llevó a descubrir en Tijuana las fosas clandestinas donde Santiago Meza, alias El Pozolero, disolvía cuerpos en ácido. En el sitio conocido como La Gallera, fueron hallados 16,500 litros de emulsión orgánica (mezcla de sangre y ácido) junto con 500 kilos de huesos humanos, prótesis e implantes. Todo este material sigue resguardado por la Fiscalía General de la República para exámenes de ADN, en un esfuerzo por identificar a las víctimas.
El caso del rancho Izaguirre es apenas uno más de una larga lista de sitios de exterminio que han sido descubiertos desde que comenzó la llamada “guerra contra el narco” en 2006. Durante el sexenio de Felipe Calderón, lugares como Chichí Suárez, en Yucatán; La Marquesa, en el Estado de México; San Fernando, Tamaulipas; Allende, Coahuila; Cadereyta, Nuevo León y La Gallera, en Tijuana, fueron escenario de masacres y fosas clandestinas relacionadas con cárteles como Los Zetas, el Golfo y los Arellano Félix.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o los 28 cuerpos encontrados en La Parota, Guerrero, evidenciaron la persistencia de estos centros de exterminio. A esto se suman sitios como Patrocinio, en Coahuila, donde también se hallaron restos humanos.
Ocegueda recordó que, tras la desaparición de su hijo, pasó años caminando por Baja California, buscando pistas. Fue en 2008 cuando, tras recibir información anónima, formó el primer grupo de búsqueda a nivel nacional, acompañado por la entonces SEIDO. Su perseverancia lo llevó a descubrir los campos de exterminio en Tijuana, donde las autoridades federales confirmaron que cientos de personas fueron desintegradas en ácido.
En su lucha por la verdad, el activista relató cómo recibió un sobre anónimo con la declaración ministerial de El Pozolero, donde el criminal detallaba los sitios donde había eliminado cuerpos. Esto lo guio hasta La Gallera, donde tardó casi un año en dar con la ubicación exacta. Ocegueda recuerda que en esa zona había más de 100 criaderos de gallos, lo que dificultaba la búsqueda. Sin embargo, logró identificar el lugar, donde el cártel de los Arellano Félix habría disuelto al menos a 750 personas.
El caso de La Gallera sigue abierto. Recientemente, Ocegueda se reunió con autoridades federales para conocer el avance en la identificación de los restos hallados. El activista destacó que la tragedia del rancho Izaguirre podría servir para que más familias encuentren a sus seres queridos, pues cada hallazgo de restos humanos representa la posibilidad de obtener ADN e identificar a las víctimas.
La violencia en el país se refleja en el aumento de fosas clandestinas. Entre 2007 y 2016, se localizaron 855 entierros ilegales, pero entre 2018 y 2023 la cifra aumentó a 2,863. Actualmente, la Comisión Nacional de Búsqueda reporta 124,265 personas desaparecidas y no localizadas. Esta crisis humanitaria ha convertido la búsqueda de fosas en un trabajo permanente para colectivos de familiares, quienes, como Fernando Ocegueda, siguen luchando por respuestas.
