Se les acusará de peculado y ejercicio indebido de la función pública, por la entrega de 19 millones en dádivas.
Este lunes se presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por el presunto delito de peculado y ejercicio indebido de la función pública cometidos en la entrega de apoyos por 19 millones de pesos, que fueron autorizados por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, toda vez que se cuenta con testimonios de personas que presuntamente habrían sido beneficiarias de este recurso, que declaran no haber recibido el dinero, indicó José Mario de la Garza Marroquín, abogado.
Dijo que la lista completa de beneficiarios que reporta el Congreso del Estado es de alrededor de mil personas, de las cuales se hizo un listado de las 10 personas que recibieron mayores montos de dinero; de estas 10 personas ya se tienen detectadas a tres, a las que presuntamente se les habrían entregado alrededor de 500 mil pesos, y que señalan nunca haber recibido este dinero.
Comentó que está solicitando a la PGJE que cite a declarar tanto a los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, como a estas personas que apuntan que únicamente se hizo uso de sus credenciales de elector para enlistarlos como beneficiarios, pero nunca se les entregaron los apoyos, además de que también se investigue la entrega de apoyos a organizaciones de asistencia social, dado que el Congreso del Estado no presentó ninguna comprobación de que el dinero efectivamente haya sido destinado con esos fines.
El vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, al respecto, denunció que tiene pruebas de que alrededor de un 80 por ciento del recurso que supuestamente se entregó en apoyos sociales, fue entregado a amigos y trabajadores de legisladores como María del Socorro Herrera Orta, Martín Álvarez Martínez, Juan Manuel Segovia Hernández, Ruth Tiscareño Agoitia y Alfondo Díaz de León Guillén.
Mencionó el caso de una fundación llamada “Rayito de Luz”, que tiene sede en Monterrey, y que señala nunca haber recibido los 154 mil pesos que el Congreso del Estado asegura haberles entregado, sin embargo, presuntamente este recurso habría llegado a manos de una persona que laboró en el DIF municipal de Ciudad Valles, durante el trienio de María del Socorro Herrera Orta.
Dijo que un militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de nombre Miguel Ángel Villegas, quien está muy ligado al diputado Martín Álvarez, fue otros de los beneficiarios por un recurso de 156 mil pesos y de igual forma se hizo con otros legisladores que el pasado proceso electoral participaron por nuevos cargos de elección popular, por lo que se sospecha que el recurso habría ido para favorecer sus respectivas campañas.
El abogado De la Garza Marroquín estimó que luego de presentada la denuncia penal, la PGJE tardará algunos meses en efectuar la investigación, lo que permitirá que los actuales diputados del Congreso del Estado dejen sus cargos y con ello dejarán de gozar del fuero constitucional, por lo que no habrá ningún obstáculo para que se pueda ejercer acción penal en contra de quienes resulten responsables de los delitos que se imputan.
Fuente: Global Media
