La cifra de migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo, con más de 51 mil personas bajo custodia al 1 de junio de 2025. Se trata del nivel más alto registrado desde el primer mandato de Donald Trump en 2019, lo que evidencia un endurecimiento de la política migratoria.
Según el Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), ICE cuenta con 155 instalaciones activas, 27.2% menos que en 2019, lo que ha generado problemas de hacinamiento. Amnistía Internacional, que visitó un centro de detención en El Paso, Texas, denunció condiciones insalubres, comida caducada, agresiones por parte de guardias, falta de acceso legal y uso del aislamiento.
Las acciones del ICE han provocado temor entre la comunidad migrante. Muchas personas tienen miedo de ir a trabajar o incluso llevar a sus hijos a la escuela, debido a que las redadas se han realizado en escuelas, iglesias y ciudades consideradas santuario. Estas acciones, según expertos, tienen un claro origen racial y discriminatorio.
Eunice Rendón, especialista en migración, advierte que los agentes del ICE están bajo presión debido a una cuota de 3 mil detenciones diarias impuesta por el gobierno de Trump. Afirma que muchos arrestados no tienen antecedentes penales, y que en los vuelos de deportación apenas se transportan 20 personas, aunque tienen capacidad para 200.
Desde abril de este año, Amnistía Internacional documentó que las condiciones en los centros de detención violan los derechos humanos. Esto incluye tratos crueles, falta de atención médica y situaciones degradantes. Estas prácticas, asegura, también ocurrieron durante el gobierno de Joe Biden, cuando 23 personas murieron bajo custodia del ICE.
En Los Ángeles, donde casi la mitad de la población es latina, las redadas han aumentado. Especialistas señalan que la apariencia física, el idioma o el lugar de residencia son factores que influyen en los arrestos, sin que se verifique si la persona tiene documentos legales.
La directora de Amnistía Internacional en México, Edith Olivares Ferreto, señala que la presencia de militares estadounidenses en estas redadas empeora la situación. “El personal militar está entrenado para el combate, no para tratar con civiles. Los migrantes no son enemigos, son trabajadores que contribuyen a la economía”, asegura.
El consulado de México en Los Ángeles recomendó a los migrantes no mentir ni entregar documentos falsos en caso de ser detenidos. Además, el canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó que el gobierno mexicano utilizará todas las vías legales y diplomáticas para defender sus derechos.
Las redadas recientes han generado protestas, algunas de ellas violentas. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó los actos violentos y reiteró su postura en favor de manifestaciones pacíficas. También rechazó las acusaciones de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien la señaló por presuntamente alentar las protestas.
Trump ha intensificado su política migratoria mediante el despliegue de elementos de la Guardia Nacional y la Marina en ciudades como Los Ángeles. Estas acciones han sido cuestionadas por defensores de derechos humanos, que insisten en que todas las personas tienen derechos, sin importar su estatus migratorio.
