El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) lanzó una advertencia a los 59 ayuntamientos, poderes del estado, organismos autónomos y demás dependencias auditables: nada de aumentos desproporcionados de sueldos, porque además de ser ilegales, serían actos inmorales que deben evitarse.
El Auditor Superior del Estado, Rodrigo Lecourtois López, explicó que si se detectan incrementos fuera de lo permitido, las autoridades responsables deberán devolver el dinero. Si no lo hacen, el caso podría llegar incluso a la Fiscalía General del Estado.
La alerta surgió luego de recibir denuncias ciudadanas y reportes de algunos cabildos sobre posibles violaciones a la ley. Lecourtois recordó que la normativa es clara: la Ley de Disciplina Financiera fija un tope máximo del 3% para el aumento de salarios durante el ejercicio fiscal, y prohíbe a cualquier dependencia autorizar incrementos superiores.
El funcionario señaló que el gasto destinado a sueldos proviene del capítulo 1000 del presupuesto, y que estos límites se establecieron para evitar abusos. “Nos preocupa recibir reportes de incrementos del 15% o hasta 25% para funcionarios de primer nivel, lo cual afecta directamente las finanzas públicas”, advirtió.
Finalmente, el Auditor pidió a las autoridades actuar con responsabilidad y legalidad: “La ciudadanía espera que no nos aumentemos los sueldos más allá de lo justo, y que, si se hace, sea en proporción al aumento del costo de vida en el país”.
