Fernanda Durán
Ante la inédita renovación total del Poder Judicial en San Luis Potosí, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) trabaja en una reforma a la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios, con el objetivo de incluir procedimientos específicos que actualmente no están contemplados en la normativa vigente.
El auditor superior del estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, confirmó que la reforma deberá estar lista a más tardar a principios de septiembre, antes de la toma de posesión de los nuevos magistrados y magistradas.
“El próximo proceso de entrega – recepción del Poder Judicial es algo nuevo, pues es la primera vez que habrá una total conformación de magistrados encargados de la administración de justicia en nuestro estado”, explicó.
La reforma busca otorgar al IFSE las herramientas legales para supervisar el proceso y, en su caso, aplicar sanciones si se detectan irregularidades.
“En el IFSE recaería la responsabilidad de promover las sanciones que correspondan en caso de algún incumplimiento en la entrega de las finanzas públicas”, advirtió Lecourtois López.
El titular del IFSE detalló que el órgano fiscalizador mantendrá comunicación directa con el Órgano Interno de Control del Poder Judicial, instancia que, conforme a la ley, está a cargo de coordinar el proceso de entrega-recepción.
El auditor recordó que el Consejo de la Judicatura desaparecerá formalmente en septiembre, en paralelo a la entrada en funciones del nuevo modelo judicial, por lo que tienen alrededor de tres meses para realizar las modificaciones correspondientes.
“El Consejo de la Judicatura desaparecerá constitucionalmente a mediados de septiembre, fecha en que toman posesión los nuevos magistrados, funcionarios del Tribunal de Disciplina Judicial y también del Órgano de Administración. Por tanto, se requiere eliminar el tema de los consejeros e integrar al Órgano de Administración, quien se encargará del manejo del dinero y como tal es el que va a recibir los recursos materiales y humanos”, puntualizó.
El proceso constará de dos fases: la primera, vinculada a la entrega de expedientes judiciales; la segunda, relacionada con la transferencia de recursos materiales y financieros, así como con las sanciones pendientes que deberán ser trasladadas del Consejo de la Judicatura al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Con la inminente desaparición del Consejo y la instalación de nuevas autoridades judiciales, el IFSE afirmó que busca garantizar que la transición ocurra bajo principios de orden, legalidad y transparencia.
Tuvieron que pasar cerca de cinco meses para que el instituto se pronunciara sobre este hallazgo, pues las reformas al Poder Judicial de San Luis Potosí fueron aprobadas el 17 de diciembre de 2024 por el Congreso del Estado.
