Abelardo Medellín
Rodrigo Joaquín Lecourtois López, auditor superior del Estado, insistió en que el diputado panista, Marcelino Rivera Hernández, está inhabilitado para ejercer cargos públicos y si algún ayuntamiento contrata servicios de personas inhabilitadas, serán perseguidos administrativa y penalmente. El posicionamiento se dio en medio del debate con el Partido Acción Nacional (PAN) sobre esta acción.
Luego se que este sábado la Directiva del Congreso del Estado negó la toma de protesta del diputado plurinominal del PAN, por supuestamente estar inhabilitado por una resolución del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Lecourtois López envío un comunicado este miércoles 18 de septiembre en el cual reafirma la resolución.
“El Instituto de Fiscalización Superior del Estado notificó una resolución de inhabilitación para ocupar cargos públicos por 20 años, el pago de un resarcimiento superior a los 13 millones de pesos y una multa de aproximadamente 800 mil pesos, por concepto de las irregularidades observadas en su gestión como presidente municipal de San Martín Chalchicuautla, durante el período 2012 – 2015”, dijo sobre el caso del diputado panista presuntamente inhabilitado.
Lecourtois López afirmó que fue en 2013 cuando la entonces Auditoría Superior del Estado encontró las irregularidades y, pese a que tuvo suficiente tiempo, Rivera Hernández nunca las justificó.
El titular del IFSE informó que tras resolver su inhabilitación, esta se inscribió de inmediato en el Padrón de Funcionarios Inhabilitados que por ley lleva el organismo fiscalizador y se notificó puntualmente al Congreso del Estado y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), toda vez que se advirtió el nombre del exfuncionario en un listado de candidatos a elegirse en la pasada jornada electoral.
“Marcelino N. conocía el 14 de septiembre, día de la toma de protesta de los diputados de la nueva Legislatura local, que un juez federal le negó la suspensión de la inhabilitación y esta no ha sido revocada, nulificada, ni suspendida por alguna autoridad competente; por lo tanto, no puede tomar protesta”, afirmó a través de su comunicado Lecourtois López.
Asimismo, señaló que el Tribunal Electoral no es competente para tratar temas administrativos como el de esta inhabilitación, aunque tampoco explicó si una autoridad administrativa como la que él representa está por encima de la resolución de integración del Congreso del Estado, como la que expidió la Sala Regional Monterrey para el caso del legislativo potosino.
Por último, Lecourtois López advirtió a los presidentes municipales electos para que se abstengan de contratar colaboradores que aparezcan en el Padrón de Funcionarios Inhabilitados, porque violentarían la ley y quedarían sujetos a dos procedimientos: de responsabilidad administrativa y denuncia penal.
Por su parte, el PAN se mantiene defendiendo la diputación con diversos recursos legales e incluso el diputado Rubén Guajardo Barrera insiste en que el IFSE ha mentido con la inhabilitación.
“Le respondimos al auditor que no estábamos facultados para llevar a cabo esa inhabilitación, es por eso que Marcelino cuenta con todos sus derechos políticos electorales y el Auditor Superior del Estado está mintiendo y por eso estaremos atendiendo todos los recursos legales, lo que pasó el sábado pasado en la instalación, es inédito, le quieren arrebatar sus derechos político electorales y además, quieren quitar la cuota indígena”, manifestó durante una rueda de prensa en las instalaciones del Senado de la República.
