Luego de 20 años de litigio, hasta hoy nadie resuelve la reparación integral del daño por la ejecución forzada de Enrique Rivera Bravo, a manos de la Dirección de Protección Social y Vialidad (ahora Policía Estatal), informó su padre Enrique Rivera.
La queja ya se encuentra en el actual Gobierno federal, luego de que fue presentada directamente ante Andrés Manuel López Obrador hace meses, durante un evento en el Altiplano de San Luis Potosí, “y vamos a pugnar por la reparación del daño, esté de acuerdo o no esté de acuerdo el doctor Juan Manuel Carreras López”.
Aseguró que encontraron apertura para el seguimiento del caso, de parte de Alejandro Encinas Rodríguez.
Enrique Rivera dijo que la reparación del daño forma parte de las obligaciones contraídas e incumplidas por el Gobierno estatal, luego del seguimiento a su caso, que mantiene en proceso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Comentó que por medio de su representante legal Marco Antonio Arredondo Bravo, han dado seguimiento a la queja P-761/2004, a la que da seguimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Nuestro hijo Enrique Rivera Bravo murió a manos de los policías de Protección Social en la colonia Arbolitos, pero el Gobierno del Estado se negó a la reparación integral del daño”.
Aseveró que la administración federal de Enrique Peña Nieto se negó a acatar su responsabilidad de obligar al gobierno estatal a reparar el daño.
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