Durante el primer semestre de 2025, San Luis Potosí registró 1,228 casos de fraude, robo de identidad y despojo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Estos delitos representan aproximadamente el 9.55% del total de ilícitos cometidos en la entidad en ese periodo, lo que los coloca como uno de los principales problemas de seguridad patrimonial que enfrentan los potosinos.
El análisis mensual muestra que enero fue el mes con mayor incidencia, con 260 denuncias, mientras que mayo presentó la menor cantidad, con 225. A pesar de las variaciones, las cifras confirman una tendencia alta y constante en la comisión de este tipo de crímenes.
La gravedad del problema no solo radica en la cantidad de denuncias, sino en la impunidad que prevalece en la mayoría de los casos. Datos de la Vicefiscalía de San Luis Potosí señalan que, entre 2014 y 2024, se abrieron 1,616 carpetas de investigación por delitos de fraude y robo de identidad vinculados a tecnologías de la información. Sin embargo, solo una de ellas fue judicializada, lo que refleja una brecha alarmante entre la denuncia ciudadana y la capacidad del sistema de justicia para procesar y sancionar a los responsables.
Expertos señalan que esta situación evidencia la necesidad urgente de fortalecer las capacidades de la Fiscalía General del Estado, particularmente en áreas relacionadas con la delincuencia cibernética y los delitos patrimoniales. Se requiere inversión en infraestructura tecnológica, capacitación especializada de los ministerios públicos y la asignación de personal que dé seguimiento puntual a cada denuncia.
El incremento de víctimas de fraude y robo de identidad no solo afecta la economía de las personas y empresas, sino que también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. De ahí que organizaciones civiles y especialistas insistan en que las autoridades deben dar una respuesta contundente para romper el círculo de la impunidad y garantizar justicia a quienes han sido afectados.
