El presunto fraude millonario en la Dirección General de Pensiones (DGP), que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona calificó como el “fraude del siglo”, continúa sin avances significativos a casi un año de la detención de siete personas relacionadas con el caso. Aunque las autoridades han vinculado a proceso a los implicados, no se ha logrado resarcir el daño patrimonial que afecta al erario estatal.
En enero de 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE) reveló que tres exfuncionarios de la DGP, junto con cuatro particulares, habrían desviado alrededor de 200 millones de pesos en complicidad con un banco. Las acusaciones incluyen los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones públicas.
A pesar de que los imputados fueron inicialmente detenidos bajo prisión preventiva en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila, en diciembre pasado dos de ellos lograron que un juez de Control les otorgara la medida cautelar de arresto domiciliario. Este cambio ha generado dudas sobre el progreso y las prioridades del caso.
El gobierno estatal, por su parte, ha enfatizado que su principal objetivo no es mantener a los acusados en prisión, sino recuperar los recursos desviados. Gallardo Cardona ha reiterado que el resarcimiento al erario es la prioridad, ya que se busca que los responsables devuelvan lo sustraído, más allá de las sanciones penales.
Según las autoridades, el esquema de fraude habría operado durante varios años, lo que permitió desviar recursos de la DGP con ayuda de una entidad bancaria. Sin embargo, hasta el momento, no se han dado a conocer resultados concretos en las investigaciones ni avances en la recuperación de los fondos.
