Incremento a tarifa dependerá del INPC, no de negociaciones: SCT

Ante el debate público por un posible incremento en la tarifa del transporte público de San Luis Potosí para 2026, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado aclaró que cualquier ajuste que se realice responde exclusivamente a lo establecido en la ley y no a negociaciones extraordinarias con concesionarios.

La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, explicó que el ajuste anual que se determina para enero se calcula con base en la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), tal como lo marca el marco legal vigente, por lo que no se trata de una decisión discrecional.

Más allá del tema tarifario, la funcionaria destacó que la prioridad de la SCT está centrada en la modernización del servicio, particularmente en la renovación del parque vehicular, un rubro que por años permaneció rezagado debido a la falta de planeación y supervisión.

En ese contexto, señaló que la dependencia prevé cerrar 2025 con la incorporación de alrededor de 100 nuevas unidades al transporte urbano. Algunas ya se encuentran en territorio potosino y listas para iniciar operaciones, mientras que el resto llegará de manera gradual para completar el proceso de sustitución de camiones obsoletos.

Martínez Acosta indicó que este proceso no se detendrá en el corto plazo, ya que para 2026 se contempla una nueva etapa de renovación, con el objetivo de consolidar un sistema de transporte más eficiente y con mejoras perceptibles para los usuarios.

De forma paralela, la SCT mantiene operativos permanentes de inspección para verificar el cumplimiento de la normativa, incluso en un escenario complicado por la escasez de operadores. La funcionaria subrayó que esta situación no justifica deficiencias en el servicio ni incumplimientos por parte de concesionarios o choferes.

Finalmente, resaltó que continúan los programas de capacitación para operadores, enfocados en inclusión, perspectiva de género y trato digno al usuario, además de acciones para erradicar prácticas que durante años se normalizaron dentro del transporte público en el estado.

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