El gobierno mexicano no ha cumplido con las 72 recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, denunciaron integrantes de organizaciones internacionales de derechos humanos de visita en nuestro país.
A seis meses de que los expertos emitieran observaciones para acabar con la tortura, Andrea Meraz, directora de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), y Anne Boucher, de la Asociación de los Cristianos para la Abolición de la Tortura de Francia (ACAT-F), concluyeron que el Estado mexicano no está tomando medidas para acatar las indicaciones de los expertos de la ONU.
Meraz y Boucher realizaron una misión de observación por los estados de Chihuahua, Guerrero y la Ciudad de México, para reunirse con autoridades estatales, federales, organizaciones civiles y víctimas de la tortura, del 26 al 31 de mayo.
En conferencia de prensa, tras concluir la misión, Andrea Meraz manifestó su preocupación por qué “a pesar del reconocimiento del gobierno federal de que la tortura es un grave problema en México, no vemos que se estén tomando medidas encaminadas a atender el problema”.
Contó que en una reunión con la directora de Política Internacional sobre Derechos Civiles de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Consuelo Olvera, “comentó que se conformará una mesa de trabajo para dar cumplimiento a las 72 recomendaciones formuladas por los expertos de la ONU en diciembre pasado”.
La directora de la OMCT recordó que entre las principales preocupaciones manifestadas por los expertos del CAT tiene que ver con el alto número de desapariciones en México, por lo que consideró que aun y cuando es prematuro evaluar la unidad especializada creada por la Procuraduría General de la República (PGR) con sólo 12 agentes del Ministerio Público, “son muy pocos elementos y recursos humanos asignados para un problema tan grande”.
Anne Boucher agregó que la desaparición forzada “es una tortura permanente para los familiares y las víctimas, y en México lo que preocupa es que ese delito sólo se contempla si lo realiza un agente del Estado”.
Agregó que durante su visita les resultó muy preocupante aún que una de las principales recomendaciones hechas por el CAT, no pretenda ser atendida, como lo es la eliminación de la figura del arraigo.
“Nos parece que lejos de eliminar esa figura, lo que se pretenda es ampliar el tiempo en el que las personas estén a disposición del ministerio público antes de presentarlos con un juez, pasar de las 72 horas a casi una semana, cuando sabemos que es durante las primeras horas de detención que se llevan a cabo las torturas”, apuntó la defensora.
Boucher recordó que “según las estadísticas sólo 3% de las personas arraigadas fueron condenadas por un juez, por lo que “la mayoría de la personas detenidas bajo esta figura fueron privadas de la libertad y violentadas sin motivo, y no van a tener reparación por el daño causado”.
Informó que en enero de este año ACAT-F lanzó una campaña internacional denominada “Stop Arraigo”, encaminada a la abolición de esta figura en México, que reunió 15 mil firmas en Europa. Las posiciones contra el arraigo fueron entregadas al presidente Enrique Peña Nieto en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia.
Andrea Meraz señaló que durante la misión advirtieron actitudes de miembros del poder ejecutivo y judicial que optaron por negar la existencia de la tortura.
El caso concreto, expuso fue el de Chihuahua, donde el secretario general de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado, “aseguró que en ese estado la tortura se había abolido desde que los militares y los policías federales dejaron al gobierno de César Duarte encargarse de la seguridad”.
Agregó que en reuniones con organizaciones sociales y familiares de víctimas de tortura, “pudimos comprobar que aunque hay coincidencias en que la violencia ha disminuido, la tortura es una situación que sigue imperando, a pesar de que Chihuahua es uno de los estados donde ya está en operación el nuevo sistema de justicia penal en el que no deberían aceptarse las declaraciones extraídas bajo tortura”.
La actitud de jueces de los sistemas que operan en México, resaltó, “admiten las confesiones extraídas bajo tortura, aun cuando las víctimas denuncian en el momento en que son puestas a disposición de los jueces; de forma general hemos visto que los jueces consideran que cuando una persona denuncia que fue torturada, considera que es parte de su estrategia de defensa, cuando debería por estar asentado en la Constitución, abrir una investigación de oficio”.
Dijo que durante la misión se detectó que no hay investigaciones ni condenas por actos de tortura, y que los estudios especializados para determinarla, el Protocolo de Estambul, no es admitido cuando se realiza por un organismo público como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Las activistas anunciaron que en noviembre presentarán al CAT un informe paralelo al que el Estado mexicano está obligado a entregar como parte del seguimiento de las recomendaciones emitidas en diciembre pasado.
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