Carlos Rubio
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) incumplió con la recomendación 7/2020 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por el caso de abuso sexual y violación al derecho a una vida libre de violencia en contra de Emma Elisa Menchaca de la Rosa, quien hace cinco meses fue despedida, mientras su agresor continúa laborando en la institución.
La recomendación 7/2020 fue publicada el 30 de marzo de 2020 y dirigida al exrector Manuel Fermín Villar Rubio, luego de que la CEDH acreditara el delito de abuso sexual perpetrado por Juan Antonio Mendoza Regalado en contra de la exdocente de la UASLP. Además, el documento también da cuenta de la violencia institucional y revictimización que sufrió Emma.
Esta recomendación cuenta con cuatro puntos entre los que resalta el de garantizar la reparación integral del daño de la víctima, incluyendo un tratamiento psicológico y médico, tomando en cuenta el Plan de Reparación que Emma presentó ante la Comisión. Además, contempla una investigación de la Contraloría General de la UASLP a fin de dar cuenta de violaciones al proceso que derivaron en los hechos revictimizantes.
El 15 de abril de 2020, mediante el oficio OPOF-0024/2020, la UASLP aceptó la recomendación conforme lo señala el artículo 113 del Reglamento de la Ley de la CEDH, el cual otorga un plazo de 15 días para acreditar su total cumplimiento. A pesar de esto, la institución educativa pidió una extensión de plazo de un año para cumplir con los cuatro puntos que señala el documento.
Desde el 30 de marzo de 2021, un año después de emitida la recomendación, venció el plazo para que la UASLP diera su cumplimiento, sin que la institución reparara el daño a la víctima, lo cual consta en el oficio PPOF-0381/2021 con fecha de 8 de noviembre de 2021, dirigido al actual rector Alejandro Zermeño Guerra, en el que se la CEDH certifica el cumplimiento insatisfactorio.
Por solicitud de Emma Menchaca, la CEDH dio parte de los hechos a la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, mediante el oficio PPOF-0325/2021, ya que el artículo 29 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos faculta al Poder Legislativo para citar a comparecer a las autoridades para explicar su actuar en el caso, por lo que un funcionario de la UASLP deberá ser llamado a explicar el incumplimiento de la recomendación.
De este oficio resalta que fue elaborado el 8 de diciembre de 2021, sin embargo, fue entregado al Congreso hasta el 25 de enero de 2022, es decir, 48 días después, sin explicación alguna.
Irregular trabajo entre la CEDH y la UASLP
Anteriormente, Astrolabio Diario Digital dio cuenta del caso de abuso y revictimización al interior de la UASLP; como resultado a ese trabajo periodístico, el 5 de abril de 2020 la Universidad emitió un comunicado con el que se deslindó de los señalamientos de Emma y en el que, además, calificó a las expresiones de la víctima como “calumnias”, “insidias”, “denostaciones infundadas” y “falacias”. Este documento fue firmado por el ex abogado general de la Universidad, Juan Manuel Reynoso Sandoval, y el ex defensor de Derechos Universitarios, Jorge Andrés Delgado Delgadillo.
Derivado de este comunicado, Emma presentó una queja ante la CEDH el 7 de abril de 2020, sin embargo, no fue hasta el 23 de febrero de 2021, que mediante el oficio DQSI-00562021, la Comisión le informa a la UASLP que ha iniciado un expediente de queja por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Tuvieron que pasar 322 días para que la CEDH abriera la investigación.
Durante el periodo entre marzo y abril de 2021, la CEDH inició un Proyecto de Comunicado de Prensa con el que iba a aclarar y desmentir las acusaciones de la Universidad en contra de Emma; además de mencionar que el organismo no contaba con evidencia de que se hubiera cumplido con la recomendación. Sin embargo, ese documento jamás vio la luz. Ningún titular lo ha publicado y puede ser consultado aquí.
“Desde que Giovanna (Argüelles Moreno) llegó a la presidencia de la CEDH, yo estuve instándola a que publicara y difundiera el comunicado. Pasaron abril, mayo, junio, julio, agosto y la presidenta de la Comisión Estatal jamás me recibió. Jamás quiso que se conociera la verdad. Jamás difundió este comunicado”, señala Emma.
Hasta la fecha, Emma y su familia son quienes han tenido que pagar por toda su recuperación física y emocional, sin embargo, su estado de salud empeora con cada crisis emocional a la que se ve sometida después de un nuevo hecho.
Simulación de cumplimiento a la recomendación
El plazo para que la UASLP cumpliera con la recomendación 7/2020 venció el 31 de marzo de 2021, no obstante, en meses posteriores la institución le ofreció el parcial cumplimiento de algunos puntos, lo cual Emma no aceptó por considerarlos insuficientes y fuera de ley.
El 10 de junio de 2021 la Universidad publicó un comunicado firmado por el rector en el que ofrece disculpas públicas hacia Emma Menchaca de la Rosa, acción con la cual ella no estuvo de acuerdo, ya que no participó en la realización de dicho documento y tampoco autorizó su publicación.
“De esa disculpa pública me enteré por los reporteros, no porque me la haya hecho llegar la Universidad personalmente. Además, utilizaron mi nombre sin mi autorización y sin que yo participara en esa disculpa pública, jamás fui consultada”, comentó Emma.
Según dijo Emma, el 14 de junio de 2021 fue llamada a la sala de juntas de la División de Vinculación, lugar al que fue transferida después de haber sido víctima de abuso por parte de Juan Antonio Mendoza Regalado, quien trabajaba en la Facultad de Derecho.
“En ese momento me ofrecieron una carpeta sobre el escritorio que contenía tres cheques, me mandaron decir que eran los tres cheques que me mandaba el rector”, asegura Emma.
Este mismo día, según refiere Emma, le fue enviado un correo electrónico que contenía un seguro de gastos médicos menores, el cual tampoco aceptó, ya que afirma que por su condición de salud necesita de un seguro de gastos médicos mayores, al requerir de una operación quirúrgica.
Después, el 25 de junio de 2021 a Emma se le hace del conocimiento del oficio DDU-174/2021 firmado por Urenda Queletzú Navarro Sánchez, defensora de Derechos Universitarios, en el que solicita la autorización del jefe de la División de Desarrollo Humano, Roberto Llamas Llamas, para reintegrarla a la Facultad de Derecho, no obstante, a pesar de que este cambio se estipula en el Plan de Reparación Integral de Daño propuesto por ella, no estuvo de acuerdo ya que el plazo para cumplir con la recomendación había vencido y, según lo que refiere, no se le regresaban los cargos y horas de clase que ostentaba.
Emma se negó al cambio de adscripción, lo cual quedó registrado en una Acta de Comparecencia que consta de dos hojas, a la que Astrolabio tuvo acceso.
La cláusula 17 del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo de la UASLP, menciona:
Los trabajadores universitarios sólo están obligados a realizar el trabajo contratado y tienen derecho a conservar su adscripción de dependencia, horario de trabajo y nombramiento o categoría y sólo podrán ser cambiados con su consentimiento, lo contrario a esta disposición será nulo de pleno derecho.
Cabe recordar que, en este momento, el expediente de la recomendación 7/2020 se encontraba en etapa de calificación de grado de cumplimiento, es decir, en proceso de cierre.
Emma solicitó a la CEDH la implementación de medidas precautorias por esta acción que consideró un cambio “arbitrario” de adscripción. Sin embargo, ante la solicitud de la Comisión, el abogado general de la Universidad, Martín Joel González de Anda, negó la adopción de estas medidas, justificando que daba cumplimiento a una solicitud de Emma, como parte de su Plan de Reparación Integral de Daño, según consta en el oficio DQMP-0039/21.
Por acciones como esta es que Emma Menchaca asegura que sus derechos humanos han sido violentados por funcionarios de la UASLP como Urenda Navarro y Joel González, al grado de que sus nombres aparecen en múltiples oficios de queja que la víctima ha hecho llegar tanto a la Universidad como a la CEDH.
Derivado de este hecho, Emma no se presentó a laborar a la Facultad de Derecho, ya que se había negado al cambio. Por ende, el 26 de agosto de 2021, fue despedida con el argumento de haber acumulado más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso; el aviso de rescisión fue firmado por Martín Joel González de Anda.
“El precio que yo pagué por que este documento de incumplimiento de la recomendación saliera, fue que me corrieran. Al final del día mis agresores están impunemente dentro de la Universidad y la única persona que fue despedida, fui yo. Fui corrida sin liquidación, sin pagarme”.
CEDH, sin reacción
“¿Cómo me va a reparar integralmente los daños Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en mi agravio tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí como en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí?”, se pregunta Emma a través de diversos documentos enviados a la CEDH.
En diversas ocasiones, Emma Menchaca ha acudido en búsqueda de Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para exigirle “cuentas” sobre el seguimiento a los expedientes de queja que obran en poder del organismo: 1VQU-0048/2021, 1VQU-165/21 y DQQU-0375/21. Sin embargo, nunca ha podido reunirse con ella.
Emma recuerda exactamente las fechas en las que ha asistido en busca de la ombudsperson: 27 de mayo, 1 de octubre y 8 de noviembre, todos días del año 2021. “La Comisión Estatal de Derechos Humanos es quien se ha encargado de encubrir todo lo de la UASLP”, comentó Emma.
De igual forma, acudió ante el Consejo Ciudadano de la CEDH, para poner en conocimiento de la desatención que habían tenido sus expedientes por parte del organismo, así como de la Primera Visitadora, Laura Aguilar Pérez. No obstante, mediante el acuerdo número 35/2021, determinaron que no hay omisión en el caso por parte de las autoridades. Hecho que, una vez más, Emma consideró irregular.
Durante el caso fue necesaria la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debido al nulo actuar del organismo estatal en los hechos, el tortuguismo con el que se han manejado y el presunto contubernio con la UASLP.
De momento, el caso ha llegado hasta la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, de la mano de su presidenta, la diputada Gabriela Martínez Lárraga, quien recibió el pasado 8 de noviembre un escrito de 51 hojas donde Emma narra todo lo que ha sucedido.
De igual forma, la diputada Yolanda Cepeda cuenta con el oficio PPOF-0325/2021 de la CEDH, con el que se busca que la UASLP comparezca ante el Congreso para explicar el incumplimiento a la recomendación 7/2020.
“El objetivo de mi lucha es que esto no vuelva a ocurrir”, dice Emma Menchaca, al tiempo que recuerda de memoria cada fecha y oficio que forma parte de su expediente, y que su agresor continúa laborando en el Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mientras ella no tiene trabajo.
