María Ruiz
Luego de un periodo marcado por la incertidumbre económica y la desaceleración de proyectos, la industria de la construcción en San Luis Potosí comienza a perfilar un escenario de recuperación para los próximos meses, señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad, Leopoldo Stevens Pérez.
Al cumplirse un año de su dirigencia, el líder empresarial destacó que el 2025 representó uno de los mayores desafíos recientes para el sector, al coincidir con retrasos presupuestales y una menor inversión pública.
No obstante, subrayó que la coordinación con gobiernos estatales y municipales permitió que las empresas afiliadas mantuvieran operaciones y evitaran una paralización generalizada.
“Fue un año que nos obligó a reorganizarnos y a ser más eficientes; no fue sencillo, pero el gremio logró adaptarse y mantenerse en pie”, expresó Stevens Pérez, al adelantar que el informe anual de actividades se llevará a cabo el próximo 28 de enero.
De cara a 2026, el dirigente empresarial consideró que existen condiciones para un mejor desempeño, principalmente por los anuncios de nuevos paquetes de inversión y proyectos de infraestructura de diferentes escalas.
Indicó que, aunque aún no se reflejan plenamente en la economía local, ya se observan señales positivas con el inicio de licitaciones y trabajos de rehabilitación vial en la capital potosina.
“El reto ahora es que los recursos fluyan en tiempo y forma; el año pasado los procesos administrativos fueron lentos y eso afectó la planeación de las empresas”, apuntó, al confiar en que este año se agilicen los mecanismos de ejecución.
En cuanto al programa federal de vivienda, Stevens Pérez reconoció que su avance ha sido limitado y enfrenta obstáculos importantes, principalmente por el tope de costos por unidad habitacional, mientras que el precio establecido dificulta la viabilidad de los proyectos, especialmente en zonas donde el valor del suelo y la infraestructura encarece el desarrollo.
Aun así, aseguró que el sector mantiene la disposición de colaborar con las autoridades para encontrar alternativas que permitan impulsar la construcción de vivienda social sin comprometer su sostenibilidad financiera.
