La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) confirmó, así como lo indicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su sexto y último informe, que el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) dio seguimiento a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 mientras que las Fuerzas Armadas operaban esa noche del 26 de septiembre en colusión con el crimen organizado en la región.
En el segundo informe del organismo creado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presentado este miércoles por el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, se expuso además que la Marina fue una de las autoridades que operaban en colusión con “Guerreros Unidos”, grupo delictivo con presencia en la región; y que en el caso del Cisen daba un seguimiento continuo a las acciones de los normalistas en los días previos a su desaparición, producida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, debido a las movilizaciones que realizaban de cara a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México.
La presentación de los hallazgos se produjo a nueve años de la desaparición de los normalistas, en un momento en que los padres y madres de los 43 han señalado que el Gobierno federal no ha cumplido con su compromiso de esclarecer lo que pasó esa noche en Iguala, al no brindar acceso a documentos de espionaje militar para entender completamente lo que ocurrió en septiembre de 2014.
El nuevo documento indica que el Cisen hizo un seguimiento detallado de los movimientos de los normalistas de Ayotzinapa durante el 26 de septiembre y tenía identificado el número de estudiantes, el número de las unidades de transporte que habían tomado, su ubicación, entre otros detalles.
LA SEDENA Y MARINA EN LOS MENSAJES INTERCEPTADOS
De acuerdo con el documento, elementos tanto del Ejército mexicano como de la Marina fueron señalados en mensajes que interceptó la Oficina de Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) a miembros del órgano delincuencial; y fueron mencionados en las declaraciones que dio Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, identificado como uno de los líderes del grupo criminal “Guerreros Unidos” y quien es identificado como testigo reservado “Juan” en los informes.
Lo anterior refuerza la información que brindó el GIEI en julio pasado, cuando señaló que el Ejército mexicano tenía nexos con el crimen organizado de dicha zona del estado de Guerrero, además de ubicar a elementos de la Marina como partícipes de las actividades de Guerreros Unidos.
Por ejemplo, en la página 17 del informe señaló que Pablo “N” y Gustavo “N” recibieron diversos mensajes en los cuales se hace referencia a un teniente “que iba mucho al ranchito el cuando tuvimos el pedo con el tercer batallón y el que los detuvo que no la hicieran de pedo”; pregunta sobre el nombre completo de un militar; se habla de “milis” y “marinela”.
“Aguante, estoy con los de la Marina y voy al batallón” y “Ahí anda la Marina, va de parte de nosotros”, son algunos de los mensajes de texto que identificó la DEA en la información que brindó a la Covaj que hacen referencia a la colusión de uniformados de la Marina con el crimen organizado.
“Si bien no se puede determinar la identidad de todos los objetivos y sus contactos [de los mensajes interceptados], se puede conocer la forma en que operaba el grupo delictivo, sus zonas de influencia, las claves de comunicación que utilizaban y el vínculo del grupo criminal Guerreros Unidos con autoridades de Gobierno, así como con policías, militares y marinos”, se detalla en la página 31.
Con respecto a la implicación de elementos del Ejército en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, el informe de la Covaj narra:
“Respecto a los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014, [‘Juan’] señaló que los elementos del 41 batallón de infantería usaron sus vehículos militares, que eran varios, y que no todos los elementos adscritos a ese batallón estaba cooptados, pues había algunos que no aceptaban, pero participaban en los eventos de interés de ‘Guerreros Unidos’ pues sus mandos sí eran parte del grupo”.
El testigo “Juan” dijo en declaraciones a la COVAJ que “[elementos del 41 Batallón] le vendían goma de amapola y que en alguna ocasión les llevaron ‘unas cuarenta cubetas que nos iban a vender los militares’, la cual había sido decomisada en un laboratorio de otra organización localizada cerca de Tlacotepec”.
JUDICIALIZACIÓN DEL CASO
En la presentación del informe, el subsecretario Alejandro Encinas añadió que se han identificado a 434 actores relevantes que participaron durante y después de los hechos, entre los cuales existen funcionarios públicos de nivel estatal y municipal, elementos del Ejército y Marina, Gobierno federal, miembros de grupos delictivos y policías municipales.
De ellos, 132 están actualmente detenidos, de los cuales 41 son integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías federales, federales ministeriales, estatales y municipales; funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), le expresidente Municipal de Iguala y su esposa, expresidenta del DIF local; y 14 elementos de la Sedena.
Con respecto a los funcionarios de alto nivel que fueron detenidos, se encuentra el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el extitular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y los excomandantes de los 27 y 41 batallones de Infantería.
Encinas advirtió que se han presentado obstáculos para que se haga justicia con respecto a los responsables de los hechos debido, en parte, a que las autoridades judiciales se han negado a asumir competencia territorial, no se ha asumido que el delito de tortura sea de competencia federal, se ha considerado que el delito de desaparición forzada es prescriptible y se han otorgado libertades bajo fianza a individuos involucrados.
Apenas este miércoles, en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Presidente López Obrador refrendó su compromiso con los padres y madres de los 43 normalistas, a quienes aseguró que el Gobierno federal va a seguir con la investigación del caso Ayotzinapa “hasta conocer toda la verdad y lo más importante: saber dónde están los jóvenes”.
“No hemos abandonado el caso. Lo vamos a seguir haciendo. Es por las madres, por los padres; es por la justicia y es también por nuestras convicciones”, dijo por la mañana.
Sin Embargo
