Un reciente informe de la ONU, presentado el martes, denuncia un incremento en la represión gubernamental en Venezuela después de las controvertidas elecciones presidenciales de julio. El reporte de expertos independientes en derechos humanos señala que el gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado sus métodos de represión, utilizando tácticas más agresivas y violentas.
Según el informe, las elecciones del 28 de julio, ampliamente criticadas por su falta de transparencia y por ser vistas como un medio para asegurar la permanencia de Maduro en el poder, han sido seguidas por una escalada en las violaciones a los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones arbitrarias, torturas y actos de violencia sexual y de género, calificando estos actos como “crímenes de lesa humanidad” motivados por razones políticas.
El reporte cubre un año hasta el 31 de agosto y refleja una creciente preocupación internacional, también manifestada por el secretario general de la ONU, António Guterres, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. La situación se ha visto agravada por la huida al exilio del candidato opositor Edmundo González.
Marta Valiñas, jefa del equipo de expertos, reveló que entre el 29 de julio y el 6 de agosto, las autoridades venezolanas detuvieron a más de 2,200 personas, incluyendo al menos 158 menores, algunos de ellos con discapacidad. Valiñas destacó la preocupación por la sistemática represión del gobierno venezolano para silenciar cualquier forma de disidencia.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, alineado con el gobierno de Maduro, reportó que el presidente ganó con el 52% de los votos. Sin embargo, los opositores recopilaron actas que indicaban una victoria para González. La falta de transparencia en los resultados llevó a Maduro a solicitar una auditoría que reafirmó su victoria.
El informe, el quinto de este tipo, critica la falta de independencia del sistema judicial venezolano y la represión sistemática contra la oposición. Después de las elecciones, las protestas en todo el país fueron reprimidas con severidad, con el gobierno realizando detenciones arbitrarias y fomentando la delación entre ciudadanos.
El grupo de expertos recopiló datos a través de entrevistas y revisión de documentos, aunque sus solicitudes de información a las autoridades venezolanas fueron desestimadas. La represión actual es descrita como la peor desde 2019, con un nivel de persecución política sin precedentes.
