María Ruiz
Un informe especial del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), documenta deficiencias estructurales y operativas en los juzgados cívicos y separos municipales de 20 municipios de San Luis Potosí.
El documento fue publicado en los primeros días de julio de 2025, justo al cierre del primer semestre del año. Se basa en visitas de supervisión realizadas entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2024. Las observaciones se derivan de recorridos y entrevistas realizadas por personal del MNPT en distintas instalaciones municipales del estado.
Los juzgados cívicos son instancias municipales encargadas de aplicar sanciones administrativas por faltas como alteraciones al orden público, riñas vecinales o consumo de alcohol en la vía pública. Estos espacios no forman parte del Poder Judicial ni de la Fiscalía General del Estado; dependen directamente de los ayuntamientos y, en algunos casos, operan en coordinación con las Secretarías de Seguridad Pública Municipales. Su función es de carácter administrativo y está normada por el Bando de Policía y Buen Gobierno de cada municipio.
El MNPT, como instancia especializada de la CNDH, tiene la función de supervisar centros de detención en todo el país para prevenir actos de tortura o tratos crueles.
Aunque no forma parte de las fiscalías ni de las dependencias de seguridad, su trabajo se vincula directamente con estas instituciones al evaluar las condiciones en que las personas son detenidas por policías municipales o estatales.
En este informe, el MNPT dirige recomendaciones tanto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, como a la Fiscalía General del Estado y a los ayuntamientos responsables de los espacios evaluados.
Los municipios evaluados durante las visitas fueron Ahualulco, Cerritos, Charcas, Ciudad Fernández, Guadalcázar, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Rayón, Rioverde, Salinas, San Luis Potosí, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tancanhuitz, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de Ramos y Zaragoza.
El informe señala que en 12 de estos municipios no existen jueces cívicos ni calificadores, por lo que las sanciones administrativas son impuestas por síndicos municipales o por directores de seguridad pública. Esta situación se presenta en Ahualulco, Charcas, Guadalcázar, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Santa María del Río, Tancanhuitz, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de Ramos y Zaragoza.
Asimismo, se detectó que 14 municipios carecen de un área médica y de personal adscrito para realizar certificaciones físicas de las personas detenidas. Esta carencia fue documentada en Ahualulco, Cerritos, Charcas, Ciudad Fernández, Guadalcázar, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Rayón, Rioverde, Salinas, Santa María del Río, Villa de Arista, Villa de Guadalupe y Villa de Ramos.
En 10 localidades no se informa a las personas detenidas sobre su derecho a contar con una defensa legal, entre ellos Ciudad Fernández, Guadalcázar, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Rayón, Rioverde, Tancanhuitz, Villa de Arista, Villa de Arriaga y Villa de Guadalupe.
Además, en siete municipios no se utiliza el Registro Nacional de Detenciones, lo cual impide la supervisión externa sobre las detenciones realizadas. Estos municipios son Charcas, Guadalcázar, Matehuala, Rioverde, Santa María del Río, Villa de Arista y Villa de Guadalupe.
Durante las visitas, solo en seis municipalidades se encontró a personas detenidas: Cerritos, Charcas, Ciudad Fernández, Matehuala, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Se realizaron entrevistas a 14 personas privadas de la libertad; de estas, 11 no recibieron asistencia legal, ocho no tuvieron revisión médica al momento del ingreso, 10 no pudieron comunicarse con familiares, siete no recibieron agua potable y las 14 declararon no haber recibido alimentos durante su detención.
El informe identifica a varios municipios con condiciones especialmente críticas. En Moctezuma no hay policías operativos ni separos funcionales desde los hechos violentos registrados en agosto de 2022, por lo que las funciones de seguridad están prácticamente desactivadas.
En Villa de Arriaga no se realizan detenciones administrativas, no existen separos y no hay personal asignado para esas funciones.
En Soledad de Graciano Sánchez se documentó la negativa de acceso a visitas familiares y legales bajo el argumento de motivos de seguridad, lo cual representa una forma de incomunicación que fue considerada preocupante.
En Santa María del Río, Charcas, Matehuala, Rioverde y Villa de Guadalupe no se cuenta con acceso al Registro Nacional de Detenciones, no hay personal médico y no existen protocolos claros para la certificación física de las personas detenidas.
Por otro lado, en municipios como Ahualulco, Mexquitic de Carmona y Salinas se reportaron condiciones de higiene inadecuadas en los separos, con baños sin agua corriente, sin privacidad y sin iluminación adecuada.
Como parte de las conclusiones del informe, el MNPT propone 14 estrategias de política pública para atender las deficiencias observadas.
Entre estas recomendaciones se incluye garantizar la lectura de derechos y el acceso a una defensa legal desde el momento de la detención, proporcionar alimentos y agua potable en todos los separos municipales, realizar revisiones médicas obligatorias por parte de personal capacitado, registrar todas las detenciones en el sistema nacional correspondiente, y capacitar al personal en temas de derechos humanos, uso racional de la fuerza y prevención de la tortura.
