Después de siete meses y medio de que ocurriera la tragedia en el antro Rich, la Fiscalía General del Estado (FGE) avanzó en el proceso judicial al presentar 17 pruebas iniciales ante un juez, entre ellas incumplimientos en las normas de operación, fallas en las condiciones físicas del lugar y carencias en la documentación requerida. Estas pruebas respaldan la acusación contra tres personas detenidas por su presunta responsabilidad en los hechos.
El expediente, integrado como parte de un proceso administrativo que concluyó el 14 de diciembre, incluye cargos por los actos negligentes que resultaron en la muerte de dos jóvenes, R. N. y Manuel Alejandro Infante, así como lesiones para otras ocho personas. Ramón Infante, padre de una de las víctimas mortales, solicitó además que se inicien investigaciones en contra de funcionarios municipales y estatales involucrados en la operación irregular del lugar.
La acusación formal contra Ulises N., Francisco N. y Nancy N. busca que los detenidos enfrenten juicio oral a la brevedad. Las conductas delictivas relacionadas con la tragedia incluyen diversas irregularidades en la gestión del antro y fallas en la protección de quienes asistían al lugar.
La FGE entregó los cargos probatorios a principios de la semana, dando un paso clave para llevar el caso a juicio oral. Con esta medida, se espera que se determine la responsabilidad penal de los acusados y se establezcan las sanciones correspondientes por las afectaciones a las víctimas y sus familias.
