La diputada Leticia Vázquez Hernández presentó una iniciativa para reformar el artículo 178 del Código Penal de San Luis Potosí, con el objetivo de redefinir el delito de abuso sexual, alinearlo con la legislación federal y fortalecer las sanciones en casos graves.
La propuesta coloca el consentimiento como elemento central, estableciendo con mayor claridad cuándo existe o no, además de incorporar medidas orientadas a la reparación integral del daño a las víctimas y a la prevención de reincidencia. Entre estas medidas se contempla que los agresores participen en programas reeducativos con perspectiva de género y no violencia.
De acuerdo con la iniciativa, se considerará abuso sexual cualquier acto de carácter sexual realizado sin consentimiento, sin intención de cópula, ya sea en espacios públicos o privados. Esto incluye obligar a la víctima a presenciar actos, ejecutarlos sobre sí misma, un tercero o el agresor, así como la exhibición del cuerpo.
Asimismo, se precisa que el consentimiento no será válido si fue obtenido mediante violencia, amenazas, engaño, intimidación, abuso de autoridad o situaciones de vulnerabilidad. También se establece que no puede asumirse a partir del silencio, la pasividad o la ausencia de resistencia física de la víctima.
Las sanciones propuestas van de seis a diez años de prisión, además de multas económicas, así como la obligación de cumplir con medidas adicionales como servicio social o programas de reeducación, los cuales serán considerados para beneficios legales como la suspensión condicional del proceso.
La iniciativa también plantea un incremento de penas en diversas circunstancias agravantes, como cuando la víctima sea menor de edad o no tenga capacidad de comprender el hecho; cuando exista violencia; cuando participen varias personas; o cuando haya una relación de confianza, familiar, laboral, educativa o de dependencia entre víctima y agresor.
De igual forma, se contemplan sanciones más severas si el responsable es servidor público, incluyendo destitución e inhabilitación, o si se trata de profesionistas que abusen de su cargo, quienes podrían perder el derecho a ejercer. También se consideran agravantes casos relacionados con ministros de culto, víctimas en estado de vulnerabilidad, embarazo o bajo efectos de sustancias, así como delitos motivados por orientación sexual o identidad de género.
Finalmente, la propuesta establece que estos delitos se persigan de oficio y que se garantice la reparación integral del daño, incluyendo atención psicológica especializada hasta la recuperación de la víctima. La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
