La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) urgió al gobierno de Enrique Peña a dar resultados concretos para acabar con el secuestro, la extorsión y la inseguridad en las carreteras.
“Son tres compromisos y conminamos a todas las autoridades a cumplirlas: cero secuestros, porque no podemos seguir tolerando este flagelo; cero extorsión, particularmente de derecho de piso, y carreteras seguras, por un país donde el tránsito sea libre”, dijo Federico Torres Landa, secretario general de la organización.
Con motivo de su 15 aniversario, el organismo surgido y subvencionado en los gobiernos panistas, destacó que el problema de la inseguridad no se ha resuelto, sino que se ha incrementado en 24% en los tres últimos lustros.
Si bien, abundó, existen y han existido iniciativas gubernamentales esperanzadoras y servidores públicos que han procurado mejorar las condiciones de injusticia y violencia, “desafortunadamente los datos duros indican que la situación no solo sigue igual, sino que está peor que en 1997”.
En particular, afirmó, la extorsión aumentó un 605%, al pasar de mil 20 en 1997 a siete mil 194 en 2012, mientras que los secuestros pasaron de mil 47, en 1997, a mil 307.
Además, dijo, actualmente existen 20.5 millones de delitos que prevalecen sin denunciar, el nivel de impunidad que se vive en México es de 98%, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, citó.
En opinión de Torres Landa para disminuir el índice de la extorsión y el secuestro “lo primero es que debe haber campañas de información mucho más claras; privilegiar el funcionamiento del Ministerio Público y cerrar el espacio entre los ciudadanos y el Ministerio; articular sistemas de inteligencia para investigar y que no se dependa de la flagrancia, y asegurar el funcionamiento del sistema penal acusatorio”.
Además, la organización planteó la necesidad de profesionalizar las policías, homologar los procesos de reclutamiento y selección de elementos policiacos, además de acelerar la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio para que las prisiones dejen de ser “universidades del crimen”.
La implementación del nuevo sistema penal acusatorio, dijo, no puede seguir tomándose a la ligera.
“Quedan menos de tres años para completar el proceso y en la mayoría de las entidades los avances son marginales. Por ello, se deben establecer rutas críticas de observancia obligatoria y privilegiar el que organizaciones ciudadanas de cada localidad puedan nutrir dichos esfuerzos y estar en posibilidad de monitorear procesos y evaluar resultados en un ciclo permanente de mejora y seguimiento”, subrayó.
En el caso del combate al narcotráfico, Torres Landa, se pronunció por un cambio en la política de drogas que se enfoque en la salud pública.
“La criminalización del uso de substancias, que en el peor de los casos implica daños únicamente a sus usuarios, y el uso excesivo de recursos presupuestales para tratar de castigar a dichos usuarios, ha generado un negocio increíblemente lucrativo para las bandas criminales.
“Es momento de privilegiar la seguridad de los ciudadanos por encima de un espejismo de salud. Con visión de altura, se puede dar un giro propositivo y de liderazgo internacional consistente con las más recientes declaraciones a nivel de la OEA”, dijo.
Ante el panorama, Josefina Ricaño de Nava, presidenta de MUCD, consideró que “se debe reconocer que la protección de los derechos humanos y la aplicación imparcial e igualitaria de la ley, para todos y en todo momento, es la base de un Estado democrático.
“La protección de estos derechos debe ser la guía de actuación de todos los servidores públicos y debe contemplarse en el diseño de toda política pública”, afirmó.
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