Mónica Pérez, madre de un menor de 13 años con discapacidad intelectual y autismo, denunció que su hijo fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero en el Instituto Potosino Marista, ubicado en la Avenida Cuauhtémoc, en la capital de San Luis Potosí. El caso, ocurrido el 24 de septiembre de 2024, ha generado indignación debido a las presuntas omisiones tanto del plantel educativo como de la Fiscalía General del Estado.
Según relató Pérez, el día del incidente notó un comportamiento inusual en su hijo al llegar a casa. El menor, estudiante del grupo especial 10 GEM (Grupo Especial Marista) en secundaria, se bañó antes de lo habitual y caminaba con dificultad. Al revisar el bote de basura, la madre encontró papel higiénico con sangre, lo que la llevó a interrogar a su hijo. Entre lágrimas, el menor confesó que un compañero de nuevo ingreso lo agredió sexualmente en el baño del colegio, tras haberlo molestado previamente en clase de música.
Al día siguiente, Pérez intentó dialogar con las maestras del instituto, pero señaló que no le dieron importancia, recordando que ya había reportado incidentes previos de bullying sin respuesta. Decidió entonces acudir directamente a la Fiscalía, ubicada en la calle 5 de mayo, donde un médico legista confirmó el abuso sexual tras una revisión física y una entrevista con el menor. El niño describió cómo su agresor lo atacó en el baño, aprovechando un momento en que estaban solos.
Desde octubre de 2024, la familia ha seguido un arduo proceso de seguimiento, incluyendo laboratorios y sesiones psicológicas, mientras el menor ha presentado un retroceso significativo en su desarrollo, incrementando los gastos en terapias. Pérez solicitó al colegio acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero asegura que la institución dio respuestas evasivas. Los videos fueron entregados en una USB en enero de 2025 por el apoderado legal del colegio, en un procedimiento irregular que no permitió a la policía extraerlos directamente. Actualmente, las grabaciones están bajo investigación en bóveda, sin claridad sobre su integridad.
La madre también denunció que el Instituto Potosino Marista obstaculizó la investigación, lo que llevó a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) a imponer sellos de suspensión temporal y prohibir nuevas inscripciones en febrero de 2025. Sin embargo, el colegio obtuvo un amparo que revirtió esta medida. Pérez exige justicia y una respuesta efectiva de las autoridades, subrayando el impacto emocional y económico que el caso ha tenido en su familia. “Mi hijo no merece esto, y nadie parece querer hacerse responsable”, afirmó.
La Fiscalía General del Estado no ha emitido avances significativos en la investigación, mientras la comunidad potosina exige mayor transparencia y medidas para garantizar la seguridad en las escuelas. Este caso se suma a denuncias previas contra el Instituto Potosino Marista, que han señalado problemas de acoso y agresiones en el plantel.
