Ciudad de México.- Ante los retos que implica la aplicación de la nueva Ley de Amparo, el Poder Judicial Federal alista el esfuerzo de capacitación más ambicioso de su historia reciente.
Se trata de un programa nacional que buscará, por una parte, unificar criterios para aplicar la nueva ley, vigente desde el 3 de abril, y por la otra, concientizar a los jueces de todos los fueros y especialidades sobre sus obligaciones en materia de control de constitucionalidad y derechos humanos.
El Programa Nacional de Capacitación y Difusión en Materia de Amparo, que hoy será presentado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, incluye mesas de diálogo a las que deberán asistir todos los jueces y magistrados federales, para debatir la forma en que están aplicando la ley.
También contempla un ciclo de mesas de análisis que serán transmitidas en vivo a las casas de la cultura jurídica de todos los Estados, en el que se responderán las preguntas que quieran formular todos los juzgadores interesados, y un curso de actualización sobre nueva Ley de Amparo, entre otras actividades.
De hecho, la Corte ha pasado casi dos meses tratando de aterrizar, en sesiones privadas, los acuerdos generales con los que busca aclarar dudas y fijar reglas más concretas para la operación de la nueva ley, que afecta a todas las autoridades del País porque regula la revisión judicial sobre su actuación.
Según fuentes de la Suprema Corte, las discusiones han sido intensas e incluso algunos Ministros han sugerido que partes de la nueva ley son inconstitucionales.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal tiene que emitir en breve acuerdos para regular los sistemas de firma y expediente electrónico, previsto en la ley, pero sujeto a obstáculos técnicos, así como los Plenos de Circuito, que reunirán a todos los magistrados federales de un estado para resolver criterios contradictorios entre tribunales colegiados.
Capacitación
Cabe mencionar que el proyecto original de esta ley fue generado por la propia Corte desde 1999 y que, por mandato constitucional, tenía que haber sido publicada a más tardar en octubre de 2011, pero el Congreso excedió dicho plazo por año y medio.
El programa nacional que hoy será presentado es adicional a un curso que arrancó el 1 de abril, dirigido a 707 jueces y magistrados de tribunales estatales, que están recibiendo capacitación en materia de derechos humanos y aplicación de tratados internacionales para el dictado de sus sentencias.
Este curso, que tendrá duración de 10 meses, es el primer proyecto nuevo relevante del Fondo Jurica en casi dos años, luego que Silva Meza resolvió emprender un replanteamiento de la operación de este fideicomiso de apoyo a a la administración a la justicia, así como una revisión de sus operaciones.
Gracias al criterio de la Suprema Corte en el caso Rosendo Radilla, los jueces locales y de tribunales administrativos y laborales cuentan desde 2011 con la facultad de dejar de aplicar leyes que les parezcan inconstitucionales, que previamente estuvo reservada a la justicia federal, pero la operación práctica de dicha facultad ha generado confusiones.
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