Prepara la CEA programa para “cazar” fugas; el contrato le va a costar 8.2 millones de pesos
El Interapas pierde el 49% del agua que canaliza en sus redes, y para encontrarla, la Comisión Estatal del Agua (CEA) pagará 8.2 millones de pesos a una empresa para que realice un estudio que detecte a dónde va a parar el líquido.
El 31 de diciembre pasado, la Comisión Estatal del Agua entregó a la empresa Consorcio de Empresas de Ingeniería S.A. de C.V. el contrato para la determinación de agua no contabilizada del Interapas.
El expediente de la licitación incluye un documento titulado “Términos de referencia”, en donde el Interapas expone el panorama actual de su red de distribución de agua y los problemas que enfrenta.
El principal, de acuerdo al documento, es que de los 190 millones de metros cúbicos que, en cifras de noviembre de 2018, se inyecta a la red de distribución, el Interapas pierde el 49 por ciento, es decir, que sólo se entregan a los usuarios 55.5 millones de metros cúbicos.
En total, el organismo operador no puede determinar el destino de 53.4 millones de metros cúbicos de agua de sus redes.
El organismo supone que se pierde en las fugas una red de distribución que en un 60 por ciento, tiene más de 30 años de antigüedad.
También sospecha de que otra parte se usa de manera ilícita, es decir, se consume, pero no se paga.
Sin embargo, el Interapas reconoce que carece de un sistema eficiente de detección de fugas y admite que los únicos modos que tiene para ubicarlas son los reportes ciudadanos y cada vez que realizan excavaciones para reparar la red.
Esta deficiencia llega incluso a la red de distribución de El Realito, que es mucho más reciente.
La empresa contratada deberá investigar, entre otros factores, el estado de los medidores ubicados en las tomas domiciliarias y la situación de la red de tuberías.
Y para encontrar a los usuarios que consuman agua sin pagar, también tienen previsto medir sus consumos y cruzar la información con sus pagos, además de detectar a usuarios no autorizados.
Incluso se prevé una revisión especial a los 50 mayores usuarios industriales y del sector público y también una inspección en cuatro kilómetros de tubería “sospechosos de uso ilícito”.
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