Intereses ajenos han impedido la correcta disposición y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, hay que encontrar el camino que permita definir a los integrantes que faltan.
El monitor elaborado a nivel nacional colocó a San Luis Potosí como una de las entidades que aún no ha instaurado en su totalidad el Sistema Estatal Anticorrupción, justamente debido a ese retraso.
Así lo expresó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, quien aclaró que a final de cuentas la conformación del organismo es responsabilidad de sus miembros.
Por autonomía, explicó, le corresponde al citado comité, a través de la Comisión Seleccionadora, definir los nombramientos restantes, “nosotros nos hemos reunido con ellos para que puedan transitar a través de la ruta que les permita definir a esas personas que faltan, pero es una responsabilidad de ellos”, reiteró.
El funcionario estatal reconoció que permanece incompleto el Sistema Estatal Anticorrupción, y su componente del Comité de Participación Ciudadana.
Lo anterior luego de que el contralor del estado tuviera que defenderse y asegurar que los integrantes que representan instituciones públicas “nada tenemos qué ver en las decisiones del Comité de Participación Ciudadana”, esto ante las acusaciones que recibió.
Hace unos días, el titular de la Contraloría General, Gabriel Rosillo Iglesias, fue acusado de desestabilizar a ese comité, presuntamente al apoyar que varios de sus integrantes se asumieran como presidentes del organismo, con la aparente intención de entorpecer el trabajo de los ciudadanos en contra de la corrupción.
En su momento se informó que el órgano ya había sesionado y había sido nombrado un presidente provisional del Comité de Participación Ciudadana, luego de que el anterior presidente, Carlos Raúl Espinosa Rincón, solicitara licencia al acceder a un cargo público. Más allá de eso, insistió, no hay injerencia.
