Familiares de personas en rehabilitación, responsables de centros de tratamiento y algunos internos, se manifestaron este jueves a las afueras del Congreso del Estado de San Luis Potosí para rechazar una iniciativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que propone tipificar como delito de privación ilegal de la libertad el internamiento involuntario en centros de salud mental y rehabilitación.
La propuesta fue presentada por la diputada Patricia Aradillas y ha generado inconformidad entre quienes consideran que dicha medida criminaliza a las familias y a los encargados de centros, sin tomar en cuenta el contexto y la realidad que viven muchas personas con adicciones o trastornos mentales.
Durante la protesta, familiares denunciaron que la iniciativa fue construida sin consultar a las personas directamente involucradas, ya que no se llevaron a cabo mesas de diálogo ni se incluyó a representantes de los llamados “anexos” o centros de rehabilitación.
“En muchos casos, nuestros hijos o familiares no tienen la capacidad de decidir por sí mismos. Si nosotros no los ayudamos, ¿quién lo va a hacer?”, expresaron los manifestantes, quienes exigen que se reconozca la intervención familiar como un acto de apoyo y no como un delito.
Por su parte, Saúl Montenegro, encargado de un centro de rehabilitación, alertó que esta propuesta pone en riesgo el trabajo de cientos de centros, muchos de los cuales operan como única opción ante la falta de infraestructura oficial en salud mental y adicciones. “Nos están criminalizando por hacer una labor que el Estado ha dejado de atender”, sostuvo.
También criticaron que la propuesta legislativa carece de un enfoque integral, al no incluir medidas de reinserción social ni seguimiento post-tratamiento, lo que deja a los egresados vulnerables a recaídas y exclusión.
