San Luis Potosí enfrenta un problema creciente en su sistema penitenciario: una sobrecarga del 8.33% en sus centros de reinserción social, lo que coloca a la entidad por encima del promedio nacional de 6.84%, según el primer informe estadístico 2025 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.
El estado cuenta con cinco centros penitenciarios con capacidad para 3,230 personas, pero actualmente alberga 3,499 internos, es decir, 269 más de los permitidos. La cifra incluye a 2,289 procesados, 787 sentenciados del fuero común y 258 reclusos por delitos federales (aproximadamente el 7% del total).
Más ingresos que egresos
Tan solo en febrero, se registraron 649 ingresos (59 de ellos mujeres) y 530 egresos, lo que evidencia el aumento sostenido en la población penitenciaria.
Pese a tener un número de internos mucho menor que estados como el Estado de México o la CDMX, donde los reclusos superan los 25 mil, la presión sobre la infraestructura en San Luis Potosí es notable.
Además, el porcentaje de mujeres privadas de la libertad en la entidad es del 6.5%, por encima del promedio nacional que se sitúa en 5.9%.
Rezago educativo y focos de tensión
El informe también arroja datos preocupantes sobre el nivel educativo de los internos:
- Solo 97 personas tienen estudios de licenciatura terminados
- 658 terminaron la primaria
- 1,446 la secundaria
- 91 personas son analfabetas
Este rezago podría dificultar los esfuerzos de reinserción social, pues limita sus oportunidades fuera del penal.
En temas de seguridad interna, durante febrero se reportaron seis incidentes: dos riñas (con cuatro involucrados), dos autoagresiones y dos agresiones a terceros. No hubo suicidios ni homicidios, a diferencia de otras entidades como Chihuahua o Estado de México, donde los hechos de violencia al interior de las cárceles son mucho más frecuentes.
A pesar de estos datos, San Luis Potosí mantiene niveles bajos en hechos críticos, pero el riesgo de tensiones futuras sigue presente si no se toman medidas para aliviar la saturación y mejorar las condiciones dentro de los centros penitenciarios.