Nicolás Maduro fue un personaje abominable. No hay matices que lo salven. Gobernó desde el abuso del poder, la represión política y el saqueo institucional. Bajo su mandato, Venezuela se hundió en una crisis social y humanitaria que expulsó a millones de personas, destruyó la economía y normalizó el miedo. No es exageración: fue una dictadura que utilizó la política para beneficiar a unos cuantos y condenar a todo un pueblo.
Dicho con toda claridad: la caída de Maduro generó, al menos de forma inmediata, una sensación real de alivio en amplios sectores de la sociedad venezolana. Tranquilidad, esperanza y una idea de justicia que por años parecía imposible. Ese sentimiento es legítimo y no debe minimizarse ni tratarse con desprecio. El pueblo venezolano ha sufrido demasiado como para negarle ese respiro.
Pero una cosa es reconocer el alivio social, y otra muy distinta es normalizar la forma en que ocurrió.
La intervención directa de Estados Unidos para capturar y sustraer a un jefe de Estado de su territorio marca un precedente delicado. Más allá de la persona —un dictador despreciable—, el hecho implica la violación de la soberanía de una nación y del derecho internacional. No se trata de defender a Maduro, sino de preguntarnos qué significa que una potencia decida, por cuenta propia, cuándo y cómo “descabezar” gobiernos ajenos.
Aquí es importante separar dos planos que suelen mezclarse:
el fin y los medios.
El fin puede parecer justo: castigar delitos graves como el narcotráfico, la corrupción o las violaciones a derechos humanos. Pero los medios —la intervención militar extranjera— son profundamente problemáticos. La historia reciente nos ha enseñado que estas acciones rara vez traen estabilidad duradera. Al contrario: dejan vacíos de poder, instituciones debilitadas, más violencia y poblaciones civiles atrapadas en el caos. Irak y Libia no son excepciones, son advertencias.
El problema se agrava cuando este modelo se empieza a presentar como opción replicable. Tras lo ocurrido en Venezuela, el discurso estadounidense escaló rápidamente hacia amenazas abiertas contra otros países, incluido México, bajo el argumento de combatir al narcotráfico “de tajo”, incluso sin el consentimiento de los gobiernos involucrados. Eso no es cooperación: es intimidación.
Y aquí México entra en una zona crítica.
No es justificable la violencia que vivimos ni la corrupción e impunidad que la han permitido. Gobierno tras gobierno ha fallado en construir instituciones sólidas, combatir al crimen con seriedad y recuperar la confianza ciudadana. Esa realidad es innegable y profundamente dolorosa. Pero tampoco es aceptable que Estados Unidos actúe con hipocresía, señalando a México como único responsable de un problema que ellos mismos ayudaron a crear y sostener.
Gran parte del poderío armado y la capacidad operativa del crimen organizado en México proviene del tráfico de armas desde Estados Unidos. Un comercio laxo, mal regulado y altamente lucrativo que permitió que los grupos criminales pasaran de ser bandas a verdaderos ejércitos ilegales. Si se quiere hablar de soluciones reales, el control del tráfico de armas y la responsabilidad de empresas armamentistas no puede seguir fuera de la conversación.
La postura que México debe asumir no es ni sumisa ni estridente. Debe ser firme, clara y estratégica. Coordinación sí, intervención no. Colaboración bajo nuestras leyes, con respeto a nuestra soberanía y a nuestros procesos. Y, al mismo tiempo, exigencias concretas: frenar el flujo de armas, sancionar a quienes lo facilitan y asumir responsabilidades compartidas.
Porque no nos engañemos: México y Estados Unidos se necesitan mutuamente. Somos socios comerciales, económicos y sociales profundamente interdependientes. Un conflicto abierto perjudicaría a ambos. Ignorar eso no es valentía, es torpeza.
Cierro con una idea simple pero urgente: las intervenciones militares casi nunca resuelven los problemas que prometen solucionar. Dejan víctimas, inestabilidad y heridas difíciles de cerrar. La justicia no puede construirse sobre la ley del más fuerte. Si realmente se busca paz, seguridad y dignidad para los pueblos, el camino sigue siendo el mismo: derecho internacional, cooperación real y responsabilidad compartida.
“Estados Unidos no sale al extranjero en busca de monstruos que destruir.”
— John Quincy Adams
