La administración de Toranzo no gastó recurso del crédito de los mil 500 millones que solicitó Marcelo de los Santos Fraga casi al término de su gestión. El gobernador dijo que los diputados locales deben evaluar si Héctor Mayorga Delgado debe proseguir al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
A pregunta de si tras ello se pronunciaría en pro de la destitución de Mayorga, el Ejecutivo respondió: “yo estoy porque se aplique la ley. A mí me da mucho gusto que una investigación ciudadana, independiente, corrobore lo que nosotros manifestamos desde el inicio de nuestra administración”. Lo anterior luego que derivado de la petición que hace más de tres años formuló el notario público Eduardo Martínez Benavente, amparado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se conoció que el ex mandatario no dejó los 561 millones de pesos como reporto el ex secretario de Finanzas, Joel Azuara Robles, a la Auditoría Superior del Estado.
ASE debe determinar la “verdad legal” sobre los mil 500 millones: Matínez Benavente
La “verdad legal” en torno al destino del crédito marcelista de mil 500 millones de pesos “aún no está dada”, y ante los indicios de serias irregularidades en su aplicación, la Auditoría Superior del Estado “está obligada a rendir las conclusiones” de la Cuenta Pública 2009 a la brevedad, advirtió Eduardo Martínez Benavente.
El notario público, quien tras años logró obtener información sobre el ejercicio de esos recursos, dijo, en entrevista con La Jornada San Luis, que no hay razón alguna para que las conclusiones del informe final de auditoría de esa cuenta se encuentren inconclusas.
Aseveró que de acuerdo con la legislación en la materia “las conclusiones debieron estar listas en 2010, era cuestión de quince días, pero el auditor, Héctor Vicente Mayorga Delgado, lleva ya tres años”. El peticionario de la información dio respuesta a la postura oficial de la ASE en el sentido de que hay un manejo equivocado de la información, que dicha información está caducada y que se presta a interpretaciones erróneas.
Dijo que “los pliegos de información que ellos entregaron están vigentes desde el momento que no han resuelto después de tres años cuáles de las observaciones quedaron solventadas”. El que ha provocado “estas interpretaciones es la propia Auditoría con su indefinición dolosa, por su irresponsabilidad profesional en el mejor de los casos para resolver en definitiva algo que ha estado presente en los últimos años y que es de una cuantía mayor”, aseguró.
Señaló que la información recibida “nos permitió ponerle una pieza más al rompecabezas, con lo que concluimos que efectivamente la administración de Fernando Toranzo no recibió los 561 millones de pesos que tanto el auditor, como el ex secretario de Finanzas, Joel Azuara habían asegurado”.
En ese sentido, destacó que “la verdad legal aún no se conoce, y es responsabilidad de la Auditoría ofrecerla. Vicente Mayorga tiene que emitir un dictamen final lo más pronto posible, donde resuelva si el gobierno del doctor Toranzo recibió o no ese remanente, o en todo caso, qué cantidades recibió y sobre todo, definir a qué se destinó”.
Martínez Benavente subrayó que el titular de la ASE “ya debe deslindar responsabilidades”.
Para las causales de gravedad que señala la Ley de la Auditoría Superior del Estado para remover a su titular, Héctor Vicente Mayorga Delgado, por ejemplo, está clara la postura parcial de Mayorga Delgado a tomar como dogma o verdad absoluta el informe que recibió de Joel Azuara, en el que se decía que se había dejado un remanente de 561 millones de pesos al 26 de septiembre de 2009, lo cual es falso.
Por eso, “creo que este señor Mayorga está en una de las causales que señala la ley para ser removido del cargo”. Fue parcial, pues tomó en cuenta información de una parte y rechazo la información del secretario de Finanzas, Jesús Conde, donde afirmaba que no había recibido nada.
Destacó además que la ley sanciona la tardanza de la Auditoría para concluir el procedimiento de observaciones de la cuenta pública.
Mayorga está violando la ley pues tenía quince días para el procedimiento de desahogo de pruebas de las partes y ya lleva tres años con eso: “Es tiempo más que suficiente para un perito en cuestiones fiscales determinar las irregularidades”, señaló. A pregunta de entonces cuándo se debieron terminar las conclusiones del procedimiento, el notario dijo que “debió estar terminado desde el 2010”. Mayorga tiene toda la información del caso, tiene las versiones de los gobiernos de Marcelo y de Toranzo, es contador, y se supone que es un perito de la materia, “cualquier contador de medio pelo ya habría emitido una resolución y haber dicho quién tiene la razón”.
Es decir, aseguró, está claro que hay causales para ser removido pues “es un encubridor”, actuó de manera dolosa. El ex diputado local lamentó que en caso de que la ASE pueda concluir sanciones a ex funcionarios, “todo hace indicar que Marcelo de los Santos no será tocado, él no firmó cheques y probablemente no giró oficios para ordenar en que gastar el crédito. Aquí el responsable, sin duda, sería solamente Joel Azuara Robles”. Sin embargo, quienes sí tienen responsabilidades son los diputados que en su tiempo le autorizaron a Marcelo un cheque en blanco.
San Luis Hoy/ La Jornada
