Un juzgado de Sevilla dice que si hallan indicios de los delitos que denunció Emerita se actuará hasta sus últimas consecuencias.
El gobierno de Andalucía reiteró que la adjudicación de la mina española de Aznalcóllar, otorgada a la sociedad Minorbis-Grupo México, se hizo “conforme a derecho”, en tanto que la juez del caso admitió la personación en la causa de Ecologistas en Acción, y advirtió que irá “hasta las últimas consecuencias” si se confirma que hubo irregularidades en el proceso.
Así lo revela un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, luego de que la juez de instrucción número tres de Sevilla constatara “graves irregularidades” en el concurso para la explotación de la mina, que motivó que la semana pasada la presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, paralizara la adjudicación.
El documento recuerda todo el procedimiento, hasta que el 20 de febrero de 2015, tras el análisis del informe de la comisión técnica y teniendo en cuenta la puntuación obtenida por los licitadores, se propone como adjudicataria a Minorbis-Grupo México, al ser la entidad que mayor puntuación obtuvo, en detrimento de Emerita.
Señala que Minorbis “podía acreditar tanto la solvencia técnica y profesional como la económica o financiera presentando un documento de compromiso acreditativo de que contaría con los medios de Grupo México para la ejecución del proyecto minero, si bien la mesa del concurso tenía que examinar las pruebas aportadas por el licitador”.
El informe indica que la licitadora Minorbis presentó para acreditar su solvencia económica y técnica “copia del informe anual 2012 del Grupo México, empresa que cotiza en el mercado de valores de Estados Unidos, por lo que su información financiera es de carácter público, advirtiéndose en dicho informe que los fondos propios del grupo ascienden a 10 mil 90 millones de dólares, superando con creces el 30 por ciento del importe necesario para el anteproyecto presentado en esta fase del concurso”.
Además, subraya que, tras estudiar la documentación financiera facilitada por Grupo México, “confirma que dicha documentación acredita suficientemente la solvencia de la empresa extranjera”. No obstante, se explica que “a la vista de la poca claridad de dicho memorándum de entendimiento para acreditar la solvencia económica y técnica de la licitadora”, la mesa del concurso requirió a Minorbis para que acreditara documentalmente que, “en caso de resultar adjudicataria del concurso, la entidad Grupo México se comprometía a aportarle la solvencia económica-financiera y técnica exigida”.
Se detalla que la licitadora aportó una “declaración conjunta de compromiso”, en la que “quedaba claro que para la ejecución del proyecto, Grupo México respaldaba a Minorbis en los aspectos de solvencia económica-financiera y técnica exigidos conforme a las bases del concurso”.
Como parte de la investigación, la juez del caso pidió a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, “como responsable de las decisiones adoptadas” en el proceso de adjudicación.
Ese auto judicial de la magistrada fue emitido a raíz de la denuncia presentada por la empresa finalista de dicho concurso, Emerita, acusando al gobierno de Andalucía de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude.
Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641 millones de euros, frente a los 304 millones de euros ofrecidos por Minorbis-Grupo México.
El juzgado de instrucción número tres de Sevilla advirtió que si hallan indicios de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y negociación ilegal que denunció Emerita ante la magistrada, no se conformará con pedir responsabilidades a la directora general de minas, sino que acusarán también a sus superiores hasta llegar hasta la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Fuente: Milenio
