Un juez concedió la libertad bajo fianza a Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas que es reclamado por Estados Unidos por diversos delitos, y la Fiscalía General de la República anunció el viernes que interpondrá un recurso para impedirlo ante el peligro de que el acusado se dé a la fuga.
La FGR dijo que por la disposición del juez que beneficia a Eugenio Hernández (al que solo se refirió por su primer nombre por cuestiones legales) sólo le condicionó exhibir una fianza por cinco millones de pesos, que terminará en 10% de esa cantidad.
El exgobenador Hernández está acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, fraude bancario y operar un negocio de navíos sin licencia.
Eugenio Hernández, un político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010 y, como otros gobernadores de ese estado de intensa actividad de los cárteles delictivos desde hace décadas, está acusado en México de diversos delitos de corrupción.
La fiscalía indicó en un comunicado que “está interponiendo el recurso de revisión” contra el beneficio que otorgó el juez pero no descartó que pueda quedar en libertad cuando pague la fianza requerida “a pesar del evidente riesgo de evasión del buscado”.
El fallo se inscribe en una serie de polémicas decisiones judiciales que han beneficiado a personajes políticos de dudosa reputación y que han llevado al presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmar que el país cuenta con un poder judicial “podrido”.
Estados Unidos acusa a Ernández de establecer empresas ficticias para robar fondos públicos del gobierno de Tamaulipas mediante contratos falsos y de abrir cuentas bancarias en ese país por unos 15 millones de dólares para lavar el dinero sustraído, agregó la fiscalía mexicana.
México accedió a la extradición de Hernández desde 2018, después de que la autorizara un juez, pero como el exfuncionario apeló, la extradición se fue retrasando y ahora otro magistrado optó por concederle la libertad por lo que parece fue un defecto de forma derivado de esos retrasos.
La fiscalía calificó de “inadmisible” que se deje en libertad “a un fugitivo buscado por las autoridades de otro país, con una garantía ilusoria, que pone en grave riesgo de fuga al extraditable que ha cometido graves delitos internacionales… sólo porque el juicio se ha extendido” por las dilaciones provocadas por el propio extraditable.
En 2021, el predecesor de Hernández en el gobierno de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable en un tribunal de Texas de recibir más de 3.5 millones de dólares en sobornos y posteriormente lavar ese dinero en Estados Unidos.
La admisión de culpabilidad fue parte de un acuerdo con la fiscalía que retiró los otros siete cargos que tenía contra él y que incluían tratos con el Cártel del Golfo para permitir a este grupo introducir grandes cantidades de cocaína en ese país.
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