Un juez federal impidió que el gobierno de Donald Trump deportara de forma inmediata a niños migrantes guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos, en uno de los últimos capítulos de la disputa judicial sobre las políticas migratorias del mandatario republicano.
La decisión, emitida por el juez Timothy J. Kelly, llega tras el intento del gobierno a principios de septiembre de trasladar a estos menores desde refugios y hogares de acogida hacia Guatemala. Según Kelly, no existía evidencia de que los padres de los niños hubieran solicitado su regreso, como inicialmente alegó la administración.
Por su parte, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió la medida del gobierno, asegurando que buscaba reunir a los menores con sus familias y calificó la decisión del juez como “vergonzosa e inmoral”.
La orden judicial protege temporalmente a los niños guatemaltecos y extiende indefinidamente la restricción contra su deportación, aunque el gobierno puede apelar. Según los reportes, muchos de estos menores podrían haber sido víctimas de abuso, amenazas de muerte, violencia de pandillas o trata de personas, lo que motivó la intervención de defensores legales.
En una operación realizada el 30 de agosto, las autoridades notificaron a los refugios sobre la deportación y recogieron a los niños para transportarlos al aeropuerto. De los 457 menores inicialmente identificados, 327 fueron considerados para la deportación, y 76 llegaron a abordar vuelos hacia Guatemala.
Los abogados y defensores de los niños calificaron la acción como un riesgo grave para su seguridad y destacaron la importancia de los procedimientos legales existentes para proteger a menores vulnerables. “Esto fue una tragedia en ciernes que apenas se evitó gracias a los esfuerzos de defensores que alertaron sobre el peligro que enfrentaban los niños”, señaló Shaina Aber, directora ejecutiva del Acacia Center for Justice.
Actualmente, los niños bajo custodia permanecen en refugios supervisados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, mientras continúan los procesos legales para garantizar su protección y determinar su futuro.
