El juez de distrito James E. Boasberg expresó su sorpresa ante la alegación del gobierno de que sus instrucciones verbales no eran válidas, a pesar de que había emitido una orden poco antes para que los vuelos con deportados regresaran a Estados Unidos.
Este cuestionamiento se presentó cuando se discutía si el gobierno del presidente Donald Trump había ignorado una orden judicial que pedía el regreso de los aviones que transportaban deportados a El Salvador. La audiencia en la que se abordó este tema se dio tras la aplicación de una ley de 1798 invocada por Trump, lo que desató una disputa sobre si el gobierno estaba actuando dentro del marco legal.
Boasberg, visiblemente sorprendido por los argumentos del gobierno, afirmó que sus órdenes no debían interpretarse como solo aplicables a los vuelos dentro del espacio aéreo estadounidense, sino que también abarcaban los vuelos ya en el aire.
La situación surgió cuando el gobierno, tras invocar la ley para deportar inmigrantes vinculados con una supuesta pandilla, planeó deportaciones masivas, incluyendo a varios venezolanos, quienes temían ser deportados sin pruebas claras. Boasberg ordenó que cualquier vuelo con deportados en ese momento regresara a EE. UU. En un giro inesperado, algunos aviones ya estaban en ruta a El Salvador, sin haberse cumplido la orden de regresar.
El gobierno defendió su posición, indicando que la orden escrita de Boasberg llegó demasiado tarde para ser implementada. Por otro lado, organizaciones como la ACLU indicaron que la medida podría llevar a nuevas acciones legales para forzar la reincorporación de los deportados a EE. UU.
Mientras tanto, la situación no solo ha generado tensiones a nivel judicial, sino también a nivel internacional, ya que países como Venezuela y El Salvador se han visto involucrados en la disputa sobre el trato a los migrantes deportados.
En un contexto de creciente incertidumbre, Boasberg prometió registrar sus decisiones por escrito para garantizar el cumplimiento de sus órdenes. La disputa sobre la validez de las órdenes judiciales y la aplicación de la ley de 1798 sigue siendo un tema candente en el ámbito legal y político.
