Marcela del Muro
Un operativo de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo, el pasado 12 de septiembre, a Maleni Suárez Castillo, de 23 años de edad, que manejaba una camioneta Escape gris sobre la carretera 69 a la altura del campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en el municipio de Rioverde.
Durante el cateo no se encontró nada sospechoso; aún así, sin prueba de algún delito, sin reporte de robo de la unidad y sin una orden de aprehensión, Maleni fue detenida.
La señora Guadalupe se enteró ese mismo jueves de la detención de su hija. La madre, originaria del municipio de Cárdenas, tomó un taxi rumbo a Rioverde. Toda esa noche estuvo preguntando en distintas dependencias por Maleni, pero pudo verla hasta el viernes en la mañana.
“Estuvo bien raro. Ese viernes unos de la Guardia Civil, que eran dos hombres y una mujer, se portaron muy accesibles y buenas gentes, la dejaron platicar conmigo cuando fue y vino a la Fiscalía. Ellos (los policías) me dijeron: ‘ella mañana sale, señora’. Pero, cuando acuerdo, ya estaba saliendo en las noticias, detenida por secuestro”, cuenta Guadalupe.
Maleni le contó a su mamá que ese viernes en la tarde habló con el agente del Ministerio Público (MP). “¿Cuál es tu alias? ¿A qué te dedicas? ¿Te drogas? Sí, seguramente con cristal porque estás bien flaca”, comenzó a cuestionarla agresivamente el MP.
Supuestamente, en el asiento trasero de la camioneta se encontró a un hombre secuestrado. “Ella me dice, ‘yo iba sola, mamá, te lo juro’. Y yo le creo”, relata la señora Guadalupe.
“Un reporte del C4, sobre la posible privación ilegal de una persona del sexo masculino, movilizó a la GCE quien rescató a dicha persona y detuvo a una mujer como la posible responsable de este ilícito”, se lee en la publicación del viernes 13 de septiembre, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, donde aparece la foto de Maleni y de la camioneta.
El sábado, la madre contrató a una abogada. Mientras ellas firmaban el documento de la representación, vieron que se llevaban a Maleni a Ciudad Valles.
“Entonces, fui con ella a pedir la carpeta, pero no estaba en ningún lado. La abogada se fue a seguirla hasta Valles, pero no la dejaron verla, le cerraron las puertas. Me habla y me dice que se la acababan de llevar a Tancanhuitz. Así de fácil”, cuenta la madre.
La defensora intentó comunicarse con el MP, pero no contestó las llamadas ni los mensajes. El Centro Penitenciario Estatal de Tancanhuitz queda a más de dos horas del lugar donde vive la familia de Maleni, la prisión más cercana es en Rioverde y después Ciudad Valles.
La abogada tuvo acceso a la carpeta de investigación el domingo 15, a las 2 de la tarde; tres horas después, se llevó a cabo la primera audiencia, donde se vinculó a Maleni por secuestro.
“Ahora se tienen 144 horas para preparar la audiencia y los testigos, y andan buscando cámaras”, explica la señora Guadalupe.
La violencia criminal y los estragos en la vida de las mujeres
“De la narración de los hechos de la mamá de Maleni, se puede decir que su detención fue arbitraria e ilegal”, explica la abogada Raquel Charqueño, especializada en derechos humanos, pues a la joven se le detuvo sin una orden de aprehensión y tampoco es posible acreditar la flagrancia, es decir, no se le detuvo cuando se encontraba cometiendo un delito o después de realizarlo.
La abogada explica que es una detención arbitraria cuando se dejan de observar y proteger los derechos humanos de la persona y no se aplica la normativa interna del derecho penal; esto está reconocido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Según el último informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, presentado en julio de 2024, la detención arbitraria en México es una práctica generalizada.
“De lo que narra ella, en el tiempo que estuvo con elementos de la Guardia Civil no se le dijo por qué estaba detenida y, desde ahí, ya nos encontramos con una irregularidad en el proceso. Esto es muy grave, nos encontraríamos ante una criminalización sin ninguna base legal. Hay que observar el caso porque hemos sido testigas de muchos otros, en los cuales se empiezan estos tipos de procedimientos criminalizando a las mujeres y llevan a un sinfín de irregularidades en el proceso penal, que llegan a sentencias condenatorias sin que las mujeres hayan cometido algún delito”, señala Raquel Charqueño.
La colectiva Marea Verde SLP denunció el caso de Maleni en sus redes sociales, exigiendo que la joven tenga acceso a un proceso penal con perspectiva de género y respeto a sus derechos humanos. Olga Lucio, activista e integrante de dicha agrupación, comenta que en la Zona Medía existe una invisibilización de la violencia relacionada al crimen organizado y, según indican las cifras de personas desaparecidas en la región, impera la impunidad.
“En situaciones de extrema violencia son las mujeres las que suelen sufrir los estragos de esta. El caso de Maleni, similar a lo que le ocurrió a Sanjuana (Maldonado Amaya) hace 15 años, nos habla de cómo basta ser mujeres, en la hora y lugar equivocados, para terminar siendo víctimas de un sistema penal punitivista, al que poco le interesa el acceso a la justicia”, señala Olga.
Raquel coincide con Olga sobre el caso de Sanjuana y la gran similitud con la narración que hace la madre de Maleni sobre su detención. La abogada identifica un patrón de irregularidades.
Sanjuana fue detenida de forma arbitraria en el 2009, en plena guerra contra el narcotráfico, fue acusada de secuestro sin ningún fundamento, solo por el hecho de encontrarse afuera de una tienda departamental, después de que su expareja la obligara, de forma violenta, a acompañarlo a cobrar un rescate. Sanjuana vivió 15 años encerrada siendo inocente y pudo salir gracias a un indulto. El 18 de julio se le notificó que sus antecedentes penales serán cancelados, pues se le criminalizó y se le juzgó injustamente, sin perspectiva de género.
“Durante ese período (la guerra contra el narco), ante medidas que privilegiaban el fortalecimiento del sistema penitenciario y la ampliación de penas carcelarias, el incremento de la población en prisión constituía un indicador de éxito”, dice el dictamen antropológico del caso de Sanjuana. Lamentablemente, en la actualidad se siguen presentando las detenciones como un éxito de la estrategia de seguridad y se continúa criminalizando a las juventudes y a los sectores de la población que vive en contexto de pobreza y marginación, siendo las mujeres de las más vulnerables.
Raquel Charqueño explica que a las mujeres se les criminaliza y se les juzga de una manera más severa, porque “incumplen con el mandato de los roles de género socialmente establecidos”, en otras palabras, por no ser las hijas, madres y amas de casa sumisas y abnegadas que espera la sociedad. “Por el simple hecho de que se piense que cometieron un delito, se les trata como una aberración que tiene que ser castigada, entonces, las cargas punitivas son mucho mayores”.
“Las mujeres son juzgadas sin perspectiva de género, ignorando los entornos de violencia que las rodean y aplicando criterios discriminatorios. La justicia no puede ser ciega ante la realidad de las miles de mujeres que son criminalizadas en lugar de protegidas”, dice la publicación de Marea Verde.
Para la señora Guadalupe, el caso de Maleni es muy complicado y confuso; exige que su hija lleve un proceso donde se respeten sus derechos humanos, para que pueda comprobar su inocencia.
“Su único error fue haber sido buena gente y confiar, por eso se llevó esa camioneta. Pero ella no merece eso, ella es muy trabajadora, es emprendedora y siempre ha luchado por salir adelante”, dice la madre. El viernes 20 de septiembre es la próxima audiencia de Maleni.
