Marcela Del Muro
En el 2020, la comandanta Rosalinda Ávalos, de la entonces Policía Ministerial, fue asignada a investigar una de las zonas más conflictivas de la capital de San Luis Potosí, la delegación de La Pila, el aumento de los robos y asaltos con violencia afectaban diariamente a sus habitantes. Durante un rondín de rutina, la policía de investigación se topó con una camioneta con reporte de robo, hizo lo esperado, tras una breve persecución logró detener a los tripulantes, que eran compañeros de su misma corporación policiaca.
La comandanta notificó a su jefe, el director de la Ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, quien se mostró indiferente. En aquellos días, agosto de 2020, una manta y un vídeo atribuidos a un grupo criminal denunciaron la existencia del Cartel de la Ministerial, acusando a su director de liderarlos y de haber roto la tregua que tenía con los delincuentes. En ese contexto hostil, Rosalinda continuó investigando, a pesar de las amenazas de sus compañeros y sin contar con el respaldo de sus superiores, la consecuencia fue fatal.
El 11 de noviembre de 2020, tres civiles entraron a la fuerza a casa de Rosalinda, en Soledad de Graciano Sánchez, y balacearon a sus hijos. Daniela y Carlos, de 18 y 20 años, murieron en el momento y su otra hija fue herida de gravedad, pero logró sobrevivir. Esos civiles no iban solos, cuatro ministeriales a bordo de una patrulla indicaron cuál era la casa y otros dos civiles en motocicleta vigilaron mientras se producía el ataque.
A más de tres años del ataque armado que cambió el sentido de vida de Rosalinda, la justicia no ha llegado para ella y su familia. La aún policía de investigación acusa de irregularidades y dilaciones en su proceso, que la mantienen en un riesgo constante; pese al encarcelamiento de nueve personas, cuatro de ellos excompañeros de trabajo, señala que existen más funcionarios públicos y civiles implicados que están, supuestamente, siendo investigados, pero continúan en libertad. El nivel de riesgo para ella y su hija es alto, pues en estos años, otros tres policías fueron asesinados, dos de ellos estuvieron implicados en el hecho y, el otro, fue testigo presencial del doble homicidio. La madre y policía indica que la fiscal general, María Manuela García Cázares, se comprometió a brindarle medidas de protección, pero hasta ahora no ha sido notificada sobre ellas.
Tras enterarse que el Juzgado Primero de Distrito concedió un amparo, los primeros días de junio, que da la posibilidad de que uno de los presuntos asesinos salga libre, Rosalinda denuncia que se está haciendo tiempo para meter su Recurso de Revisión, que tiene más de un mes parado en dicho juzgado. No obstante, comenta, los amparos y recursos de los imputados son resueltos favorablemente y con agilidad.
“Los delincuentes tienen más derecho que nosotras, las víctimas. Me destrozaron la vida. Pero, aquí estoy, cada día sufriendo con el proceso, buscando esa justicia pronta y expedita, que solo se queda en una frase”, dice Rosalinda.
La madre de Daniela y Carlos señala que en la audiencia intermedia de otro de los acusados se excluyeron pruebas de reconocimiento realizadas por un policía de investigación en enero de 2021. Ella y su asesor de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) apelaron, pero esta fue negada por el Juzgado Primero. A finales de junio se ampararon en el Juzgado Segundo contra la resolución, pero fue rechazada y enviada nuevamente al primero. Así han pasado los días, mientras ambos juzgados se pasan la bolita, rechazando trabajar el caso.
“He ido a hablar a los juzgados, que sepan cuál es el contexto de mi caso, pero al enterarse cómo es la realidad empezaron a aventarse la papa caliente. No quieren responsabilidad y estoy siendo revictimizada. Voy a preguntar a los juzgados y me mienten en la cara, me dicen que sí lo van a trabajar”, relata la policía de investigación. El asesor de la CEEAV dice que ese ping pong con el amparo está estipulado en la Ley y que se tiene que respetar, sin embargo, no es algo habitual.
Para Rosalinda, que es policía de investigación, abogada y conoce bien los procesos, la respuesta reactiva, omisa y poco empática del Juzgado de Distrito es sospechosa. Ella pide que no se dejen corromper por delincuentes que ponen en peligro la seguridad de ella, su hija y de la población en general.
Con todo lo que ha vivido en estos años, la comandanta Ávalos dice que es necesaria una reforma al Poder Judicial, pues “en la mayoría de las ocasiones se maneja el nepotismo y no hay un concurso real para la elección de cargos”, además de conocer y sospechar sobre jueces corruptos. Sin embargo, no está de acuerdo con la reforma propuesta por el presidente López Obrador, “si fuera por elección popular, imagínese el tipo de candidatos que tendríamos, todos los que el narco pudiera infiltrar, necesitamos personas preparadas, debería de haber buenas convocatorias con muchos filtros”, comenta.
Durante el foro sobre la reforma al Poder Judicial Federal organizado por Morena, el pasado 15 de julio, el senador Ricardo Montreal aseguró que ya está involucrado el crimen organizado en los juzgados.
“Lo que queremos es sacudirlo de la influencia del crimen organizado, lo que queremos es que la Corte esté libre de intereses creados, de delitos de cuello blanco, de delincuentes del crimen organizado y de poderes fácticos que deciden la venta de la justicia al mejor postor”.
Mientras esta discusión se desarrolla, Rosalinda exige que las autoridades, el Poder Judicial Federal, la Fiscalía General del Estado y la CEEAV, realicen su trabajo y vean por la seguridad de la población, que no protejan a los delincuentes.
“Yo y mi hija necesitamos una vida tranquila, poder llorarle a mis hijos, esto está deteriorando mi salud. Es vivir con este constante sufrimiento de buscar la justicia y de andar penando por los juzgados. Además de ver sufrir a mi hija por el estrés postraumático y que pronto será intervenida quirúrgicamente”, relata la policía de investigación. A consecuencia del ataque, la hija de Rosalinda tiene una bala alojada en el brazo, será operada el 31 de julio, los gastos correrán por cuenta de la CEEAV.
