El Radar
Por Jesús Aguilar
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El 8 de marzo de 2025, México vibró con la fuerza de cientos de miles de mujeres que tomaron las calles en una jornada marcada por la sororidad, la indignación y la exigencia de justicia. En San Luis Potosí, la escena fue un reflejo del movimiento nacional: una participación creciente, un clamor que se multiplica cada año y un mensaje claro e inapelable: estamos hartas.
Entre los innumerables rostros que marcharon, el de Katia Balderas Nava encarna la brutalidad de la violencia machista y la impunidad que la perpetúa. Su historia, al igual que la de tantas mujeres, es la prueba irrefutable de que la justicia patriarcal en México es una grotesca simulación.
La noche del 29 de septiembre de 2024, Katia fue atacada con saña por su entonces pareja, Hernán. Con golpes y mordidas, le destrozó el rostro y le arrancó el 80 por ciento del labio inferior. Aquel episodio de terror se agravó con la negligencia institucional: el IMSS no pudo atenderla, obligándola a buscar asistencia en una clínica privada donde fue sometida a una cirugía de cinco horas.
Sin embargo, la segunda agresión llegó en forma de sentencia judicial. El 3 de enero de 2025, el juez que llevó el caso calificó sus lesiones como “mínimas” y negó la calificación de violencia de género, argumentando que su historial clínico solo mencionaba la reconstrucción del labio y no la mutilación. “El juez dijo que cuando un agresor mutilaba a una persona era para hacerla ver mal ante la sociedad, pero que yo no me veía mal”, relató Katia con impotencia.
El fallo, que permite al agresor continuar su proceso en libertad, la deja expuesta a un peligro latente. Hernán sigue acosándola en las calles y a través de redes sociales. “Me da miedo porque el último mensaje que me dejó decía que me quería ver y terminar con esto. Supongo que se refiere a terminar conmigo”, confesó. La única “protección” que las autoridades le han dado son medidas cautelares irrisorias: una visita mensual a su domicilio para verificar si está bien.
El caso de Katia no es aislado. Es el reflejo de una estructura judicial que minimiza la violencia de género, que convierte en burocracia el dolor de las víctimas y que otorga impunidad a los agresores. En cada 8M, las mujeres de México marchan no solo por sus derechos, sino por su derecho más básico: vivir.
La multitudinaria movilización de este año es la muestra de que el mensaje está claro: no se trata de un día conmemorativo, sino de una lucha diaria contra un sistema que perpetúa la violencia. Mientras el Estado siga operando como cómplice, las mujeres seguirán llenando las calles con su rabia, su dolor y su esperanza de una justicia real. Hasta que la justicia deje de ser una simulación, el grito no se detendrá.
En el año 2024, San Luis Potosí registró un incremento en los casos de feminicidio en comparación con el año anterior. Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), se documentaron 12 feminicidios, uno más que en 2023.
Este aumento refleja la persistencia de la violencia de género en la entidad.
En respuesta a esta problemática, el gobierno de San Luis Potosí anunció la creación de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva. Este nuevo organismo tiene como objetivo centralizar y fortalecer las políticas públicas dirigidas a la protección y promoción de los derechos de las mujeres en el estado. Se espera que, con su implementación, se mejore la coordinación interinstitucional y se desarrollen estrategias más efectivas para prevenir la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
Sin embargo, colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil han expresado escepticismo respecto a la eficacia de esta nueva secretaría. Argumentan que, sin un compromiso real y recursos adecuados, la creación de nuevas dependencias podría resultar en una mera simulación de acciones sin impacto tangible en la vida de las mujeres. La exigencia es clara: más allá de la creación de instituciones, se requieren acciones concretas y efectivas que garanticen la seguridad y el bienestar de las mujeres potosinas.
La historia de Katia Balderas Nava es un recordatorio de la urgencia de estas acciones. Su caso evidencia las fallas del sistema judicial y la necesidad de reformas profundas que aseguren una verdadera justicia con perspectiva de género. Mientras estas reformas no se materialicen, las mujeres continuarán alzando la voz cada 8M, exigiendo un cambio real y duradero en la sociedad.