El Radar
Por Jesús Aguilar
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Esta semana, el anuncio de una “celebración” por los siete años de gobierno de la Cuarta Transformación (4T), promovida por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, resonó en el país como una nota desafinada. Mientras el aparato político se prepara para el festejo, vastas regiones de México—particularmente en el occidente y el Pacífico, como Michoacán y Sinaloa—viven en un estado de excepción de facto, transformadas en auténticos teatros de guerra donde la única soberanía tangible parece ser la de los cárteles. No es tiempo de autocomplacencias ni de discursos triunfalistas. Es hora de detener la música, encender la luz de la realidad y reconocer que el modelo político heredado corre el riesgo de haberse reconstruido como un Frankenstein institucional, tomando las peores prácticas del antiguo régimen priista que gobernó por más de siete décadas.
El Espejismo del Centro y los Estados Fallidos
La narrativa del éxito, impulsada desde el centro, choca frontalmente con la evidencia territorial. En Michoacán, la región de Tierra Caliente no es solo una disputa territorial entre grupos criminales, sino un ejemplo de la profunda erosión del Estado de derecho. Los enfrentamientos no son escaramuzas; son batallas con armamento de calibre militar, donde las comunidades enteras quedan atrapadas en el fuego cruzado, obligadas al desplazamiento forzado o forzadas a la coexistencia bajo el yugo del crimen.
Según análisis de expertos en seguridad como el Dr. Edgardo Buscaglia, lo que observamos no es solo delincuencia organizada, sino un fenómeno de “gobernanza criminal”, donde las estructuras del Estado han sido cooptadas, neutralizadas o, peor aún, se han asociado en una simbiosis perversa. Esta debilidad estructural se replica en Sinaloa, cuna histórica del narcotráfico, donde el control territorial de los grupos se manifiesta en una impunidad cotidiana que desdice cualquier avance en materia de pacificación.
El académico Carlos Pérez Ricart, de la UNAM, ha señalado consistentemente que la estrategia de seguridad ha pecado de una doble omisión: la falta de una verdadera inteligencia financiera que desmantele la arquitectura económica de los cárteles y la dependencia excesiva en las Fuerzas Armadas sin una depuración paralela de las policías locales y los ministerios públicos. El resultado es un país donde la seguridad se militariza, pero la justicia se ausenta.
El Nuevo-Viejo Régimen: El Frankenstein Político
La 4T prometió desterrar la corrupción y la simulación del régimen anterior. Siete años después, la crítica analítica obliga a señalar que, en lugar de una transformación radical, se ha incubado un sistema que incorpora los vicios más oscuros del PRI hegemónico: el culto al líder, el clientelismo descarado usando programas sociales con fines electorales, la opacidad en grandes obras de infraestructura, y la centralización absoluta del poder.
La metáfora del Frankenstein es precisa: se han injertado las peores partes del viejo aparato—la impunidad selectiva y la persecución política—a un nuevo cuerpo que utiliza la legitimidad popular como escudo. El combate a la polarización no es solo una recomendación ética, es un imperativo para la sobrevivencia democrática. La constante descalificación y persecución de ciudadanos, periodistas u opositores que alzan la voz, lejos de fortalecer al gobierno, lo debilita al vaciar el espacio del debate público, que es el oxígeno de toda república. La libertad de expresión no es una concesión; es el termómetro cívico que evita la explosión social.
La Arquitectura de la Impunidad: Huachicol y Redes Políticas
Aquí es donde la crítica debe ser incisiva y sustentada. La promesa de combatir la corrupción a gran escala ha tenido un punto ciego que se extiende como una mancha negra sobre el legado saliente: la omisión en el combate al llamado huachicol fiscal o el contrabando masivo de combustibles con fraude aduanal. Este no es un delito menor; es una red criminal de miles de millones de dólares que financia estructuras políticas y del crimen organizado a niveles insospechados.
La protección de esta red, que ha sido señalada por analistas y expertos fiscales, y la consecuente impunidad que ha rodeado a figuras clave del pasado gabinete presidencial, como Adán Augusto López Hernández, y sus presuntas redes de negocios y políticos regados en toda la República, es el talón de Aquiles moral de la 4T. La evidencia de redes de narco-políticos es abundante, documentada por la sociedad civil y el periodismo independiente, y su permanencia en el sistema es la prueba más clara de que la depuración prometida nunca se concretó.
La Oportunidad Histórica de la Humildad
El país no puede esperar. La sociedad civil, la academia y el periodismo tienen la obligación de preservar la república a pesar de sus políticos. El verdadero festejo será cuando los ciudadanos de Michoacán y Sinaloa puedan transitar sus carreteras sin miedo, cuando la justicia deje de tener apellido y cuando el erario deje de alimentar las redes criminales.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este no es un momento de celebración heredada, sino de responsabilidad histórica. La victoria en las urnas le otorga el capital político para hacer lo que su antecesor omitió: aceptar la realidad de una nación herida, dejar de invertir energía en la persecución de opositores y promover la unión nacional bajo el único estandarte de la ley.
Es hora de depurar, con rigor ético y apoyo de expertos independientes, el sistema plagado de corrupción y narco-políticos.
Claudia tiene una gran oportunidad de romper con la inercia, desmantelar la arquitectura de la impunidad del huachicol fiscal y demostrar que su gobierno no será una extensión del Frankenstein, sino el inicio de una verdadera refundación cívica.
La fiesta puede esperar; la reconstrucción de la paz y la justicia es urgente e impostergable.
