El Radar
Por Jesús Aguilar
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El sistema de pensiones en San Luis Potosí enfrenta una crisis estructural que amenaza su sostenibilidad financiera. En el centro de esta problemática se encuentra la llamada “Casta Dorada” de jubilados, beneficiarios de acuerdos opacos y privilegios desmedidos otorgados durante las administraciones estatales del PRI y del PAN. Estas concesiones, derivadas de arreglos entre las autoridades y los sindicatos burócratas, han llevado a que algunos exfuncionarios perciban pensiones mensuales que superan los 120 mil pesos, una cifra que está muy por encima de los estándares razonables en cualquier sistema de seguridad social.
Un Golpe Financiero al Sistema de Pensiones
De acuerdo con documentos oficiales de la Dirección de Pensiones, al menos tres ex trabajadores—Roberto Escalante Cuéllar (121 mil pesos), Elodia Ortiz Cedillo (120 mil pesos) y Carlos Cuevas Gómez (casi 119 mil pesos)—encabezan la lista de los jubilados con mayores ingresos. Además, hay al menos otros 44 beneficiarios que reciben pensiones superiores a los 80 mil pesos. En total, estas cifras representan un gasto mensual superior a los 5.18 millones de pesos, una carga desproporcionada que afecta directamente la capacidad del sistema para atender a otros pensionados y cumplir con sus compromisos.
¿Es legal? Está en el márgen y en el abuso pero sí, ¿Es justo para un estado atorado en esta circunstancia? Absolutamente NO.
Arreglos Oportunistas y Beneficios Excesivos
El origen de esta crisis se remonta a los acuerdos secretos y negociaciones políticas entre los gobiernos de Juan Manuel Carreras López, Fernando Toranzo, Marcelo de los Santos, y los sindicatos adheridos al Gobierno del Estado. Estas administraciones permitieron la creación de puestos sindicalizados con sueldos exorbitantes, además de otorgar incrementos salariales y beneficios desproporcionados justo antes de la jubilación.
Como hemos documentado en el pasado https://antenasanluis.mx/los-abusos-inclementes-del-sindicalismo-burocratico-2/ en algunos casos, se autorizó un incremento de hasta el 20% sobre el sueldo tabulado para que los trabajadores pudieran obtener pensiones infladas, sin considerar el impacto que esto tendría en la estabilidad financiera del sistema.
La Responsabilidad de los Sindicatos Burócratas
Los sindicatos burócratas, tradicionalmente aliados de las élites políticas, jugaron un papel clave en perpetuar este sistema de privilegios. En lugar de velar por los derechos de todos los trabajadores, negociaron beneficios exclusivos para una élite dentro de sus filas. Esto no solo generó una inequidad al interior de la burocracia estatal, sino que también contribuyó a la descapitalización de los fondos de pensiones. Los arreglos entre líderes sindicales y las administraciones estatales se convirtieron en una práctica recurrente, caracterizada por la falta de transparencia y el desprecio hacia las condiciones reales de los recursos públicos.
El Esfuerzo por Contener el Daño
Al inicio de la administración de Ricardo Gallardo, el actual gobernador se enfrentó a esto de manera diferente y disruptiva, y si bien su gobierno ha intentado contener el daño, la magnitud del problema requiere reformas estructurales que no han sido plenamente implementadas. Incluyendo un marco legal distinto, para el cual hoy no hay pretextos pues tiene una mayoría clave en el Congreso Local.
Estas reformas deberían incluir la revisión de las pensiones más altas, la eliminación de prácticas corruptas en los acuerdos sindicales y la promoción de un sistema de pensiones más equitativo y sostenible.
Impacto Social y Económico
La perpetuación de estos abusos tiene consecuencias graves no solo para el sistema de pensiones, sino para toda la población de San Luis Potosí. Los recursos destinados a cubrir estas pensiones exorbitantes podrían ser utilizados para mejorar servicios públicos esenciales como salud, educación e infraestructura. Además, la percepción de injusticia alimenta el descontento social y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales.
¿Qué Sigue?
La crisis del sistema de pensiones en San Luis Potosí es un ejemplo claro de cómo las decisiones políticas tomadas sin visión a largo plazo pueden tener repercusiones devastadoras. Para garantizar un futuro más justo y sostenible, es necesario enfrentar con firmeza a los intereses creados y establecer reglas claras que prioricen el bienestar colectivo sobre los privilegios individuales. Solo con medidas contundentes será posible romper el ciclo de abusos sistemáticos que han caracterizado a los sindicatos burócratas del estado.
