EL RADAR
Por Jesús Aguilar
Tras las elecciones del domingo, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció que el Partido Verde obtendrá 74 escaños en la próxima legislatura, lo que lo convierte en la segunda fuerza en el Congreso, detrás de Morena.
Les guste o no este resultado tiene que ver con la gran aportación de votos que el único estado “verde” del país, San Luis Potosí aportó en la elección federal, el triunfo de Ruth González de Gallardo y la dósis aportada directamente a Claudia desde el terruño.
Con esta ganancia, el controvertido partido Verde, superan en dos escaños al PAN y en 40 al PRI. A pesar de que sólo compite en un tercio del país y en el 12% de los distritos electorales, el Partido Verde aumentó sus diputados en 34 respecto a 2021 y ganó seis escaños en el Senado, con lo que podría llegar a 14 en total.
Aunque el Partido Verde obtuvo ganancias sustanciales, su ascenso es visto con escepticismo por algunos. Los críticos sostienen que el éxito del partido se debe en gran medida a su disposición histórica a alinearse con el mejor postor para obtener beneficios económicos. Sus alianzas políticas han pasado de apoyar a Vicente Fox en 2000, a Enrique Peña Nieto en 2012, a respaldar a Andrés Manuel López Obrador en las últimas elecciones.
Todos sabemos ahora que triunfa con esto el pragmatistmo, compran espacios o los venden de forma estrictamente utilitarista. El Verde, hay que recordar, ni es un verdadero partido, ni es ecologista, es una oficina de acomodos y negocios políticos viva y hoy más que nunca altamente rentable.
El tema central del análisis postelectoral es la sobrerrepresentación en el Congreso, una preocupación importante para el país y para la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
El concepto de sobrerrepresentación, regulado desde 1996 para garantizar que los partidos no rebasen su votación proporcional en más de 8%, está bajo la lupa. Los investigadores Javier Martín Reyes y Juan Jesús Garza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacaron que rebasar este límite atenta contra la integridad de la Constitución.
La sobrerrepresentación permite a los grandes partidos ampliar su influencia colocando candidatos bajo las banderas de partidos más pequeños, que a cambio obtienen escaños legislativos y beneficios económicos. Esta ganancia mutua, sin embargo, priva de derechos a los ciudadanos al distorsionar el verdadero mandato electoral.
Cuando hoy la discusión es el valor del contrapeso en el Congreso y la discusión del anunciado Plan C, la falta de certidumbre para los mercados y el sector privado que sostiene al gobierno con su alta carga fiscal, el asunto es una bomba de tiempo.
En las recientes elecciones, Morena, el Partido Verde y el PT superaron colectivamente el límite constitucional en un 18%. Se observaron sobrerrepresentaciones específicas: Morena con +8%, el Partido Verde con +6% y el PT con +5%. Mientras tanto, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano se enfrentaron a una subrepresentación.
Se espera que el debate sobre estos resultados electorales llegue a los tribunales. Los partidos en el poder argumentan que no violaron individualmente el límite constitucional. Las estrategias de la oposición pueden consistir en instar al Tribunal Electoral a que considere a estos partidos como una coalición o a que evalúe la afiliación efectiva basándose en la afiliación previa, como se ha visto en elecciones anteriores.
La resolución de esta cuestión es crítica para la integridad democrática del país. Si los tribunales favorecen el argumento de la afiliación efectiva, Morena podría perder un número significativo de diputados, lo que afectaría a los planes de reforma constitucional de López Obrador. El resultado sigue siendo incierto, dependiendo de si el Tribunal Electoral avala o desestima las impugnaciones.
¿Y en San Luis? ¿Podríamos estar discutiendo también la sobrerepresentación del Partido Verde? ¿El MORENA de Rita Ozalia subsistirá? ¿Con quien lo tripule habrá ahora sometimiento o legítima oposición?
