El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, señaló que esta instancia analizará la cuenta pública de la gestión del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, para determinar si hay anomalías en el manejo de recursos federales.
En el Tercer Encuentro Nacional de Auditores por Desempeño, dijo que la cuenta pública tabasqueña “es vigilada por la Comisión de Vigilancia del Congreso de la Unión, para que dentro de las facultades que tenemos, de considerarse que son recursos públicos federales, podamos intervenir”.
Indicó que esa intervención tiene sustento en “una denuncia y que corresponde supuestamente a recursos del ejercicio fiscal de 2012″, información que recibieron el pasado 2 de este mes, y que “estaremos en posibilidad de la revisión de este año”.
Adelantó que los resultados se presentarán en febrero de 2014, “no porque evadamos nuestra responsabilidad, sino porque este es el mecanismo establecido constitucionalmente”.
Portal Martínez aclaró que las entidades de fiscalización superior tienen como tarea garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos; sin embargo, advirtió que la mayoría de las entidades carece de recursos y de una independencia plena para hacer su trabajo.
Necesitamos, destacó, “que sea independiente quien audita, pero en la actualidad lo que notamos es la carencia no sólo de autonomía técnica, sino además de gestión”.
Para el caso Tabasco, destacó, se investigarán aquellos recursos que sean 100 por ciento federales y “vamos a revisar el proceso desde su autorización en el parte central, así como su transferencia de la Secretaría de Hacienda a la Tesorería, hasta su aplicación”.
Refirió que el año anterior se realizaron mil 100 auditorías de todos los tipos y tamaños y “si hablamos de fondo federal transferido para salud, educación y seguridad, en ellas hay un número importante de acciones, observaciones de recuperación”.
“En aquellos casos donde no se pueda hacer la recuperación y no se hace la corrección, puede haber denuncias, de las cuales en el 2011″, refirió, al recordar que el año antepasado se presentaron 134 denuncias.
Manifestó que en el caso específico de la llamada Estela de Luz, “se vuelve a indicar ayer que hay nuevamente órdenes de detenciones, pero son denuncias no presentadas por nosotros”.
Las nuestras, continuó, “corresponden al proceso de licitación que se hizo por adjudicación directa, es una falta administrativa y tal vez no llegue a lo penal, salvo que se demuestre que hay un daño o un perjuicio”, dijo.
