Por Chencha
En el ecuador del sexenio de Ricardo Gallardo Cardona, el gobierno estatal de San Luis Potosí enfrenta una tormenta silenciosa, pero profundamente corrosiva: un agujero financiero que amenaza no solo la estabilidad institucional, sino la credibilidad del discurso oficial que presume orden administrativo y respaldo irrestricto a sectores como la educación.
A estas alturas, la falta de pagos adecuados a proveedores, prestadores de servicios e instituciones públicas ha dejado de ser un rumor de pasillos para convertirse en una herida abierta en la relación del gobierno con el sector productivo. Cada mes se suman nuevas voces empresariales que reclaman la ausencia de certidumbre, la opacidad en la planeación presupuestaria y la lentitud de los pagos.
Esta parálisis financiera no solo afecta a quienes prestan servicios al gobierno, sino que erosiona la economía regional y, de paso, mina la confianza de posibles inversionistas.
Uno de los casos más alarmantes, por su simbolismo y repercusiones estructurales, es el de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la institución educativa más importante del estado y una de las más reconocidas del país. A pesar de los mensajes constantes del gobierno sobre su supuesto apoyo a la educación pública, los hechos apuntan a lo contrario: en los primeros seis meses de 2025, la administración estatal adeuda más de 150 millones de pesos a la UASLP, según cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El discurso de la Secretaría de Finanzas, ahora bajo la titularidad de Ariana García Vidal, una funcionaria originaria del Estado de México e importada junto a un grupo de operadores foráneos vinculados al Partido Verde, intenta maquillar el rezago con cifras parciales y boletines triunfalistas. García Vidal sustituyó en el cargo a Omar Valadéz quien tenía bajo hilos un control férreo de la disciplina financiera, quien a su vez había recibido la oficina de manos de Salvador González Martínez quien justamente se dedicó más a la vida de Bon Vivant que a remediar el flujo de la operación financiera estatal, todos parte de un esquema rotativo de control presupuestal que poco tiene que ver con la realidad potosina y mucho con intereses ajenos a la entidad.
¿A Ariana García Vidal y a sus compinches les importará un carajo lo que le pase a la economía del estado, incluso al legado Gallardista con su extraño y opaco manejo?
Desde que esta nueva administración financiera tomó el timón en septiembre de 2021, el problema no ha hecho más que profundizarse. Se habla de “apoyos extraordinarios” por 107 millones de pesos, pero esa cifra, que incluye incrementos de años pasados y ajustes presupuestales obligados, no alcanza ni para cubrir una cuarta parte del adeudo real acumulado, que ya supera los 662 millones de pesos en lo que va del sexenio.
Más aún: lo que Sefin presenta como incrementos presupuestales voluntarios, son en muchos casos correcciones impuestas para paliar recortes previos, lo cual desnuda la fragilidad de las finanzas estatales y revela una narrativa oficial que se cae a pedazos frente a los datos federales.
Ya se sabe de fuentes confiables que incluso se han venido rechazos sistemáticos de grandes bancos para otorgarle un crédito que hoy parece no necesario, sino absolutamente indispensable al menos para cerrar hacia el 2027, un escenario al menos manejable.
El caso de la UASLP no es aislado. Es el ejemplo más visible —y grave— de una estrategia de simulación financiera que comienza a hacer agua por todos lados. Proveedores sin cobrar, contratistas que paralizan obras por falta de pagos, instituciones que ajustan sus operaciones por retrasos sistemáticos en las transferencias. Todo esto mientras el gobierno presume récords en gasto social, megaeventos, remodelaciones y repartos masivos de apoyos.
La contradicción es insostenible. No se puede hablar de respaldo sin límites cuando se incumple con lo básico. No se puede hablar de orden financiero cuando los adeudos crecen y los pagos disminuyen. Y no se puede hablar de progreso cuando se debilitan los pilares de la formación académica, la investigación y el desarrollo científico.
El contexto económico nacional no es sencillo. Es cierto. Pero el problema en San Luis Potosí no es solamente de recursos escasos, sino de falta de planeación, de mala distribución y de una administración que ha privilegiado el gasto mediático por encima del gasto estructural. En vez de invertir en lo que transforma, se gasta en lo que se ve.
A cuatro años de iniciar esta administración, urge una nueva fórmula financiera desde la Secretaría de Finanzas, una que realmente represente los intereses de los potosinos y no de operadores políticos del centro del país. Una fórmula realista, honesta, centrada en recuperar la confianza perdida. No basta con boletines coloridos. Se necesita una auditoría profunda del gasto estatal, transparencia en las asignaciones, un calendario de pagos creíble, y sobre todo, voluntad política para reconocer los errores y corregir el rumbo.
San Luis Potosí aún puede evitar que este agujero financiero se convierta en una fosa de estancamiento. Pero para lograrlo, se requiere dejar atrás la narrativa complaciente y afrontar con responsabilidad las complejas circunstancias que el propio gobierno ha ayudado a construir.
La educación pública, los proveedores locales y el bienestar institucional no pueden seguir siendo las víctimas silenciosas de una administración que ha confundido visibilidad con efectividad.
Porque al final, los discursos no pagan deudas… y los retrasos sí pasan factura.
