De enero de 2009 a diciembre de 2012, cuatro años completos, el Ayuntamiento de San Luis Potosí pagó 3 mil 774 procedimientos quirúrgicos en una decena de clínicas y hospitales, además de uno que otro consultorio. La nómina municipal anda en los cinco mil empleados, entre sindicalizados, de base, de confianza y agentes policiacos. Que cinco mil empleados hayan generado demanda de 3 mil 774 cirugías en cuatro años es de suponer entonces que el Municipio tiene una plantilla laboral enfermiza y aficionada irredenta a los quirófanos.
En el primer año de referencia, 2009, la lista de procedimientos quirúrgicos reconocida por el Ayuntamiento suma 664 y 681 en 2010; en 2011 los procedimientos quirúrgicos se disparan a mil 112 y en 2012 suman mil 317. De 2009 a 2010 el número de procedimientos quirúrgicos pagados por el erario municipal a empleados y sus familiares creció sólo 2.56 por ciento, pero al año siguiente se desató la epidemia de cirugías porque sumaron 63.28% más que en 2010. La epidemia del quirófano todavía creció otro 18.4% como despedida de la administración labastidista.
A partir de mayo de 2010 se observa en las listas que el proveedor de estos servicios al Ayuntamiento es uno solo, el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud.
En los espacios para la descripción de las intervenciones registradas no hay una mención directa a procedimientos de tipo meramente estético, sea por su denominación médica o por como las llama el común. En ninguna parte del listado están operaciones como abdominoplastias; lipoesculturas o liposucción; implantes de senos o mamoplastia de aumento; rinoplastia o cirugía de la nariz; ritidectomía o estiramiento facial o del cuello.
Hasta que se hizo público que entre estas intervenciones pagadas con recursos públicos hubo casos de mero capricho estético con cargo al erario, la Oficialía Mayor del Ayuntamiento salió a decir que una docena de empleadas, todas mujeres, habían sido despedidas como sanción por beneficiarse del “boom” del bisturí. De la liquidación que les tocaba se les descontó el costo del “tuning” que algún funcionario les autorizó, fuera en calidad de cuatachas, amigas, intercambio de intereses políticos o favoritas del corazón.
Pero doce empleadas de un total de cinco mil que tiene el Ayuntamiento no pueden ser responsables de un crecimiento de 98.3 por ciento en el número de procedimientos quirúrgicos pagados por año de 2009 (664) a 2012 (mil 317). Por muy generosa que hubiera sido la “tuneada” quirúrgica para esas damas, no da para esas cifras. Los beneficiados del embellecimiento subsidiado son más y no nada más mujeres.
Si en los conceptos de las operaciones practicadas no aparece claramente alguna cirugía de orden meramente estético, hay en cambio procedimientos que los observadores de estas listas han puesto bajo sospecha. Los médicos que realizaron estos trabajos, y cobraron por ello, no iban a ponerlo en el registro; se trató de que el cirujano se puso a modo para prestar un servicio y cobrarlo como otro.
En las listas, detrás de una plastia inguinal o abdominal con malla; de una “FX nasal” o fractura de nariz; de un correctivo para sinusitis o “reparación secuela de trauma facial” o de una resección de varices, se supone que hubo lipoesculturas y liposucciones, rinoplastias, blefaroplastias y modelados de busto y glúteos.
Hay otra lista, de costos por procedimiento, lamentablemente incompleta para efectos comparativos de los cuatro años en referencia. Ahí es posible hallar diferencias de cobros de procedimientos similares que no estaría mal aclarar. Con sólo un mes de diferencia, por ejemplo, el Ayuntamiento pagó tres cesáreas de 6 mil 704.50, 21 mil 861.05 y 57 mil 349 pesos, demasiada variación de precios entre una y otra. Una plastia umbilical cuesta 2 mil 849 pesos con 93 centavos un día y en la misma fecha registran otra por más de 40 mil pesos.
En febrero de 2010 hay una operación que debió ser un portento quirúrgico: una artroplastia total de la rodilla izquierda por 643 mil 373 pesos con 19 centavos. En ese mismo mes, otro registro del mismo procedimiento a precio de saldo: mil 311 pesos con 16 centavos.
En enero de ese mismo año, hay registrada una laparotomía exploratoria, un procedimiento para diagnosticar problemas de salud en el abdomen o tomar una biopsia, por un millón 363 mil 231 pesos con 97 centavos. Dos meses después, en marzo, otra laparotomía exploratoria por 57 mil 958 pesos con 76 centavos. ¿Qué tan confiable puede ser su registro oficial de gastos médicos con variaciones abismales de costos por el mismo procedimiento? Las diferencias registradas son como ir del yerbero en el mercado al M.D. Anderson de Houston o el Hospital de la Universidad John Hopkins.
Si el rastro de las cirugías estéticas no está claramente expreso en estos documentos del Ayuntamiento, ¿cómo es que se dieron cuenta de la fiebre estética de la anterior administración? ¿A quién hicieron confesar los acuerdos entre médicos y funcionarios para efectuar estas operaciones? Suena imposible que los cirujanos involucrados hayan sido engañados para que cobraran un estiramiento facial como plastia de hallux valgus o juanetes. El asunto tiene muchas más responsabilidades que las atribuidas a doce empleadas despedidas sin liquidación.
Apenas sí cobró nivel de escándalo el caso y afloró la exigencia de los nombres de los beneficiarios de las cirugías y de los funcionarios que las autorizaron. De los últimos, hay señalamientos sin constancia documental, puros “díceres”.
Sobre las y los beneficiarios el Ayuntamiento no revela identidades porque se teme a la nueva reglamentación del IFAI en cuanto a datos personales, estricta en materia de expedientes médicos y que puede derivar en demandas millonarias por no observancia. Habrá que explicarle a los contribuyentes potosinos que sus aportaciones al erario municipal sirvieron para pagar la “tuneada” de alguna amiguita de un funcionario, o de un funcionario o funcionaria, pero no le será posible saber quiénes son porque los protege la reserva de su expediente médico.
El oficial mayor municipal dice que no es para tanto en gasto el caso de las cirugías. Si se limita a las doce cabritas de expiación que despidieron, a lo mejor hay razón, pero las cifras del creciente gasto en procedimientos quirúrgicos no permiten dar por cierto que las beneficiarias hayan sido una docena de trabajadoras municipales y nadie más, ni “amigas” sin relación laboral con el Ayuntamiento, ni personal directivo o funcionarios.
El regidor panista Marco Zavala puso el asunto en manos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. A ver con qué batea de babas nos salen sus investigadores andando el tiempo, como ya es usual y vistos los casos de ex alcaldes cuyas cuentas públicas ameritan tratamiento penal.
Pobre, muy pobre respuesta la del Ayuntamiento si se limita a coscorronear a una docena de subordinadas guapillas gracias al poder de la firma de personajes intocables, con más peso y poder.
El manoseo y abandono posterior del asunto en un cajón para que se olvide es feo por donde se le quiera ver. Una fealdad que ya harta.
Si no van a fondo por ética, por lo menos que sea por estética.
ROLLOS SUELTOS
OTRO VIAJERO. Diputados y voceros legislativos no son los únicos funcionarios potosinos que viajaron a Japón. También anda por allá, con otros fines, el secretario de Gestión Ambiental, Manuel Barrera Guillén.
ASUNTOS LÍQUIDOS. Aseguran que el viaje del titular de la cartera ambiental está relacionado con sistemas de tratamiento de aguas residuales y de recolección de aguas pluviales para aprovechamiento. Se supone que en gasto y agenda nada, pero nada, tiene de relación con los de los encajosos diputados potosinos. Con que no le de por mandar fotitos turisteras con comentarios ñoños.
CHAMBAMEX. Extraño “dejar hacer” de la autoridad estatal sobre el caso Chambamex de campesinos defraudados con la promesa de trabajo en los Estados Unidos. El pasado domingo 31 de marzo el Mando Único Policial en la zona Media, detuvo como responsable de este fraude a Tomas Martínez García, Carlos Alberto García Cortes y al ex aspirante a la presidencia de la CEDH, Francisco Atala Dewey.
CONEXIONES. Tomás Martínez García es cercano al diputado federal Óscar Bautista Villegas, para quien trabajó en el Congreso en la legislatura pasada, como su asesor. Los detenidos salieron libres y hasta alegaron excesos policiacos, pero los afectados los reconocen como quienes los atrajeron al fraudulento programa.
TIMADOS. Chambamex operaba en Rioverde en un local señalado como propiedad de una funcionaria del Ayuntamiento. La denuncia la hicieron 300 campesinos a quienes les cobraron 8 mil pesos con la oferta de un trabajo formal en EU y Canadá, aunque el número de denunciantes ha crecido.
ACUSAN A DIPUTADO. El lunes 1 de abril, un centenar de defraudados por la empresa Chambamex se manifestaron en la Subprocuraduría de Justicia en Rioverde para exigir justicia. Portaban pancartas donde acusaban a Oscar Bautista como parte de este timo por su relación con el cenecista Tomas Martínez.
CUAC, CUAC. Pero por parte del Gobierno del Estado, hay una cierta dejadez sobre el asunto. ¿Pues no que este es el “Gobierno de los pobres”? Ya se viera.
LA FAMILIA PRIMERO. Vaya reacción de una funcionaria de la SCT estatal por la detención de un taxi pirata, pues además de gritonearle a todo mundo por aplicar la ley, ordenó la inmediata liberación de quien lo conducía… nada menos que su papá.
