El Radar
Por Jesús Aguilar.
Hace unos días sucedieron eventos paralelos que nos convocaron a esta reflexión.
Por un lado la Reforma Judicial se amarró con la decisión de la Corte de no rasurarla y con todo y exabruptos presidenciales sobre el costo en el INE, la elecciones de juzgadores va.
Por otro, en San Luis se dio un insípido y casi hueco informe anual de la Fiscalía que encabeza Manuelita García Cazares.
La verdad es que no hay más que sentarse con menos apasionamiento y más claridad con los dos temas encima para entender su infortunada relevancia, pero hay algo más.
El poder judicial mexicano y el sistema de justicia potosino enfrenta un reto crucial: garantizar la justicia y la igualdad ante la ley.
Sin embargo, la realidad revela una imagen distinta: La corrupción, la impunidad y la falta de transparencia han erosionado la confianza en el sistema judicial. La Fiscalía se atascó sin remedio y su mentada autonomía es una vacilada.
Según estadísticas oficiales, en 2022, solo el 12% de los delitos denunciados en México llegaron a juicio. Esto sugiere una falla en la cadena de justicia, donde la impunidad reina. La cifra es alarmante, ya que más de 88% de los delitos quedan sin castigo.
La corrupción es un cáncer que devora el sistema judicial. Un informe de Transparencia Internacional reveló que el 71% de los mexicanos considera que la corrupción es un problema grave en el poder judicial.
Por eso a Sheinbaum se le resbala lo que se haya generado en la contra reforma fallida. Hay mucho más importante de que ocuparse en el México post AMLO y post Mayo.
Para la mayoría de la ciudadanía, sobrevivir.
La alerta a tiempo implica que hoy se viva y se herede la falta de independencia de los jueces, la manipulación de evidencia y la influencia de intereses políticos y económicos.
La falta de transparencia es otra barrera para la justicia. La opacidad en los procesos judiciales y la falta de acceso a la información pública obstaculizan la rendición de cuentas.
En un estado como San Luis con cero en observación de la transparencia obligada, las cosas no están mejor. Un estudio de la organización “México Evalúa” encontró que solo el 22% de los tribunales estatales cumplen con los estándares de transparencia.
El legado de la impunidad ha generado una cultura de violencia y desconfianza. La sociedad mexicana demanda justicia, pero el sistema judicial no responde. La falta de confianza en las instituciones es un obstáculo para el desarrollo y la estabilidad del país.
En San Luis el hoyo es profundo y oscuro, somos el peor poder judicial del país, la ex Presidenta del mismo es la Fiscal y uno de sus peores ex líderes sigue siendo magistrado, otros solo piensan en su jubilación por adelantado y jamás lo hicieron en su legado.
La cifra es escalofriante : De acuerdo con el reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los asuntos remitidos, los Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE), ochenta corresponden a imputaciones contra adultos y 16 contra adolescentes.
La justicia no puede ser ciega, debe ser transparente y equitativa. El poder judicial de San Luis debe quitarse prerextos y funcionar. Ojalá la sacudida de la Reforma y los cambios inminentes sean la purga necesaria para que por fin asuman su responsabilidad y trabajar para restaurar la confianza en el sistema. La sociedad potosina merece justicia, no impunidad.
