El Radar por Jesús Aguilar
En febrero, Ricardo Gallardo y Enrique Galindo anunciaron juntos un paquete de obras por alrededor de 800 millones de pesos. Cinco meses después, la coordinación se rompió: el Gobierno estatal comenzó el Puente de la Familia sin la participación visible del Ayuntamiento, mientras el alcalde denuncia que decenas de proyectos municipales siguen detenidos en la Contraloría estatal.
Todos los ciudadanos que ni somos Gallardistas ni Galindistas, nos quedamos como el chinito, nomás milando.
El Puente de la Familia representa una inversión superior a 350 millones de pesos y busca resolver dos problemas reales: el tráfico y las inundaciones en la salida a Guadalajara. La obra puede ser necesaria y útil. Lo que debe aclararse es si cuenta con todos los permisos, estudios y autorizaciones exigidos para intervenir una de las zonas más transitadas de la capital.
Galindo sostiene que el Gobierno estatal comenzó sin permisos municipales y afirma que otras obras estatales tampoco los han tramitado. Es una acusación que requiere pruebas. El Ayuntamiento debe mostrar qué documentos faltan, cuándo fueron solicitados y bajo qué fundamento son obligatorios.
El Gobierno del Estado, por su parte, puede cortar la discusión de raíz: basta con publicar el expediente completo del proyecto. Permisos, estudios de impacto, proyecto ejecutivo, procedimiento de contratación, empresa responsable, costo final y calendario.
Si todo está en orden, debe decirse con contundencia y acreditarse con documentos. Si falta algo, debe corregirse. Lo que no conviene es dejar que una obra de esta magnitud avance entre declaraciones, sospechas y silencios.
Del otro lado, 30 obras municipales en espera
El Ayuntamiento asegura que 30 de sus 47 procesos de obra continúan pendientes de autorización estatal y que existen más de 600 millones de pesos sin ejercer. Entre los proyectos detenidos aparece la intervención de El Saucito.
La Contraloría estatal responde que no existe un bloqueo político, sino expedientes incompletos, observaciones sin solventar y permisos pendientes, entre ellos los relacionados con impacto urbano y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Si eso es cierto, el municipio debe corregir. No puede convertir cada observación técnica en una persecución política.
Pero la Contraloría tampoco debería mantener los expedientes en una nebulosa administrativa. Tiene que informar cuáles son las observaciones de cada obra, cuándo fueron notificadas, qué respondió el Ayuntamiento y qué falta para liberar los procedimientos.
Ni el Gobierno estatal tiene derecho a construir sin rendir cuentas, ni el Ayuntamiento a exigir autorizaciones que él mismo no ha podido acreditar en sus proyectos.
La ley debe ser la misma para ambos.
Lo que está en juego
La discusión ocurre cuando el proceso electoral de 2027 comienza a contaminarlo todo. La obra pública da presencia, construye narrativa y produce imágenes de eficacia. Una obra detenida, en cambio, genera desgaste para quien pretendía realizarla.
Por eso la sospecha política aparece con facilidad.
Pero no todo retraso es sabotaje, como tampoco toda obra estatal es automáticamente irregular. Antes de repartir culpas hay que abrir los expedientes.
El Gobierno estatal tiene la oportunidad de demostrar que el Puente de la Familia cumple con cada requisito y que la revisión de las obras municipales responde a criterios técnicos, no políticos.
El Ayuntamiento tiene la obligación de probar que sus proyectos están completos y que los retrasos no se deben a fallas propias.
Ese debería ser el punto de partida.
Gobernar para todos
San Luis Potosí no necesita que el gobernador y el alcalde sean aliados. Necesita que se comporten como autoridades.
Es urgente instalar una mesa técnica permanente entre la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, la Contraloría estatal y las áreas municipales de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Protección Civil y Policía Vial.
Una mesa con expedientes, no con discursos.
También debería publicarse un tablero común de obras metropolitanas: inversión, empresa contratada, permisos, afectaciones viales, avance físico y financiero y fecha de terminación.
Las obras que cumplan deben avanzar. Las que tengan fallas deben corregirse. Las que afecten la movilidad deben coordinarse. Y las que sólo respondan a la urgencia electoral deben esperar.
La capital no puede dividirse entre obras del gobernador y obras del alcalde.
Un puente no le pertenece a Gallardo. Una avenida no le pertenece a Galindo. Los permisos tampoco pueden convertirse en instrumentos de presión.
Todo se paga con dinero público.
Si el Gobierno estatal tiene los documentos, que los muestre y cierre el debate. Si el Ayuntamiento tiene expedientes completos, que los exhiba y exija una resolución inmediata.
Lo demás es ruido.
Y la ciudadanía no tiene por qué pagar, con tráfico, retrasos y obras detenidas, una disputa que las autoridades están obligadas a resolver.
Alguien tiene que decirle a ambas partes que lo que sucede lo conocemos los ciudadanos, que nadie puede pretender tener una sola postura, y que las narrativas fatuas se caen en micro segundos.
