Marcela Del Muro
“Los desaparecidos en el estado de San Luis (Potosí) han aumentado notablemente y siguen desapareciendo”, grita Edith Pérez Rodríguez, directora del colectivo de búsqueda Voz y Dignidad por los Nuestros. “Necesitamos una Fiscalía Especializada (en Personas Desaparecidas) que pueda y tenga la capacidad de buscarlos a todos”, agrega la mamá de Alexis y José Arturo Domínguez, desaparecidos el 14 de agosto de 2012. La mujer de camisa blanca y sombrero se encuentra al centro de la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, rodeada de decenas de madres adoloridas, desesperadas y furiosas, que también buscan a sus hijas e hijos en San Luis Potosí.
Es 12 de mayo de 2025, para ese momento las familias del colectivo han recorridos varias calles del centro de la capital potosina, manifestándose como cada año, el Día de las Madres, para visibilizar la crisis de desaparición que ha afectado a cientos y cientos de familias en todo el estado, más de 1 mil 048 personas desaparecidas, que es el registro oficial. Son sobre todo las madres las que les buscan, las que salen a preguntar sin importar el riesgo, las que presionan a las autoridades para que les den respuestas y las escarban la tierra de campos de exterminio en todos los rincones de San Luis Potosí.
El Estado ha dicho que no hay campos de exterminio, incluso se llegó a negar la existencia de fosas clandestinas, a pesar de los datos oficiales. Sin embargo, las madres han hallado lugares tapizados de fragmentos de huesos calcinados; han encontrado tambos donde se queman a esos ausentes que tanto buscan, incluso los han visto aún incendiándose; han descubierto restos disueltos en ácido y los contenedores donde los delincuentes lo hicieron. Pero, entonces, ¿cómo podemos nombrar a esos lugares de muerte y desaparición?
Según una base de datos de Quinto Elemento Lab, con información de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en San Luis Potosí se han descubierto 127 fosas clandestinas del 2007 al 2023. Las narraciones de las familias y los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) nos muestran cómo la violencia se ha recrudecido desde el 2021 y el delito de desaparición abarcó gran parte del territorio potosino, con su pico máximo en el 2022 y 2023.
“Llevamos cuatro años esperando la Fiscalía Especializada, tres de entregar el oficio al fiscal general. El año pasado nos dijeron que este año se creaba. Ya casi es medio año y aún no se presenta (la iniciativa) al Congreso”, dice Pérez Rodríguez. Fue tanta la presión de las familias que el diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó ese día la propuesta a la oficialía de partes, acompañado por las familias del colectivo
Más y más personas desaparecen mientras la Unidad de Personas Desaparecidas, parte de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, cuenta con un equipo pequeño de personal forense. “Imagínate, hay un antropólogo para todo el estado, un arqueólogo para todo el estado. No hay un equipo multidisciplinario que alcance para todo lo que se necesita”, señala la directora de Voz y Dignidad por los Nuestros, y explica que con la Fiscalía Especializada se podrían obtener recursos federales para robustecer la institución.
El fenómeno de la desaparición sistemática de personas tiene una cara distinta dependiendo de la zona donde sucede. El Altiplano potosino es un lugar de paso a la frontera norte del país, donde los grupos criminales han encontrado sitios seguros para operar, exterminar y desechar personas; regularmente se utilizan hidrocarburos para desaparecerlos. De los 15 municipios que conforman esta zona geográfica sólo dos no registran casos de desaparición, Real de Catorce y Villa de la Paz, el resto acumula más de 159 personas que aún siguen desaparecidas, más las personas cuyas familias, por miedo, han evitado denunciar su ausencia.
El Altiplano potosino: el miedo de buscar en un territorio sin ley que se ha convertido en un gran campo de exterminio
Tras 15 años de búsqueda, la semana pasada un hombre le dio las coordenadas de un campo en el municipio de Moctezuma donde podrían estar los restos de su hijo Guillermo Diaz Niño. “A sangre fría, partiéndome el alma y el corazón, me dice ‘ya para qué lo busca, ya lo mataron’”, recuerda, abatida, Yolanda Niño, integrante de Voz y Dignidad por los Nuestros. El informante afirmó haber escuchado los balazos y, cuando se retiraron las camionetas de “los malos”, entró con un amigo a ver, llevándose una cadena que se encontraron entre la cenizas, envuelta por las altas llamaradas que alcanzaron y quemaron un mezquite.
A Guillermo lo desaparecieron el 1 de marzo de 2010, cuando salió en su camioneta a comprar una recarga de datos para su celular. El joven de 18 años alcanzó a llamar a su mamá para avisarle que unos vehículos con hombres armados lo seguían. “Nosotros le dijimos que fuera a buscar ayuda a la policía de Venado. Pero los mismos policías le cerraron la puerta y lo entregaron”. Guillermo fue levantado afuera de la comandancia de la policía del municipio vecino, Venado, desde entonces no se sabe nada de él. Guillermo es el primer desaparecido registrado en la zona, dice su mamá.
Yola, sus trillizos y sus dos hijas vivían en Dallas, Texas; viajaron a Moctezuma para visitar a la familia. “Lo dejamos y era un pueblo seguro, tranquilo; regresamos y encontramos un pueblo totalmente en guerra”, explica la madre de Guillermo, quien perdió todo en Estados Unidos y se quedó en el pueblo para buscar al trillizo desaparecido. Esa guerra no ha parado. Al contrario, su intensidad ha aumentado y se ha extendido, desolando a muchos de los pueblos del Altiplano potosino.
Desde el 2021, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros detectó en la Zona Media que a las desapariciones, regularmente, les anteceden otros hechos violentos, como balaceras y enfrentamientos. Este patrón se replica también en el Altiplano. “Es toda la zona: Villa de Arista, Venado, Moctezuma, Charcas, Ahualulco y Boca”, cuenta Yolanda. Los municipios de Ahualulco y la delegación de Bocas pertenecen a la zona Centro del estado; sin embargo, todos estos lugares se conectan por la carretera 63.
Hay otro municipio relevante en esta historia, donde sus habitantes, por miedo, se encuentran silenciados: Guadalcazar es el bastión de un grupo criminal que tiene como una de sus actividades principales el tráfico de personas y que, con el reacomodo criminal del 2021, comenzó una disputa por el territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación, provocando una explosión de violencia en la zona. La población cuenta que, desde el inició de esa pugna, han vivido balaceras y enfrentamientos constantes e, incluso, hablan de un granadazo en plena plaza principal; se llevan a las personas, las desaparecen, las intimidan y las asesinan. Muchas familias han dejado sus hogares, desplazándose a otros municipios, pero hay miedo a denunciar.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), los municipios que más incidencia de desaparición registran en el Altiplano, del 2010 al 15 de mayo de 2025, son Matehuala, Moctezuma, Guadalcazar, Venado, Salinas y Charcas.
“Somos pueblos sin ley, quienes mandan son los malos (el crimen organizado)”, comenta Yolanda y señala que en ocasiones pueden estar aliados o protegidos por las policías municipales. Por esta razón, la cifra negra de desapariciones en el Altiplano es altísima, muchas familias deciden no denunciar por miedo y, a pesar de la angustia que causa la ausencia, tampoco les buscan. La madre de Guillermo detecta que hay más de 100 personas desaparecidas en esa zona.
En el lapso del 2010 a la fecha se ha registrado en el RNPDNO la desaparición o no localización de 324 personas, 93 mujeres y 231 hombres, en los quince municipios del Altiplano; de los cuales 159 personas continúan sin ser encontradas y 24 fueron hallados sin vida. El 2016 y el 2021 son los dos periodos que se observa un brinco en los reportes del delito en el Altiplano. Siendo el 2022 y el 2023 el pico en los registros de desapariciones en la zona.
Luis Uriel Rivera Salazar desapareció el 17 de noviembre de 2021 en el municipio de Venado. El último mensaje que respondió fue a la 3.11 de la tarde. “Mi mamá le marcó y nada, yo le mandaba mensajes, le llegaban, pero no respondía”, cuenta Laura, su hermana, quien estaba festejando su cumpleaños.
La familia buscó a Luis por todo el pueblo. Laura cuenta que se enteraron que un día antes de la desaparición de su hermano, unas personas se habían llevado a un hombre de 32 años de su casa en Venado y el 18 de noviembre, un día después, desaparecieron a una mujer en el municipio de Moctezuma. El 19 de noviembre decidieron visitar a un amigo del joven de 16 años, “nos dijo que no sabía nada de él, pero también nos dijo que no pusiéramos denuncia”, recuerda Laura.
La familia denunció a la semana de no saber nada de Luis, pero la agente del ministerio público en Venado no rastreó la geolocalización del celular ni solicitó la sábana de llamadas. Hasta la fecha no han dado avances sobre la pesquisa ni se sabe si cuentan con alguna línea de investigación; al contrario, la familia solo ha sido revictimizada y criminalizada por las autoridades.
“Mi mamá va a preguntar si se sabe algo. Una vez un judicial, enojado, le empezó a decir que ya no lo buscara”, cuenta Laura, el policía le dio a entender a la madre que su hijo estaba muerto, pero la familia quiere saber dónde está y qué le pasó.
La primera exploración de un campo de exterminio y los nuevos puntos de búsqueda
A pesar de la falta de respuesta municipal, la familia de Luis Uriel no ha dejado de buscarlo. Tuvieron acercamiento a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y al colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, quienes los han invitado a las búsquedas en campo en el Altiplano. “No sabemos qué le pasó, pero a veces acompañamos en las búsquedas que organizan aquí en Venado, en Charcas y en Moctezuma”, explica Laura.
En Moctezuma, justamente, Voz y Dignidad por los Nuestros exploró el primer campo de exterminio identificado en el estado. La búsqueda inició el 24 de junio del 2019 en las tierras de uso común del ejido Matanzas, un lugar polvoso y hostil cercano a la cabecera municipal y a las vías del tren.
Los vecinos relataron que comenzaron a identificar actividades en esas tierras desde el 2009 o 2010, pero fue hasta el 2012 que se hicieron habituales. Veían a personas armadas circulando por los alrededores. Observaron distintas camionetas entrando y saliendo del lugar. Incluso hubo hallazgos aterradores en aquellos años, como personas colgadas. Estas actividades duraron hasta el 2015, que el lugar quedó en desuso. Pero, el miedo se incrustó en la memoria de los pobladores de Moctezuma.
Las madres, los padres y las hermanas buscadoras, los funcionarios de la Unidad de Personas Desaparecidas y de la CEBP empezaban las semanas de diligencias rezando por las decenas de almas que encontraron un cruel y doloroso final ahí, pidiendo protección para su búsqueda. Los trabajos se extendieron por tres años y abarcaron terrenos de Matanzas, El Salitral, La Joya y El Duraznillo, aproximadamente, se prospectaron 15 hectáreas.
“Nos ponían la tierra en la criba y mejor íbamos sacando las piedritas y ramas porque todo lo demás eran dientes y huesitos bien quemado, que todavía olían a diesel”, relató durante los primeros meses de búsqueda Tere Castillo, mamá de Perla Guadalupe Padrón, desaparecida el 14 de junio del 2013. Todos los fragmentos encontrados en esos campos fueron quemados con hidrocarburos, este es un patrón que se sigue repitiendo hasta la fecha.
Aún no se ha logrado identificar quiénes son las personas encontradas porque, hasta ahora, no se cuenta con la capacidad tecnológica de explorar la carga genética de los restos óseos calcinados. “Se llevaron más de 200 indicios, de 22 carpetas de investigación, a Alemania. Las entregó el vicefiscal científico y fue todo un reto”, explica la directora del colectivo, entre esos indicios se encontraban los restos de los campos de exterminio en Moctezuma.
Según la base de datos de Quinto Elemento Lab, creada con información de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en el Altiplano, del 2007 al 2022, se hallaron 42 fosas clandestinas:
- Cuatro fosas en el 2011: en Moctezuma, Matehuala, Villa de Arista y Villa Hidalgo.
- Una fosa en Villa de Arista durante el 2018.
- Quince fosas en el 2019: 14 de ellas en Moctezuma y una en Villa de Ramos.
- Siete fosas durante el 2020: cuatro en Moctezuma, dos en Villa de Arista y una en Salinas.
- Trece fosas en el 2021: 12 en Moctezuma y una en Venado.
- Dos fosas en Guadalcázar durante el 2022.
En la semana del 13 al 18 de mayo, las autoridades de búsqueda y Voz y Dignidad por los Nuestros exploraron dos puntos en el Altiplano, que podrían definirse como campos de exterminio: el primero en la localidad Los Acosta, en el municipio de Charcas; y el segundo en El Colorado, en Moctezuma. Ambas búsquedas fueron impactantes y dolorosas para las familias de buscadores.
En Charcas se pudo levantar indicios de un gran campo cercano a la mina que se encuentra tapizado de huesos calcinados, credenciales y ropa, donde una de las familiares del colectivo encontró la identificación de su esposo desaparecido hace más de un año. Quedó pendiente la exploración de una especie de cueva donde se encontraron tambos, utilizados para quemar los cuerpos.
Sobre el nuevo punto explorado en Moctezuma, la Unidad de Personas Desaparecidas tenía conocimiento desde agosto de 2022. A diferencia de los otros campos de exterminio en el Altiplano, donde se queman los cuerpos, en este lugar no se utilizó fuego. Cuando se supo del punto se encontraban los cuerpos que ahora, por el paso del tiempo, son esqueletos. En este lugar se encontró un campamento grande donde se localizaron restos, credenciales, llaveros, ropa y quedó por explorar otro segundo campo que está dividido del primero por cactus.
El destiempo en la exploración del campo en Moctezuma es un gran ejemplo de la necesidad de transformar la Unidad de Personas Desaparecidas en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pues es necesario robustecer la institución.
“Imagínate, hay un antropólogo para todo el estado, un arqueólogo para todo el estado. No hay un equipo multidisciplinario que alcance para todo lo que se necesita”, explica Edith Pérez, la directora de Voz y Dignidad por los Nuestros, y agrega que al pasar a ser una Fiscalía Especializada también tendrían la capacidad de concursar federalmente para obtener más recursos y, de esta forma, tener la posibilidad de contratar más especialistas forenses.
En Moctezuma existen otros dos sitios, que se encuentran pegados, el Tule y el Garabatillo, donde también se tienen identificados desde hace un par de meses la existencia de huesos calcinados en la intemperie.
Yolanda Niño espera que en las próximas semanas pueda realizarse la prospección del campo donde podría estar su hijo; de dar positivo, es decir, de encontrarse fragmentos de huesos o cuerpos, este terreno se agregará a la larga lista de búsquedas en el Altiplano.
El miedo de vivir entre la violencia del Altiplano
Un estudiante de Moctezuma, que prefiere el anonimato por seguridad, comenta que en su municipio y los municipios vecinos hay toque de queda. “Ya no ves a nadie en la calle en la noche porque es peligroso, mejor no salgas ni pases”, advierte. Pero, a pesar de los cuidados de la población, el joven explica que se escuchan balaceras; también se ha enterado de casos donde los criminales entran con violencia a las casas y se llevan personas.
Eso le sucedió a Yolanda y su familia, quienes han sido blanco de ataques e inseguridad desde el año pasado. El 1 de marzo de 2024, el día que se cumplían 14 años de la desaparición de Guillermo, hombres armados irrumpieron en su casa y se llevaron a uno de los trillizos, no les importó que estuvieran los pequeños nietos de Yolanda presentes. “Todos los años hago una misa por mi hijo el día de su desaparición, pero el año pasado no pudimos estar porque estábamos buscando a mi otro hijo. Se lo llevaron el mismo día a la misma hora que desaparecieron a su hermano. Afortunadamente pudo volver junto a nosotros”, recuerda la madre.
“De los que seguimos aquí (en Moctezuma), todos tenemos una o más personas cercanas desaparecidas o muertas”, dice el joven estudiante. Él tiene un familiar desaparecido, pero, por miedo, prefirió no hablar de él. De su familia, los que pudieron, han ido dejando sus vidas en el pueblo. Hasta ahora no hay un estudio que indique cuántas personas han sido desplazadas forzadamente por la violencia en el Altiplano ni en otras regiones del estado.
“A donde vayamos somos vigilados. Nosotros ya no podemos salir después de las 8 de la noche, ya no somos libres, este es territorio de ellos (el crimen organizado), ellos son los dueños. No estamos seguros ni dentro de nuestras casas. Esto pasa en toda la zona”, explica Yolanda, quien pide mayor interés del estado para solucionar esta ominosa situación de inseguridad que enfrentan varios municipios del Altiplano, pero también exigen mayor compromiso para la búsqueda de personas.
La madre de Guillermo Díaz Niño celebró que la propuesta para la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y por Particulares fue aceptada en el Congreso el pasado 20 de mayo. “El fruto de insistir y jamás rendirse”, expresó Yolanda, refiriéndose a la lucha del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.
