Texto: Marcela Del Muro
Fotografías: Archivo Voz y Dignidad por los Nuestros
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“Descubrimos, palpamos esos terrenos donde la tierra se bañó de sangre”, dice Tere Castillo. Para la madre buscadora es incomprensible el nivel de maldad y destrucción que ha observado mientras explora campos, brechas y ranchos en la zona Media de San Luis Potosí, en busca de su hija Perla Padrón y las personas que han sido desaparecidas en la región.
La señora Tere es una mujer fuerte, que lamentablemente ha tenido que ver lo inimaginable en estos 12 años de buscar a su hija. En esos territorios ha descubierto, junto a sus compañeras del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, lugares de muerte, dolor y, paradójicamente, esperanza: campos de exterminio operados por grupos criminales donde decenas o cientos de personas, arrancadas de sus familias, fueron asesinadas y sus restos destrozados. Esta es la realidad de decenas de madres, hermanas y esposas en el estado, miles en el país, que buscan a sus seres queridos desaparecidos.
Anteriormente, los criminales utilizaron fuego para abrasar los cuerpos o los dejaban cubiertos con cal, ocultos en fosas clandestinas superficiales. Ahora son más profundas, “más de un metro y medio y contenían rocas grandes. Tal vez con la finalidad de que (los restos) nunca fueran encontrados”, explica la señora Tere sobre uno de los últimos lugares explorados en la comunidad de Agua Dulce, en Rioverde. Ahí, también se encontraron huesos corroídos por un ácido, este químico destruye la carga genética y las esperanzas de identificar a esas personas por su ADN.
Estas dinámicas atroces de exterminio son la consecuencia de una crisis de desapariciones que lleva 15 años asolando la zona Medía y cuyas dimensiones son inabarcables. La respuesta de los gobiernos, estatal y municipales, ha sido insuficiente para el nivel de desgracia que ha caído en cientos de familias en la región, sobre todo en los municipios de Rioverde, Cárdenas, Ciudad Fernández, Rayón, Cerritos y Ciudad del Maíz. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indica que en los 12 municipios de la zona Media se han reportado 508 personas desaparecidas o no localizadas, 330 hombres y 178 mujeres, del 2010 al 15 de junio de 2025. De las cuales, 38 fueron localizadas sin vida y 231 personas, 190 hombres y 41 mujeres, siguen sin ser halladas. Los crímenes de alto impacto y las desapariciones en la zona no han parado desde el 2021, pero son el 2022 y el 2023 los años que más denuncias de desaparición se registraron.
Las familias de víctimas son las que impulsan la búsqueda de sus seres queridos ausentes y exigen a las autoridades mayor agilidad en las jornadas de búsqueda y, sobre todo, en la identificación forense. Mientras tanto, el Estado se ha empeñado en ocultar la dimensión de esta tragedia en el territorio: rasurando las cifras en el registro nacional, reservando información sobre búsquedas, negando la existencia de campos de exterminio y manteniendo a sus instituciones de búsqueda de personas con presupuestos raquíticos y sin posibilidad de crecimiento.
Por esta razón, el colectivo exige al Congreso del Estado apruebe la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas, dictamen que se encuentra a la espera del informe de impacto presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas, para posteriormente ser votado por la Comisión de Justicia. La directora del colectivo, Edith Pérez Rodríguez, explica que al crear la fiscalía especializada se podrá acceder a recursos federales y convenios internacionales para robustecer la institución.
Voz y Dignidad por los Nuestros señaló, en suInforme Sombra, que la existencia de campos de exterminio, la prevalencia de restos calcinados y, actualmente, el cambio en las dinámicas utilizadas por los grupos criminales, “transforman la crisis de desaparición en un fenómeno de exterminio sistemático”. Y agregan que “esta situación subraya la necesidad crítica de invertir en tecnología forense avanzada y personal especializado en San Luis Potosí”.
Tere comenta que entre las familias de la zona Media hay incertidumbre y desesperación. “Han estado presentes en algunas de las recuperaciones de osamentas o cuerpos y no saben si podrían ser sus familiares desaparecidos. Acuden constantemente a la Fiscalía a preguntar. Por lo que sabemos están trabajando en las identificaciones, pero no sabemos qué tanto pueda tardar”, dice la madre.
Una larga espera: el estado no cuenta con capacidad forense
Perla Guadalupe Padrón Castillo fue desaparecida el 14 de junio de 2013. Era de madrugada, cuando hombres armados entraron violentamente a su casa en el municipio de Ciudad Fernández y se llevaron a la joven de 26 años y a su esposo, José Alberto Gallegos. Las investigaciones señalan al militar Genaro Sandoval Plascencia, entonces Mando Único Policial en la zona Media, como posible perpetrador de la desaparición de la pareja, y es probable que también estuviera implicado en otras más durante aquellos años.
En 2014, unos policías ministeriales fueron por Tere a su casa. Habían encontrado una fosa clandestina con cinco cuerpos, tres de ellos aún contaban con rasgos para su identificación y ya habían sido entregados a sus familias, pero también había dos osamentas, de una mujer y de un hombre. Le pidieron a Tere que identificara las pertenencias que se encontraron con los restos. “Yo dije que no, que eso no era de mi hija, pero después de unos años me volvió la inquietud y pedí que me los mostraran nuevamente, que hicieran la confronta con mi ADN”.
Lamentablemente, los estudios genéticos tampoco han ayudado de mucho en la identificación de los restos que han sido encontrados, en el estado no existe la capacidad forense necesaria, pese a contar con un Centro Estatal de Identificación Forense que fue inaugurado desde el 2022, pero siguen sin certificación.
Las autoridades le explicaron a Tere que el paso del tiempo ha descalcificado los restos, imposibilitando las pruebas genéticas. Tras 12 años de búsqueda, la esperanza regresó hace unos meses, cuando autoridades de la Unidad de Personas Desaparecidas avisaron a la madre que unas muestras de esos esqueletos forman parte de los 200 indicios, de 22 carpetas de investigación, enviadas a Alemania para su posible identificación.
Tere no ha parado de buscar a su hija y a su yerno. La madre ha participado en casi todas las exploraciones y búsquedas en la zona Media, ha visto el horror y sentido la esperanza de la recuperación de cuerpos y restos, la mayoría de ellos aún sin ser identificados.
Encontrar el horror sin poder identificar a los y las ausentes
En 2021, la violencia estalló en Rioverde y fue caminando por la zona Media: Ciudad Fernández, Cerritos, Rayón, Cárdenas, Ciudad del Maíz. Entonces, el colectivo Voz y Dignidad denunció que las balaceras y enfrentamientos eran seguidas de desapariciones; este patrón sigue sucediendo. “La delincuencia ha rebasado a las autoridades. Y a nosotros como habitantes de Rioverde no nos queda más que cuidarnos y cuidar de los nuestros”, comentó Tere enuna entrevistade aquel año.
El miedo y el silencio comenzaron a ser una constante en los pueblos. A pesar de ellos, las familias de personas desaparecidas descubrían y exploraban cada vez más fosas clandestinas en la zona.
Tere recuerda bien el hallazgo de un pozo muy angosto en la localidad de Pastora, a finales del 2021. Le impactó observar la magnitud de la crueldad. El grupo criminal había asesinado a 29 personas y las había lanzado al estrecho pozo de agua. En un primer momento se recuperaron 23 cuerpos, pero la profundidad y dimensiones complicaron el trabajo de búsqueda, hasta años después pudieron rescatar a los seis cadáveres restantes. Ninguno de los restos ha sido identificado, muestras de ellos también fueron enviados a Alemania para su procesamiento.
Los descubrimientos escalofriantes en la zona Media fueron en aumento y las prospecciones de nuevos sitios de búsqueda en la región se convirtieron en diligencias de alto riesgo para las y los buscadores.
Por la tarde del 29 de julio de 2022, mientras la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y familiares de colectivo se dirigían a distintos puntos marcados en la última geolocalización del celular de un hombre desaparecido los primeros días del mes, se toparon con un grupo criminal.
Las y los buscadores hicieron una primera parada en un camino de terracería en la colonia La Selva, en Rioverde, pero observaron motocicletas que se aproximaban a ellos y decidieron continuar su viaje. Vieron cómo una de ellas abrió el zaguán de una casa, de donde salieron otras veinte motos con hombres armados que comenzaron a disparar contra sus autos. Los policías de investigación de la CEBP desenfundaron sus armas y dispararon contra los atacantes. La camioneta donde viajaban los familiares de desaparecidos recibió más de 20 impactos de bala y hubo un buscador de la comisión herido por una esquirla. Los policías de la Comisión lograron sacar a las familias a salvo de aquel lugar.
“Nosotros no buscamos ‘casas de seguridad’. Nosotros estamos buscando a nuestros familiares”,reclamóen aquellos días Tere Castillo. Tras el ataque, “cuando llegamos a la Fiscalía, yo me sentía muy intranquila de que mi hijo se enterara y se preocupara. Yo quisiera dedicarme a ellos (a su familia) al 100 por ciento, para que ya no se preocuparan cada que salgo a búsqueda, pero no puedo dejar esto, no puedo quedarme sin encontrar a Perla. No puedo”
Pese al temor, el riesgo y la violencia, las familias no paran de buscar, pues las desapariciones han aumentado con los años. Una fosa tras otra, las madres, hermanas, esposas se han convertido en el primer frente de la búsqueda en el territorio. “Esto que hacemos es un acto de amor, todo viene desde el más profundo amor por ellos”, dice Edith Pérez, la directora de Voz y Dignidad.
El 24 de enero de 2025 se localizó un campo de exterminio en la comunidad de Agua Dulce, cuyos trabajos se han extendido lo que va del año. “Aquí se han encontrado 16 fosas, en las cuales se hizo la recuperación de 14 individuos. Pero observamos una manera nueva, otro modo de operar de la delincuencia”, explica Tere. También a principios de año, se halló otro campo en Piedras Blancas, donde también se localizaron fosas, ambos lugares se encuentran en Rioverde, casi en los límites con San Ciro de Acosta.
La madre de Perla Padrón recuerda que en ambos sitios el olor lastimaba los ojos, la nariz y la garganta, el crimen organizado estaba utilizando ácido para desintegrar los cuerpos de las personas que desaparecían. En Agua Dulce, las fosas eran más profundas: en unas colocaron los restos completamente calcinados con ese químico abrasivo; a lado encontraron las pertenencias de las personas, también disueltas; y en otras los residuos plásticos y los contenedores donde realizaron sus crímenes.
Caminando por la zona, las autoridades de búsqueda reportaron el hallazgo de un auto con reporte de robo en el municipio de Guadalcázar, en el Altiplano potosino; cerca del lugar encontraron un campamento, con cobijas y ropa desperdigadas por todo el terreno. “No sabemos si ahí tenían a las víctimas o era el campamento de los criminales”, explica Tere.
El informe sombra de Voz y Dignidad por los Nuestros indica que el despunte de violencia en la zona Media del estado se debe a que es un lugar de conexiones y brechas entre las distintas regiones del estado. “Los testimonios de las madres y familiares de las personas desaparecidas en Rioverde y la Zona Media son un clamor desgarrador que expone el costo humano de la inacción institucional”, señala el informe.
