El 22 de enero pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto lanzó lo que él mismo califica como el programa social más importante de su gobierno: la Cruzada Nacional contra el Hambre. Lo hizo, además, en un sitio emblemático: Las Margaritas, Chiapas, cuna del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
De inmediato surgieron dudas sobre los alcances y propósitos de dicho programa, que en su primer año de aplicación pretende atender a 7.4 millones de mexicanos que viven pobreza y desnutrición en 400 municipios del país.
La primera duda es que la Cruzada no incluyó a los miles de habitantes de regiones que, por décadas, han padecido condiciones de pobreza extrema –incluso de hambruna–, tal y como sucedió con el Programa Nacional de Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari(1988-1994) y Oportunidades de Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue retomado por los presidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Las críticas supieron de tono cuando se conoció la lista completa de los 400 ayuntamientos beneficiados, de los que 190 no están en pobreza extrema.
Por ejemplo, se incluye a la Ciudad de México, donde el Gobierno del Distrito Federal (GDF) ya opera 178 programas sociales, algunos incluso copiados por gobiernos federales y estatales, como los comedores populares y la pensión para adultos mayores, entre otros.
Además, los recursos de la Cruzada en el DF fueron asignados a las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón, donde se concentra 48% del padrón y 49% de los votos de la izquierda.
Es el mismo caso de Baja California, donde el 7 de julio próximo se elegirá un nuevo Gobernador. Ahí se incorporaron ciudades donde el porcentaje de población en pobreza es de 3.5%, mientras que hay municipios en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tabasco donde casi la totalidad de la población está en condiciones de pobreza extrema y alimentaria, pero no forman parte de la Cruzada.
Encima, en BC los recursos de ese programa beneficiarán a los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada, que representan ni más ni menos que 80% del padrón electoral de la entidad.
Es el caso de otras cabeceras municipales, que son capitales de estados o ciudades con índices de desarrollo mayor al promedio.
Y es también el caso de Veracruz, donde ayer el Partido Acción Nacional (PAN) denunció, con pruebas en la mano, al Gobernador Javier Duarte de Ochoa y la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, de crear una estructura electoral paralela, conformada por 57 funcionarios de gobierno, tanto local como federal, para apoyar con recursos de programas sociales a los candidatos priistas que el próximo 7 de julio competirán por 222 ayuntamientos y 50 puestos en el Congreso local.
Gustavo Madero Muñoz, presidente nacional del blanquiazul, explicó a la prensa que esa estructura opera en los 25 municipios más importantes de Veracruz. De acuerdo con grabaciones presentadas por Madero Muñoz, los funcionarios buscan usar el Programa Oportunidades y Sesenta y Cinco y Más con fines electorales. También tienen contemplado condicionar la entrega de silla de ruedas.
Por eso, el dirigente nacional anunció que su partido presentará una demanda de juicio político contra el Gobernador Duarte de Ochoa y la Secretaria Robles Berlanga e incluso pedirá oficialmente al Presidente Peña Nieto que sean removidos de sus cargos.
Para Veracruz, la Cruzada contra el Hambre dispuso recursos federales por 18 mil 700 millones de pesos. Este monto está dirigido a 33 municipios, entre los que se encuentran Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatitlán y la capital Xalapa, que son los que tienen los más altos niveles de vida y, de nuevo, concentran la mayoría del padrón electoral.
Xalapa, por ejemplo, tiene menos de 5% de su población en condición de pobreza extrema y carencia alimentaria, aun así suma ya más de 23 mil beneficiarios por dicho programa.
El 6 de marzo, durante la comparecencia de Rosario Robles Berlanga en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, la Diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PAN), afirmó que la pobreza es el talón de Aquiles del país, sobre todo en comunidades indígenas que no están en la Cruzada.
Por eso dijo: “La pobreza duele, pero me duele más suponer que hoy la pobreza y el hambre podrían convertirse en un botín político a favor de algún partido o de algunos servidores públicos o candidatos de algún estado. Que la Cruzada y sus propósitos no se distorsionen ni conviertan en una vía para comprar voluntades políticas de los mexicanos de cara al proceso electoral en 14 entidades”.
Y ahí tiene: sus sospechas se hicieron realidad.
http://www.sinembargo.mx/opinion/18-04-2013/13838
