El Radar
Por Jesús Aguilar
En el corazón de San Luis Potosí, un terreno de 1,805 hectáreas en la Sierra de San Miguelito, conocido como “Las Cañadas”, ha sido objeto de intensas disputas entre desarrolladores inmobiliarios y defensores del medio ambiente.
Una guerra económica, legal, un costal de mañas y marrullerías de un grupo de empresarios “respetables” que se quieren apoderar de una tierra que es oro molido en términos de la sobre explotación de la zona poniente de la ciudad.
Está donde a base de otros despojos de hace ya al menos un par de generaciones los “dueños” de “Las Lomas” fueron devorando tierra y lucrando sin descanso para imponer sus condiciones, hoy se quieren expandir al costo que sea.
Ya la historia la hemos consignado en anteriores entregas.
Este terreno, tiene una importancia ambiental radica en ser la principal zona de recarga hídrica para la capital potosina, está actualmente excluido del polígono del Área Natural Protegida (ANP) propuesto para la Sierra. Sin embargo, la posibilidad de una expropiación del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum abre un nuevo capítulo en esta controvertida historia.
Hasta el momento y de manera extraoficial podemos calcular que los llamados barones del concreto han “impulsado” el proyecto sobre lo que ya habían comprado en más de 120 millones de pesos en lo que ellos llaman gestión, y muchos vemos como chicanadas de todo tipo.
Un contexto lleno de intereses enfrentados
Desde hace años, las empresas inmobiliarias detrás del proyecto “Las Cañadas” han insistido en la construcción de un desarrollo habitacional en un área que, según estudios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), es crucial para la captación y recarga de agua.
Se estima que alrededor del 40% del agua que abastece a los acuíferos de San Luis Potosí desciende de esta zona, lo que convierte a estas tierras en un componente esencial del equilibrio hídrico de la región.
La crisis tremenda de agua y el agotamiento de los pozos que sirvieron a la comunidad a través de pipas debería ser suficiente para poder parar definitivamente el proyecto.
Ayer la Procuraduría Agraria (federal) determinó que no habrá cambio de uso de suelo para proyectos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito.
A pesar de ello, las empresas involucradas obtuvieron permisos locales bajo circunstancias opacas y, según activistas, con presunta corrupción.
Estos permisos se lograron a pesar de la oposición de comunidades de tradición originaria y grupos ambientalistas, quienes advirtieron sobre el riesgo de urbanizar una región que debería mantenerse intacta para garantizar la seguridad hídrica de la población.
La consulta popular y la exclusión del terreno
En 2021, se llevó a cabo una consulta popular para definir el polígono que integraría el ANP de la Sierra de San Miguelito.
De manera controvertida, las 1,805 hectáreas de “Las Cañadas” fueron excluidas, bajo el argumento de proteger derechos adquiridos y las inversiones ya realizadas. Sin embargo, organizaciones ambientales como el Frente Ciudadano por la Defensa de la Sierra señalaron que la exclusión obedecía a presiones de grupos económicos y políticos con intereses en el desarrollo del proyecto inmobiliario.
El gobierno de Sheinbaum y la expropiación como alternativa
Con el cambio de gobierno federal y la llegada de Claudia Sheinbaum, conocida por su historial como científica y ambientalista, surge la posibilidad de que el terreno sea expropiado, sí. Aunque a primera vista una expropiación podría parecer un paso hacia la protección ambiental, las implicaciones económicas y políticas de esta medida generan dudas.
Se estima que las inversiones realizadas por los desarrolladores ascienden a más de 5,000 millones de pesos, considerando la adquisición del terreno, estudios de impacto ambiental y cabildeo, sin embargo otros calculan que no son más de 500 millones de pesos, solo una décima parte pues hubo negociaciones ciegas para los comuneros que les facilitaron las transacciones y precios y condiciones leoninas a su favor.
En caso de una expropiación, estas empresas buscarían una compensación económica que, si no se establece de manera justa y transparente, podría convertirse en un mecanismo para recuperar o incluso maximizar sus inversiones mediante fondos públicos. Esto representaría un golpe severo a las finanzas del gobierno federal y un uso cuestionable de los recursos destinados a la protección ambiental.
Sin embargo, si hasta ahora han vivido y movido desde las sombras, resultaría complejo pensar que pudiesen transparentar los procesos y buscar que una potencial indemnización fuera real y justa.
ES ENTRE OTRAS COSAS, EL AGUA…
¡ESTÚPIDOS!
Si las tierras se mantienen fuera del ANP y se desarrolla el proyecto habitacional, las consecuencias ambientales serían catastróficas:
• Pérdida de la capacidad de recarga hídrica: La urbanización cubriría zonas de alta infiltración con concreto, reduciendo drásticamente la capacidad de absorción de agua en la región. Según estudios del INEGI, hasta un 25% del agua disponible en la cuenca local podría perderse.
• Incremento en el estrés hídrico: Con una población proyectada de más de 50,000 habitantes en “Las Cañadas”, la demanda de agua aumentaría exponencialmente en una ciudad que ya enfrenta problemas de abasto.
• Deforestación y pérdida de biodiversidad: La Sierra de San Miguelito alberga especies endémicas y ecosistemas que serían irreversiblemente dañados por el cambio de uso de suelo.
Por otro lado, si el gobierno opta por la expropiación, deberá garantizar que el terreno se integre al polígono del ANP y que los recursos invertidos en su adquisición se utilicen para proyectos de restauración ecológica, evitando así que la medida sea percibida como un negocio más de los grupos de poder.
La Sierra de San Miguelito representa mucho más que un terreno en disputa: es un símbolo del choque entre los intereses privados y el bienestar colectivo. Si el gobierno de Sheinbaum toma la decisión de expropiar, deberá hacerlo con total transparencia, estableciendo un precedente en la lucha contra la corrupción y priorizando la sostenibilidad ambiental. Además, el caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de consulta ciudadana, asegurando que las decisiones sobre el uso de los recursos naturales respondan al interés público y no a las presiones de grupos económicos.
El futuro de “Las Cañadas” es un recordatorio de que la lucha por la protección del medio ambiente no se limita a los ecosistemas: también implica combatir los intereses que, en nombre del desarrollo, perpetúan la desigualdad y ponen en riesgo el acceso a recursos esenciales como el agua. El tiempo dirá si esta historia se convierte en un triunfo para la justicia ambiental o en otro ejemplo de cómo la corrupción puede disfrazarse de progreso.
Pero por fin quedará claro quienes serán los nombres e intereses que pudieron más que el sentido común y a los que les atribuiremos los potosinos la debacle final de nuestro entorno ecológico y la sequía que ya empezó con consecuencias fatales.
