El Radar por Jesús Aguilar
X @jesusaguilarslp
La inteligencia artificial llegó demasiado rápido para un país que todavía no termina de entender ni siquiera sus propias fronteras entre poder, libertad y responsabilidad pública.
Y San Luis Potosí está empezando a descubrirlo de la manera más incómoda.
Porque sí: existe un problema real. Ahí están los audios clonados, los videos alterados, las campañas digitales de destrucción, las páginas anónimas, la manipulación deliberada de contextos y la basura informativa que hoy puede fabricarse desde un teléfono celular con herramientas cada vez más sofisticadas.
Negarlo sería absurdo.
Pero al mismo tiempo empieza a crecer otra preocupación igualmente delicada: que el legítimo debate sobre regulación digital termine derivando en normas ambiguas, interpretaciones discrecionales o mecanismos que eventualmente puedan inhibir la crítica, la sátira, la investigación periodística o incluso la conversación pública incómoda.
Ese fue, en realidad, el centro de la conversación que sostuve en el noticiero radiofónico de MG Radio con el periodista Andrés Solís Álvarez, especialista en libertad de expresión y protección a periodistas. No una defensa de excesos digitales. Tampoco una romantización del caos en redes. Mucho menos una carta blanca para usar inteligencia artificial sin límites.
La advertencia fue otra.
Que el país necesita precisión jurídica antes que impulsos políticos.
Porque cuando una ley deja demasiado espacio a la interpretación, el problema ya no solamente es tecnológico. Se vuelve institucional.
Y ahí aparece el verdadero riesgo.
Solís mencionó algo que debería discutirse mucho más en México: organismos internacionales y tribunales ya han comenzado a alertar sobre normas redactadas de manera imprecisa en temas digitales, particularmente cuando no queda claro dónde termina el uso legítimo de herramientas tecnológicas y dónde empieza una conducta realmente lesiva.
Eso importa muchísimo.
Porque una democracia necesita proteger simultáneamente dos cosas que a veces chocan entre sí: el derecho de las personas a no ser víctimas de manipulación dolosa y el derecho colectivo a mantener abierto el espacio de crítica y fiscalización pública.
La línea no es sencilla.
Nunca lo ha sido.
No toda reconstrucción audiovisual es propaganda negra. No toda sátira constituye violencia digital. No toda edición implica mala fe. Pero tampoco todo puede justificarse bajo el paraguas de la “libertad de expresión” cuando deliberadamente se falsifica información para engañar o destruir reputaciones.
Por eso el debate exige más seriedad y menos estridencia.
Porque además México arrastra un problema histórico: la desconfianza hacia el uso político de las instituciones.
Y en un entorno así, cualquier norma ambigua inevitablemente genera sospechas.
No necesariamente porque exista una intención explícita de censura en cada caso, sino porque el diseño de ciertas herramientas legales podría abrir espacios para excesos, interpretaciones expansivas o actuaciones desproporcionadas en el futuro.
Ahí está el foco rojo.
Especialmente en tiempos donde la polarización política convierte casi cualquier crítica en “ataque” y cualquier cuestionamiento en “campaña”.
La entrevista también dejó algo importante sobre la mesa: el periodismo profesional sigue teniendo obligaciones distintas a las del ecosistema digital desordenado que domina plataformas y redes. Verificar, contrastar, contextualizar, documentar.
Ese punto no es menor.
Porque hoy un reportaje sustentado comparte espacio exactamente con cuentas anónimas, operaciones coordinadas, propaganda disfrazada y contenido fabricado únicamente para generar clics, enojo o linchamientos digitales.
Y en medio de esa mezcla tóxica, el ciudadano común cada vez distingue menos.
Tal vez por eso la discusión de fondo no debería centrarse solamente en castigar. Debería centrarse en cómo construir reglas técnicamente sólidas, compatibles con derechos humanos y capaces de resistir usos políticos futuros.
Porque las leyes mal redactadas sobreviven a los gobiernos que las impulsan.
Y esa quizá fue la frase más importante de toda la conversación: los gobernantes pasan; las herramientas institucionales se quedan.
Por eso vale la pena discutirlas con serenidad antes de normalizar soluciones precipitadas.
Sobre todo en un país donde la relación entre poder y crítica nunca ha sido precisamente sencilla.
