El Radar
Por Jesús Aguilar
En medio del estruendo cotidiano de noticias que giran en torno a la violencia, el crimen organizado y las limitaciones estructurales que arrastra el país en materia de seguridad pública, esta semana San Luis Potosí logró colocar dos temas en el debate público que merecen no solo atención, sino reconocimiento: por un lado, una iniciativa del gobernador Gallardo para dignificar el trabajo de los policías municipales con una pensión homologada; por otro, un acuerdo de seguridad interestatal con Guanajuato que refuerza el blindaje de las zonas limítrofes. Ambos anuncios, más allá del discurso político, delinean una estrategia clara, humana y coordinada de seguridad.
Con un país en llamas, tener la campana del bombero a la mano es virtud.
El primero toca una herida crónica del sistema: los policías municipales —primeros respondientes y, muchas veces, los más vulnerables— han sido históricamente tratados como empleados desechables. Sin seguro de vida, sin jubilación, sin garantías reales en caso de incapacidad o muerte en servicio, el abandono institucional ha sido caldo de cultivo para la corrupción, la desmoralización y la fuga de talento.
Por eso, que el gobierno impulse la creación de un fondo de pensiones municipales —con recursos etiquetados del Ramo 33 y un modelo equiparable al de la Guardia Civil Estatal— no es un simple gesto de buena voluntad, sino una decisión política de fondo.
Es una apuesta por profesionalizar a las corporaciones desde la base, cerrando las puertas al soborno y al desgano con una certeza laboral que muy pocos policías conocen.
Además esta propuesta se adelanta y previene potenciales escenarios de descomposición de la seguridad como ha pasado lamentablemente en muchísimos estados del país, a un año del escandaloso caso de la caída del capo Sinaloense Ismael “Mayo” Zambada que generó un reacomodo y una guerra intestina entre los cárteles del narcotráfico mexicano.
El segundo anuncio, la firma de un convenio de colaboración en seguridad con Guanajuato, representa una jugada táctica de gran visión. Las fronteras estatales suelen ser puntos ciegos en la persecución del delito, terreno fértil para el trasiego de armas, droga y delincuentes que se escudan en la falta de coordinación entre entidades. Villa de Reyes, Santa María del Río, Tierra Nueva y San Felipe han sido históricamente testigos de esa impunidad transfronteriza.
Al replicar el modelo de colaboración ya aplicado con Zacatecas, el gobierno está cerrando pinzas en un cinturón de seguridad que tiene lógica regional y operativa.
El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, ha sido clave para traducir la voluntad política en resultados concretos a pesar del vendaval nacional.
Torres ha mostrado, sin estridencias, eficacia administrativa que ya lo perfila como la pieza más sólida del gabinete gallardista.
La interlocución con otros gobiernos, ha logrado conciliar intereses municipales, contribuyendo a cimentar el eje de una gobernanza que —aunque muchas veces se subestima— sostiene las estructuras de seguridad, justicia y gobernabilidad en el estado. Y da los márgenes necesarios para la proyección y percepción de éxito que se mantiene justo en la semana de la difusión de cómo Gallardo se mantiene en el podio (3er lugar nacional) de los niveles de aceptación gubernamental que publicó Consulta Mitofsky.
No es casual que en la imagen difundida en el “live” de redes sociales donde se formalizó este doble avance, Torres apareciera al lado del Gobernador: la escena no solo fue simbólica, sino reveladora y seguramente también causante de toda clase de reacciones aún entre sus detractores internos y externos.
San Luis Potosí necesita continuidad y profundidad en esta ruta: proteger a quienes nos protegen y blindar los límites del estado no son actos aislados, son los cimientos de una política de seguridad que, por fin, empieza a tener rostro humano y visión territorial. Y eso, en tiempos como los que corren, no es poca cosa.
